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Por Ana Lázaro Verde
Barcelona/dpa
El independentismo catalán hizo hoy otra demostración de fuerza con un acto que aglutinó al Gobierno catalán, al Ayuntamiento de Barcelona y a los más de 700 alcaldes que fueron citados a declarar como investigados por apoyar el referéndum soberanista unilateral del 1 de octubre, prohibido por la Justicia.
Tanto el jefe del Ejecutivo regional de Cataluña, Carles Puigdemont, como la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, recibieron a los regidores públicos mientras varios miles de personas les apoyaban en la calle con banderas independentistas («estelades») al grito de «votaremos».
El acto tuvo lugar después de que más de 700 alcaldes catalanes (de los 948 de la región) fueran citados por la Fiscalía para declarar como investigados bajo amenaza de detención por haber firmado decretos a favor del referéndum del 1 de octubre, impulsado por el Gobierno catalán y considerado ilegal por el Ejecutivo español.
«El día 1 votaremos no sólo porque tenemos derecho y es legal, sino porque, escuchando al pueblo de Cataluña, nos dice: ‘Queremos votar», dijo hoy Puigdemont tras recibir a los alcaldes pro referéndum. «Que no subestimen la fuerza del pueblo de Cataluña. Que no subestimen la fuerza de un pueblo que ha tomado la decisión de decidir y de plantarse ante un comportamiento antidemocrático», añadió.
Los alcaldes favorables a la consulta denunciaron ser víctimas de una «persecución judicial» por sus manifestaciones políticas.
«Es un atentado a la democracia y un ataque al derecho básico de la libertad de expresión», dijo la alcaldesa de Vilanova i la Geltrú y presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), Neus Lloveras.
Por otra parte, el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, insistió en que el referéndum del 1 de octubre «no se va a celebrar porque liquida la voluntad de la mayoría de los españoles».
«Las cosas volverán pronto a su cauce y me gustaría que fuera por un acto voluntario de quienes han organizado el espectáculo que estamos viendo», dijo en Santiago de Compostela.
La investigación de los alcaldes que apoyan la consulta soberanista es uno de los pasos que en los últimos días ha dado Estado español para tratar de impedirla.
El Gobierno de Puigdemont la convocó el pasado 7 de septiembre y un día después la convocatoria fue suspendida cautelarmente por el Tribunal Constitucional español, que admitió a trámite un recurso interpuesto por el Gobierno español de Mariano Rajoy.
En virtud de esta suspensión, la Fiscalía ordenó a las fuerzas de seguridad actuar contra cualquier acción dirigida a la preparación del referéndum y requisar los materiales destinados a su celebración.
El viernes, la Guardia Civil se incautó en Barcelona de más de 100.000 carteles de propaganda de la consulta y hoy requisó las planchas destinadas a la elaboración de los pasquines así como la destinada a publicitar el «sí» en la votación.
Además, un juzgado de Barcelona ordenó bloquear el acceso a varias webs relacionadas con el referéndum en el plazo de 24 horas.
El Gobierno de Rajoy decidió, además, poner en marcha un mecanismo para asumir los pagos de Cataluña e impedir así que se usen fondos públicos para organizar la consulta. La prensa interpretó la medida como una intervención «de facto» de las cuentas catalanas.
La incertidumbre continúa a 15 días de la fecha fijada para la celebración del referéndum. El Gobierno español asegura que no tendrá lugar mientras los independentistas continúan con sus planes.
Poco después de que Puigdemont abriera en la noche del jueves al viernes la campaña de la consulta unilateral, se difundió una misiva enviada por los impulsores de la consulta a Rajoy y al rey Felipe VI para pedir la negociación de una votación pactada, pero el Gobierno español insiste en que solo dialogará en el marco de la ley.
