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@arpassv
Los querellantes particulares del “Caso Flores” solicitaron la semana pasada al Juzgado Séptimo de Instrucción incluir el lavado de dinero en la acusación penal contra el ex presidente. Los abogados de ISD y FESPAD pidieron que, salve al enriquecimiento ilícito y peculado, se sume el delito de lavado.
Los querellantes sostienen que el ex gobernante cometió lavado cuando se apropió de dineros donados por Taiwán para ayudar a los afectados por los terremotos del 2001 y luego los desvió a cuentas bancarias en Costa Rica y Bahamas. Dichos fondos, lavados a través del Centro de Estudios Políticos “Antonio Rodríguez Porth”, terminaron en las arcas del partido ARENA.
La incorporación del lavado aumentará las posibilidades de condena contra Francisco Flores y permitirá procesar a los “destinatarios” de los donativos de Taiwán que –según la comisión legislativa que investigó el caso–rondarían los 100 millones de dólares. Por tanto, el Juez Miguel Ángel García Arguello debe incorporar este delito al expediente del ex gobernante.
Los abogados solicitaron incluir el lavado porque la Fiscalía no quiso hacerlo, a pesar de los llamados de la Asamblea Legislativa, el Ministerio de Justicia y la Procuraduría de Derechos Humanos. Sin antes investigar, el Fiscal General, Luis Martínez, declara que el ex presidente no cometió este delito.
El Fiscal tuvo vínculos laborales con Flores y es directivo de una empresa que dirige Lourdes de Flores, esposa del gobernante. Esta sería la razón por la que Martínez actúa condescendiente con el ex mandatario: tardó en judicializar el caso, pidió arresto domiciliar, no presentó pruebas de enriquecimiento ilícito y peculado…y no incluyó el lavado de dinero.
Recientemente fue destituido el Fiscal General de Perú, Carlos Ramos Heredia, por irregularidades en investigaciones fiscales y por nexos con enjuiciados por delitos. En El Salvador la Asamblea Legislativa no destituye a Luis Martínez por sus vínculos con Flores ni por anomalías en otros casos (CEL-Enel, empresario Enrique Rais, “descuartizador” Rodrigo Chávez Palacios, etc.)
La Sala Constitucional tampoco revierte su nombramiento, a pesar de que la Asamblea no verificó el perfil de idoneidad, independencia y moralidad notoria. La Sala, que se apresura a resolver en otros casos, ni siquiera ha admitido la demanda presentada hace tres meses por las organizaciones contra la corrupción.
