Alexander Pineda
@DiarioCoLatino
En libertad serán procesados el empresario y expresidente de ARENA, Gustavo López Davidson; los exministros de Defensa Atilio Benítez y David Munguía Payés, otros dos militares y un particular por el supuesto fraude al Estado mediante una permuta de armamento, así lo determinó el Juzgado Quinto de Paz de San Salvador.
El Juzgado de Paz fijó como única medida para todos los imputados que se presenten a firmar cada 30 días al Tribunal Quinto de Instrucción para continuar con el proceso en el que son acusados por presunto peculado, falsedad documental agravada y complicidad necesaria en el peculado.
Los otros tres imputados son los militares Rafael Melara Rivera (por supuesta complicidad y falsedad documental agravada) y Manuel de Jesús Romero, así como el apoderado legal de Centrum, Héctor Abel Herrera (ambos por complicidad).
El fiscal Jonathan Mata dijo no estar de acuerdo con la resolución que dio libertad condicional a los acusados y adelantó que apelarán la decisión judicial al tener el documento de la resolución.
El representante de la FGR también indicó que el juez consideró que las acusaciones de actos arbitrarios constituían la misma conducta del peculado por lo que las resumió en este último.
El juzgador argumentó que no se probó la existencia del delito en esta fase inicial del proceso porque no se ha practicado la pericia sobre el funcionamiento del armamento (obuses) y el valúo de los mismos.
Este miércoles, Manuel Chacón, abogado defensor de David Munguía Payés afirmó que el Ministerio de Defensa ni siquiera ha podido utilizar los obuses porque no compró municiones, por lo que la fiscalía tampoco puede afirmar que no funcionan y fundamentar las acusaciones. Según la acusación fiscal, Defensa suscribió un contrato de permuta (intercambio) de armamento con la empresa Centrum S.A. de C.V., en el que este entregaría 14,930 armas, cargadores, cartuchos y repuestos para fusil G-3 por valor de $2,051,893.
La FGR afirma que Centrum no entregó en forma y tiempo lo pactado en el contrato de permuta, dos obuses calibre 155 milímetros, un sistema de control de tiro, un sistema de adquisición de blancos, equipo de medición, entre otros.
Al finalizar la lectura de la resolución López Davidson manifestó que el juez vio “lagunas” en el planteamiento fiscal, y aseveró que el caso en el que se le acusa por complicidad necesaria para el delito de peculado es “inventado y sin fundamentos” y recalcó que se trata de una persecución política en su contra.