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@arpassv
El Relator de Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA), view Dr. Edison Lanza, pills pide que la Asamblea Legislativa incorpore los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) en las reformas a la Ley de Telecomunicaciones que serán aprobadas próximamente.
Se trata de los “Estándares de Libertad de Expresión para una Radiodifusión Libre e Incluyente” que plantean la coexistencia de los medios públicos, clinic privados y comunitarios; mecanismos democráticos y transparentes para asignar concesiones, medidas razonables de control antimonopólico y políticas que contribuyan al desarrollo de los medios comunitarios, como reservas del espectro radioeléctrico.
El Relator aprovechó su “visita académica”, propiciada por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), para comentar con la presidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña, y la Superintendenta de la SIGET, Blanca Coto, los elementos mínimos que deben incluir las leyes de medios para garantizar la libertad de expresión a todos los sectores.
La acción de Edison Lanza es oportuna porque la Asamblea aprobará la próxima semana reformas relacionadas con mecanismos de asignación de frecuencias alternos a la subasta y un procedimiento para renovar las concesiones, ordenadas por la sentencia y la posterior resolución aclaratoria de la Sala Constitucional sobre la Ley de Telecomunicaciones.
Dicha reforma debe ser -como plantea la Red por el Derecho a la Comunicación- el inicio de una reforma integral al marco normativo de las comunicaciones que permita construir un modelo mediático más plural y diverso, para que los diferentes sectores de la sociedad salvadoreña participen en igualdad de condiciones en la democracia deliberativa.
Sin embargo, esta reforma es rechazada por algunos grupos mediáticos -especialmente Telecorporación Salvadoreña- y por diputados de ARENA y PCN en la Asamblea. Estos partidos insisten en aprobar una reforma restrictiva de la libertad de expresión y garantista del estatus quo mediático corporativo, excluyente y antidemocrático.
El país urge modernizar, actualizar y democratizar la legislación en telecomunicaciones, pues ésta no se corresponde con las nuevas realidades tecnológicas ni con los estándares internacionales de la OEA y Naciones Unidas. Gobierno, medios de comunicación, academia, gremio periodístico y sociedad civil deben asumir ya esta tarea impostergable.
