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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“Tenemos preocupación por el grupo de maestros y maestras que van a someterse al decreto de retiro este año, sólo esperamos que no les vaya a ocurrir a ellos, lo que vivieron los compañeros de la Corporación Policial (PNC), que siguen esperando la entrega de la compensación económica”, dijo Héctor Rodríguez, integrante del Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTP).
“En el caso del magisterio salvadoreño, tenemos alrededor de 5 mil personas entre maestros y maestras, que se van a someter del decreto de retiro, y otras instituciones que les aplicarán este tipo de decreto. Y como Coordinadora para la Unificación Sindical, vamos a estar vigilantes para que se entregue realmente ese fondo de compensación económica a los que salgan”, añadió. Más de 20 mil empleados estatales y municipales han sido despedidos, sin un debido proceso, en los cuatro años de la gestión del presidente Nayib Bukele, por lo que los trabajadores aglutinados en el MTP y la CUS- 31 2023 presentaron al arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, una carta donde solicitan un pronunciamiento público ante la situación de los derechos laborales de miles de trabajadores en el país.
La CUS- 31 2023 le señala al Pastor de la grey católica, que acude a su autoridad moral, para exponer la situación de los derechos laborales y humanos de la clase trabajadora en los últimos cuatro años, y le solicitan un “pronunciamiento público”, por los intereses del pueblo frente a la problemática nacional, como la constante represión sindical, la permanente violación de derechos humanos y laborales y el irrespeto a la Constitución de la República.
“Le pedimos que se pronuncie ante la ominosa aplicación del régimen de excepción a personas defensoras de derechos humanos, luchadores sociales y dirigencias sindicales. Así como por el encarecimiento del costo de vida, el enriquecimiento abusivo de las AFP, con un sistema de pensiones lejos de ser integral, y la exclusión de los pueblos originarios indígenas y afrodescendientes, como la inseguridad alimentaria”, sostuvo Rodriguez.
En la carta al Arzobispo Escobar Alas, los sindicalista alegan que en ningún momento la administración del presidente Nayib Bukele está eliminando “grasa del Estado”, por el contrario, están enfilando recursos al pago de altos salarios, prestaciones, seguridad personal, viajes de funcionarios públicos. Agregan que van más de 12 instituciones eliminadas, y más de 21 mil personas despedidas, entre los que están 145 representantes sindicales, y 17 procesados penalmente, y un fallecido.
“Tenemos que lamentar la situación que están pasando cuatro compañeros que fueron detenidos de manera arbitraria, ya algunos de ellos van para 2 años de encierro como Geovany Aguirre, sindicalista de la Alcaldía de San Salvador, el compañero Sabino Ramos, de la Alcaldía de Panchimalco, Misael Itamir Gómez, de la Alcaldía de Ciudad Delgado, y Franklin Izaguirre, de la Alcaldía de Soyapango, compañeros de los cuales seguimos demandando su libertad”, agregó Rodríguez.
Silvia Navarrete, también dirigente del CUS-31 2023, dijo que han presentado ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) las denuncias sobre estas violaciones a los derechos individuales y colectivos, y que recibieron una respuesta con la visita que realizó una comisión de la OIT, al país.
“La comisión de la OIT pidió explicaciones por estos despidos al ministro de Trabajo (Orlando Castro), sin embargo, al momento no tenemos aún la resolución porque estos procesos de la OIT son largos y por lo menos tendríamos que esperar 6 meses hasta que se realice la conferencia de la OIT, en donde se discuten esos casos”, expresó.
“En esa reunión llamará a los funcionarios representantes del gobierno para que den explicaciones sobre las quejas que se hayan presentado, pero será para junio 2024 , que se de esa instancia. Sabemos que no son acciones inmediatas, pero en el país tampoco los procesos son expeditos”, recalcó Navarrete.
