Por Noe Leiva
La Esperanza/AFP
Los indígenas lencas que estaban liderados por Berta Cáceres, cialis la ambientalista asesinada el jueves en Honduras, for sale anunciaron que continuarán la lucha en defensa del río Gualcarque, unhealthy por el que creen que ella dio su vida al oponerse a hidroeléctricas.
«Nosotros vamos a seguir en la lucha, porque no queremos que nos quiten el agua» del río, afirmó a la AFP María Mercedes Gómez, de 61 años, quien acompañó en las protestas contra las hidroeléctricas a la asesinada coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh).
Cáceres fue asesinada a tiros la madrugada del 3 de marzo por al menos dos encapuchados que entraron a su vivienda en La Esperanza, a unos 200 km al noroeste de Tegucigalpa, pese a recibir medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La última protesta
María Mercedes relató que, desde que llegó a la zona en 2013, Cáceres convocaba a los indígenas y vecinos de la comunidad de Agua Zarca, departamento de Santa Bárbara, a manifestarse contra la construcción de represas.
Dijo que las primeras protestas fueron contra una compañía china que terminó desistiendo del proyecto a causa de las protestas pero más recientemente llegó una de capital hondureño DESA (Desarrollos Eléctricos Sociedad Anónima).
También indicó que la movilización fue porque DESA está desviando el cauce del río con tractores y «tenemos que seguir (protestando), organizarnos más allá e ir» a defenderlo, a pesar del asesinato de la dirigente.
Estimó que unas 700 familias se han sumado a la protesta y otra indígena, Francisca García, de 39 años, lamentó que algunos de los habitantes «están a favor de la compañía».
María Mercedes señaló que las personas que están a favor del proyecto es porque vendieron la tierra o recibieron dinero de la compañía y apoyan a los militares, policías y guardias desplegados por la empresa y el gobierno.
La ambientalista fue sepultada el sábado en medio de la indignación de más de 10.000 personas, procedentes de diferentes zonas de Honduras, incluso extranjeros que trabajan como voluntarios en Honduras.
La lucha sigue
«Berta vive, la lucha sigue», fue el grito de guerra de los presentes. «Tu sacrificio en la lucha nos enseñó el camino», decía una pancarta.
«Continuar la lucha fue una petición de ella y hay que seguirla», afirmó a la AFP Gustavo, un hermano que fue el primero en ir a reconocer el cuerpo.
«¿Nos comprometemos a luchar para que desaparezca DESA? ¿Nos comprometemos a seguir con firmeza la causa por la que Berta dio la vida?, preguntó a la multitud, durante un oficio religioso antes del entierro, el sacerdote jesuita Ismael Moreno y todos contestaron que sí.
En comunicado de prensa emitido este domingo, los hijos de Cáceres: Olivia (26), Berta (24), Laura (23) y Salvador (21) aseguraron que «los responsables de su asesinato son los grupos empresariales en contubernio con el gobierno nacional, los gobiernos municipales y las instituciones represoras del Estado».
«Responsabilizamos a la empresa DESA, asimismo a los organismos financieros que respaldan el proyecto», afirmaron, mencionando, entre otros, a un banco holandés y al Banco Centroamericano de Integración Económica.
«Pedimos que se esclarezca la responsabilidad de la Empresa DESA» y que «se configure una comisión internacional, imparcial para la investigación de este crimen», demandaron.
Las autoridades hondureñas tienen como único testigo del crimen a un mexicano, Gustavo Castro Soto, perteneciente a la organización Otros Mundos Chiapas, Amigos de la Tierra México y otras agrupaciones, a quien los encapuchados hirieron en un brazo y una bala le rozó la mejilla, pero logró sobrevivir al fingir estar muerto.
Otros Mundos Chiapas denunció que a Castro le impiden salir porque el domingo «fue interceptado por autoridades hondureñas en el puente migratorio del Aeropuerto Internacional de Tegucigalpa cuando intentaba abordar el avión que lo traería de regreso a México»
La cancillería mexicana confirmó la información a la AFP y aseguró que está velando por los derechos de Castro a través de la embajada en Tegucigalpa.
Por su parte, la cancillería hondureña explicó en un comunicado la noche del domingo que «a las 8:30 de la noche del sábado 5 de marzo el Juzgado Primero de Letras de Intibucá (jurisdicción donde se cometió el crimen) emitió una medida de permanencia en el país (de Castro) para efectos de brindar declaración ante las autoridades competentes» y «la embajada de México en Honduras fue informada a las 9:19 P.M. por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores» en Tegucigalpa.