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Mauricio Ramírez Landaverde, afirma que en el proceso judicial ha quedado claro que no hubo ninguna apropiación, desvío o mal uso de fondos de las tiendas institucionales y la constitución de ASOCAMBIO. Foto Diario CoLatino/Archivo.

Imputados en caso ASOCAMBIO esperan resolución apegada a derecho

Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLaitno

A 24 horas para escuchar el fallo del Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador, Mauricio Ramírez Landaverde, ex comisionado de la Policía Nacional Civil y ex ministro de Justicia y Seguridad Pública, dijo esperar una resolución apegada a derecho y que los jueces actúen con independencia judicial.

En declaraciones a radio YSUCA, Ramírez Landaverde manifestó que el juicio terminó el pasado 7 de octubre contra su persona y Ramón Roque, exinspector general de la Dirección de Centros Penales, y otros.

Ramírez Landaverde y los otros han sido acusados por la fiscalía general de la República (FGR) de supuestamente haber desviado fondos de las tiendas penitenciarias, de los delitos de peculado, cohecho propio, actos arbitrarios y falsedad. Ante los supuestos delitos, Ramírez Landaverde explicó que “Las tiendas penitenciarias fueron un problema desde hace muchas décadas en el país, por lo que desde el año 2014 la Corte de Cuentas de la República, que es el ente contralor del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, pidió que fuera legalizada, por lo tanto, a partir de 2016 se inició ese proceso”, afirmó el exfuncionario.

Al obtener la legalización en el 2018, el Ministerio de Justicia y Seguridad creó la asociación sin fines de lucro que se llamó “ASOCAMBIO”, que pasó a administrar los fondos obtenidos de esta actividad de las tiendas. Además, se cumplieron las exigencias de la Corte de Cuentas para ser regulada.

“A partir de entonces, se hace una administración más transparente, se legaliza toda la actividad de tiendas penitenciarias y se corrigen muchos errores administrativos, y se identificaron, a base de estudios, algunos indicios de hechos de corrupción que se cometían en esa actividad, tanto de carácter interno, como por parte de la Corte de Cuentas de la República”, señaló el exfuncionario.

“A partir del gobierno que inicia el 1o de junio de 2019, a pocos días de haber iniciado esa administración, el 26 de junio de ese año, el presidente de la república y el director de Centros Penales, en una conferencia de prensa nos acusan a quienes formamos parte de ASOCAMBIO de haber desviado 14 millones de dólares”, relató Ramírez Landaverde.

Asimismo, los acusaron de haber creado a ASOCAMBIO, con el fin de lucrarse con esos fondos de las tiendas penitenciarias, por lo que el exfuncionario decidió enfrentar esas acusaciones y se presentaron ante la fiscalía general de la República, la Policía Nacional Civil y los Juzgados, a fin, de ser interrogados sobre el caso y cuando se dio orden de su detención, él se presentó de manera voluntaria, y terminó en detención en la cárcel por 3 años.

“Al finalizar la Vista Pública y estar pendiente sólo del fallo, está claro que esa acusación es totalmente falsa. Y ha quedado demostrado en el proceso a través de las diferentes pruebas presentadas en el mismo, tanto testimonial como documental y, sobre todo, las pruebas periciales y científicas, que realizaron expertos en auditoría gubernamental y finanzas públicas”, manifestó.

“Como conclusión de toda esa prueba que presentó la Fiscalía y la defensa, está claro que no hubo ninguna apropiación ni desvío ni hecho mal uso de estas tiendas institucionales, y que la constitución de ASOCAMBIO fue totalmente legal, no había fundamento para formular esas acusaciones”, alegó Ramírez Landaverde.

Asimismo, expresó, que el exfuncionario que el gobierno delegó, Rogelio Rivas, también reconoció que, en junio de 2019, cuando puso “el aviso” contra ellos, no “tenía nada que sustentara indicios que esto hubiera ocurrido”, dichos delitos. No obstante, al observar todas las anomalías, irregularidades e ilegalidades, que han visto a lo largo del proceso de ASOCAMBIO, como el incumplimiento de varias autoridades sobre su libertad, someterlo a castigos adicionales que la ley no contempla como su derecho a la defensa material, la visita familiar, incomunicado y no darle asistencia médica, lo consideró un “ensañamiento” que tenían intenciones diferentes.

“Creo que no había la intención de investigar nada o aplicar la ley, eso lo puedo decir a 24 horas que se dé un fallo de parte de los jueces. Y les digo, que la verdad fue puesta ante ustedes, me he quedado, participé y sostengo mi frente en alto y me sometí a sus procesos, con la intención que se llegue a la verdad”, manifestó.

“La verdad está a la vista y lo saben todos los que participamos del proceso, y también está al alcance de todos aquellos que con fines académicos o periodísticos u otra índole, quieran ahondar en el caso, en donde no había ninguna justificación para que nos acusaran”, agregó.

“Espero justicia, que los jueces se apeguen a la legalidad y que este desafío que tienen ahora el sistema judicial lo encaré con dignidad, actualmente, hemos visto otras resoluciones con jueces apegados a la ley e independientes, espero que sea, asimismo, para este caso y el órgano Judicial, se resista a toda intención hacerse a un sistema totalmente ilegal y al servicio de otros intereses”, puntualizó Ramírez Landaverde.

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