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Por Anna Cuenca
Barcelona/AFP
Los independentistas catalanes tomarán el control de sus fronteras terrestres, marítimas y aéreas, así como de sus aduanas e instituciones, si ganan el referéndum del 1 de octubre, según una ley presentada este lunes con la que pretenden separarse de España.
En rueda de prensa en el parlamento regional catalán, presentaron este texto, bautizado «Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República», que han decidido aprobar en septiembre, antes de realizar la consulta de autodeterminación, pero en una fecha aún por definir.
Esta ley busca «dar un marco jurídico al periodo inmediatamente posterior» a una eventual victoria en la consulta independentista, explicó Lluis Corominas, jefe del grupo parlamentario Junts pel Sí (Juntos por el Sí), la coalición separatista que dirige el gobierno regional catalán.
Su aplicación sería automática en caso de victoria en el referéndum de secesión prohibido por Madrid que, aun así, están determinados a celebrar el 1 de octubre.
Sin embargo, el texto incluye una disposición por la cual no entrará en vigor si gana el No, en cuyo caso, explicó Corominas, se convocarán elecciones regionales anticipadas.
En cuanto a las aduanas, la norma precisa que «la Generalitat (gobierno catalán) ejerce la autoridad aduanera en el territorio de Cataluña, y actúa de acuerdo con el régimen aduanero y arancelario derivado del derecho de la Unión Europea (UE)».
Asimismo, en su artículo 6 de 89 precisa que «Cataluña disfruta de los derechos de la soberanía (…) en lo que respecta a su plataforma continental y su zona económica exclusiva».
Y define ese territorio como el compuesto por su «espacio terrestre incluido el subsuelo», «el mar territorial, incluido su lecho y subsuelo» y el espacio aéreo sobre ambos.
Preguntados por los periodistas, no obstante, los diputados independentistas no pudieron precisar cómo se ejercerá ese control de las fronteras, cuando España se opone a la secesión de esta rica región con 7,5 millones de habitantes.
Esta «norma suprema» temporal prevé también la organización de tres votaciones: unas elecciones constituyentes para elaborar la Carta Magna de una república independiente, un referéndum para aprobarla y unos comicios legislativos posteriores.
Asimismo, el texto prevé que el jefe de gobierno regional catalán, Carles Puigdemont, ejerza como presidente de la nueva república, establece la doble nacionalidad catalana y española y subraya el respeto del derecho europeo e internacional y los convenios con el gobierno español, entre otras cosas.
En el plano judicial, el tribunal superior de justicia de Cataluña se convertiría en Tribunal Supremo nacional, permitiendo impugnar eventuales condenas a responsables políticos catalanes por organizar un referéndum prohibido.
Transición corta
Los catalanes están divididos sobre la conveniencia de separarse de España. Según el último sondeo del Centro de Estudios de Opinión, dependiente del gobierno catalán, un 41,1% se declaraba a favor en junio (frente a 44,3% en marzo) y 49,4% en contra (frente a 48,5%).
El gobierno central de Mariano Rajoy afirma una y otra vez que no habrá referéndum de autodeterminación en la región, y amenaza con enjuiciar a quienes organicen la consulta, declarada inconstitucional por la justicia española.
Puigdemont indicó en una entrevista el domingo a un medio digital catalán que si triunfa el Sí en el referéndum, «nos gustaría a todos (…) que sea una transición corta, muy dialogada y muy negociada, pero corta».
Los independentistas ya presentaron en julio una ley regional que debe regular la celebración del referéndum, pero tampoco han dicho aún cuándo será votada. Inmediatamente después de su aprobación, se prevé que sea impugnada ante el Tribunal Constitucional español, que la suspendería inmediatamente.
El anuncio de este lunes llega dos días después de la gran marcha de repulsa a los atentados yihadistas del 17 de agosto en Cataluña, que dejaron 16 muertos y frenaron temporalmente la agenda política de los independentistas.
La manifestación debía dar una imagen de unidad pero estuvo marcada por la fuerte presencia de banderas independentistas y por abucheos al rey Felipe VI y a Rajoy.
