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Gloria Silvia Orellana
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“Los jueces con todo lo presentado durante el proceso, no tienen más que (dictar) un fallo de absolución de todos los cargos. Los imputados esperamos independencia judicial por parte de los jueces que conforman el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador”, manifesó Mauricio Ramírez Landaverde, uno de los procesados.
Mauricio Landaverde, excomisionado de la Policía Nacional Civil, y exministro de Seguridad, enfrenta un proceso judicial junto a Ramón Roque, ex inspector de Centros Penales, y otros más, acusados por la Fiscalía General de la República de delitos de peculado, cohecho impropio, actos arbitrarios y falsedad material, por supuestamente haber desviado fondos de la Asociación Yo Cambio (ASOCAMBIO).
Este 30 de septiembre, continuaba la Vista Pública en el Caso ASOCAMBIO, para dar paso a las “declaraciones indagatorias de los procesados”, los que ejercerán su derecho a la defensa material. Y posterior, se dará paso a los alegatos finales de las partes y así concluir esta etapa del proceso, luego queda pendiente el fallo que emitirá los jueces del Tribunal Quinto de Sentencia.
“Ya todo el desfile probatorio finalizó -en el cual-, se presentó por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), a 9 testigos y 4 peritos. Y con todos los testimonios de esas personas quedaron claras dos cosas, primero, que nunca hubo un desvío de fondos de ASOCAMBIO de las Tiendas Penitenciarias, hacia alguna persona o institución”, afirmó Ramírez Landaverde.
“Y segundo, no hubo en ningún momento beneficio para nosotros y ningún otro imputado en este caso, y que todo el manejo de las cuentas permaneció bajo el control de las Tiendas Institucionales de la Dirección General de Centros Penales”, expresó el exfuncionario.
Asimismo, se estableció que una vez que las nuevas autoridades asumieron en junio 2019 sus cargos y puestos institucionales, “Uno de los primeros actos fue tomar el control de todas esas cuentas poniéndolas a sus nombres”, agregó Ramírez Landaverde, al referir los testimonios y pruebas materiales presentadas.
A partir del 28 de junio de 2019, según peritaje de la misma Fiscalía General de la República, se realiza una actualización de las firmas autorizadas para el manejo de las cuentas bancarias, y resultó que quedaron autorizadas a nombre del nuevo director general de Centros Penales, Osiris Luna.
“Y ha quedado claro en el transcurso de la Vista Pública, que a la Fiscalía General de la República no le fue posible presentar ninguna prueba sobre la acusación que hubo sobre un beneficio propio o desvío de fondos, por lo que han pretendido hacer un giro asu acusación”, señaló.
“Y fue tratar de hacer ver a los jueces -que lo ilegal-, había consistido en los gastos de funcionamiento que se llevavaron a cabo, como el pago de arrendamiento, el pago de bienes muebles, la compra de insumos y gastos que eran necesarios para el funcionamiento de la Dirección de Centros Penales y las Tiendas, así como, el pago que conlleva todos los programas de beneficio a los privados de libertad”, argumentó Ramírez.
En cuanto a la prueba testimonial presentada, agregó, que los contenidos de los informes de diversos peritajes realizados y documentación oficial, constatan un “proceso claro” en todos los gastos que se efectuaron en beneficio, y cumplen con lo que se establece en la Ley Penitenciaria, para el uso de fondos de Tiendas Institucionales.
ASOCAMBIO cumplió legalmente su constitución
Igualmente, Ramírez Landaverde señala que los testimonios y otras pruebas documentales y periciales demostraron que la constitución de ASOCAMBIO fue en cumplimiento de un deber legal.
Se realizó este proceso en cumplimiento a una recomendación extendida por la Corte de Cuentas de la República (CCR) , que recomendó que para su legalidad estas Tiendas Penitenciarias, y contar con una operatividad transparente, porque su anterior operatividad venía generando perjuicios al mismo Estado.
“Primero, estaba contra la Ley Penitenciaria, porque funcionaba de forma irregular, segundo contra todos los empleados, que no tenían beneficios de ningún tipo, incluso en contra del mismo Estado, porque durante todo ese tiempo que no tuvo legalidad las Tiendas Institucionales no pagaban los respectivos impuestos dejando al Estado sin percibir importantes recursos”, sostuvo.
“Ahora, sólo queda pendiente que declaremos todos los imputados, para que posteriormente las partes hagan una síntesis de todo lo presentado en el proceso. Y con ello los jueces completen la información que requieren para emitir un fallo”, dijo Ramírez Landaverde.
“Si los jueces conservan su independencia y realizan su trabajo con honorabilidad y dignidad, la única consecuencia es la justicia. Esto será si no hay por parte de ninguna persona o entidad una influencia o presión para que los jueces actúen o decidan en determinada dirección”, consideró el exfuncionario, quien se ha considerado un perseguido político, así lo ha dencunciado la Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador (COFAPPES).
