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Brasilia / AFP
Una entidad indígena de Brasil expresó su «completa indignación» por un informe policial que prácticamente descarta que un cacique waiapi, del norte de la Amazonía, haya sido asesinado y pide una investigación «seria» para evitar «una guerra».
«Hemos recibido con completa indignación la noticia del laudo de la Policía Federal (PF) sobre la muerte del cacique Emyra Waiapi», que «niega los indicios de asesinato y afirma que el examen sugiere fuertemente un caso de ahogamiento», afirmó la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) en un comunicado fechado el sábado y divulgado el lunes.
El documento apunta presuntas contradicciones entre la autopsia y testimonios de indígenas y las atribuye a «otra tentativa de desacreditar la palabra del pueblo waiapi (…), por encargo de un gobierno federal antiindígena», en referencia a la política del presidente Jair Bolsonaro, favorable a la expansión del agronegocio y de las actividades mineras en reservas indígenas y en áreas protegidas.
Exige en consecuencia la realización de «investigaciones serias y responsables, para evitar una guerra y más derramamiento de sangre».
«¡Ni una gota [de sangre] más!», clama la nota.
La APIB es una coordinación de entidades de pueblos indígenas para la defensa de sus derechos.
La AFP solicitó una reacción de la Policía Federal en un mail sin recibir respuesta hasta el momento.
Emyra Waiapi fue hallado muerto el 23 de julio en el estado de Amapá (norte). Indígenas y oenegés denunciaron que falleció de «forma violenta», cuando mineros ilegales armados invadieron una aldea en el estado de Amapá (norte).
Pero el laudo policial divulgado el viernes pasado señala que el examen forense «no encontró lesiones traumáticas que pudiesen haber ocasionado el óbito» y sugiere fuertemente el ahogamiento como causa de la muerte.
La PF precisó que ese informe era preliminar, porque aún espera los resultados del análisis toxicológico complementario, en un plazo de 30 días.
Rica en oro, manganeso, hierro y cobre, la tierra de los waiapis, a unos 200 km de la Guayana Francesa, sufre crecientes presiones de mineros, ganaderos y madereros.
Es uno de los cientos de territorios indígenas demarcados en Brasil desde los años 1980 para el uso exclusivo de sus habitantes, que tienen el derecho a ocupar sus tierras ancestrales garantizado en la Constitución. El acceso a terceros está estrictamente regulado.
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