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Julián Salinas y César Villalona
La ONG Transparencia Internacional tiene varias décadas publicando un Índice de Percepción de Corrupción (IPC), construido a partir de la percepción de empresarios y “expertos” sobre la corrupción pública, quienes evalúan tanto la percepción del grado de corrupción y la efectividad de los fiscales, como la efectividad de los tribunales de justicia en la persecución de la corrupción. Al principio, la ONG consultaba a expertos y empresarios de países industrializados, o sea, que el índice de países como El Salvador se construía sobre la percepción de empresarios extranjeros.
Es extraño que un índice sobre la corrupción se construya sobre percepciones, que por lo general responden a criterios subjetivos y políticos, aunque la gente entrevistada tenga alguna información sobre el sistema judicial, pues cuando gobierna un partido vinculado a la corrupción, como sucedió en el pasado, esos hechos delictivos no suelen filtrarse hacia los tribunales de justicia. También es cuestionable que el tema de la corrupción se limite a la esfera pública.
La percepción sobre la corrupción no es un criterio válido para hacer una medición. Si se trata de la percepción de un gran empresario o un “experto” vinculado al poder económico, es obvio que será benigna al juzgar a un gobierno de su partido y será maligna si juzga a un gobierno contrario. ¿Qué diría el señor Javier Simán si tuviera que evaluar los gobiernos de ARENA y los del FMLN? La respuesta es obvia.
Por otra parte, en un país como El Salvador la mayor corrupción proviene de empresas privadas muy ricas. Basta conocer las cifras de retención del IVA y de evasión de renta para comprobar que los montos involucrados superan con creces incluso la corrupción pública de los casos conocidos durante los gobiernos del partido ARENA. Y si agregamos la violación de derechos laborales, la venta de productos vencidos y otras acciones ilegales de muchas empresas, las cifras anuales se acercarían a todo el Presupuesto Público. Además, grandes empresarios participan de corrupción pública mediante contratos con el Estado.
Un índice creado sobre esas bases además de limitado es poco confiable. Da la impresión que Transparencia Internacional no procura informar sobre la corrupción, sino hacer balances políticos sobre los gobiernos, engendrar una matriz de opinión sobre los gobiernos progresistas y enfocarse en la corrupción pública, distrayendo la opinión de la corrupción privada.
El Dr. Arturo del Castillo, profesor del Centro de Investigación y Docencia Económica de México, en el artículo “Fundamentos de la investigación empírica reciente sobre corrupción” sostuvo que: “la mayoría de estos índices se basan en preguntas algo vagas y generales sobre el nivel o la frecuencia de corrupción percibida por los expertos. Aproximadamente la mitad de estas encuestas se basa en la opinión de expertos para asegurar la congruencia entre países. La otra mitad se basa principalmente en cuestionarios enviados a administradores de alta jerarquía y mandos medios de empresas internacionales o locales (…) el IPC es básicamente una “encuesta de encuestas”, que refleja las impresiones de gente de negocios y de analistas que han sido cuestionados en diferentes formas”.
Desde el año 2009 Transparencia Internacional tiene como su representante para el capítulo sobre El Salvador a una ONG llamada FUNDE, cuyo director percibía sueldos conocidos de 4,600 dólares al mes cuando gobernaba el partido ARENA y sin ser empleado gubernamental, un hecho nada transparente.
No es casual que la FUNDE tuviera el reconocimiento de Transparencia Internacional como capítulo nacional en El Salvador al iniciar el gobierno del FMLN. Entre 2009 y 2016, aunque el índice subió de 34 a 36, lo que indica una menor percepción de corrupción, está por debajo del publicado por muchos gobiernos como el del expresidente Saca, donde el índice de percepción de corrupción era curiosamente más optimista.
La FUNDE recibe fondos de Transparencia Internacional, tal como lo revela un informe de auditoría de esa ONG del año 2016. Pero lo más llamativo es que Transparencia Internacional recibe fondos de la USAID y del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
El problema de la corrupción no es de percepción sino de realidad. En la Fiscalía hay más de 150 casos de corrupción ocurridos en los gobiernos del partido ARENA. El expresidente Flores le entregó a ARENA 10 millones de dólares de una donación de Taiwán para víctimas de los terremotos de 2001. Jorge Velado, quien dirigía el COENA, admitió que su partido tenía ese dinero. El robo de los préstamos para hospitales del abono Japonés y muchos otros que se dieron en los gobiernos ARENA son conocidos por Transparencia Internacional y sus aliados internos. Y sobre la corrupción privada no hay nada que ignorar.
Por lo tanto, dicho índice se publicará con el propósito de atacar al gobierno del FMLN, previo a las elecciones, en cuya gestión no hay casos de corrupción comprobados y se aprobó la Ley de Acceso a la Información Pública que ARENA y la ANEP nunca apoyaron.
