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Ciudad de Guatemala / AFP
Miles de indígenas guatemaltecos bloquearon el lunes tres importantes pasos en carreteras al oeste del país para exigir al gobierno la renovación del mandato de una misión anticorrupción de la ONU y permitir el retorno al país de su jefe, el exjuez colombiano Iván Velásquez.
Los bloqueos, convocados por la municipalidad indígena del departamento de Sololá, son parte de una serie de manifestaciones anunciadas por organizaciones sociales a nivel nacional en rechazo a la decisión del presidente Jimmy Morales de poner fin en 2019 a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente clave en la lucha contra la corrupción.
«Que siga la Cicig» y «Sí a la renovación de la Cicig» eran las leyendas repetidas en la mayoría de pancartas que portaban los manifestantes, que también exigieron la renuncia de Morales.
Imágenes de la prensa local mostraban la concentración masiva, principalmente en el cruce carretero llamado Los Encuentros, en Sololá, a unos 65 kilómetros al oeste de Ciudad de Guatemala.
«El pueblo exige prorrogar el plazo (de la Cicig) para seguir desarticulando la corrupción en las diferentes dependencias del Estado», señaló la municipalidad en un comunicado.
En tanto, un grupo de líderes de Sololá llegó a la capital para intentar dialogar con Morales y convencerlo de dar marcha atrás con su proyecto, declaró a periodistas el dirigente maya Samuel Saloj.
«La Cicig es una institución muy importante para la población», señaló.
– Morales contra Cicig –
El presidente guatemalteco anunció recientemente que no pedirá la extensión de la vigencia de la Cicig, como ha ocurrido cada dos años desde 2009.
Así, el ente terminará su actual mandato en septiembre de 2019, contradiciendo la promesa de campaña que había hecho Morales de otorgar un nuevo mandato al organismo, hasta 2021.
Una encuesta de la firma CID Gallup, publicada el domingo por el programa radial «Con Criterio», precisó que 71% de la población «quiere que la Cicig continúe en Guatemala», contra 76% en 2017.
La semana pasada, el gobierno prohibió el regreso al país de Velásquez, quien se encontraba en una gira de trabajo en Estados Unidos, al considerar que el exjuez constituye una amenaza a la seguridad pública.
Ambas decisiones se dieron luego de que Velásquez y la fiscal Consuelo Porras pidieran quitar la inmunidad a Morales para investigarlo por sospechas de financiamiento ilegal al partido derechista FCN-Nación, que lo llevó al poder en 2015.
Otras organizaciones campesinas, indígenas y universitarias anunciaron que bloquearán carreteras y realizarán protestas los próximos días en la capital contra las polémicas decisiones de Morales, que han sido rechazadas por varios países cooperantes.
Estados Unidos, en tanto, abogó «por una Cicig reformada».
La canciller Sandra Jovel, la principal aliada de Morales en su cruzada contra la Cicig, pidió este lunes a la comunidad internacional «que respete la soberanía» de Guatemala por la decisión tomada, que incluye un relevo del jefe de la Cicig mientras termina el periodo.
Pese a la postura guatemalteca, el secretario general de la ONU, António Guterres, le ha pedido a Velásquez que dirija la Cicig desde el extranjero.
La Cicig funciona desde 2007 y ha participado en la investigación de importantes casos de corrupción, narcotráfico y lavado de dinero, entre otros.
Uno de los casos emblemáticos tuvo lugar en 2015, con la revelación de un fraude en las aduanas que llevó a la renuncia del entonces presidente Otto Pérez (2012-2015), acusado de ser el cabecilla de la estafa.
El general retirado de 67 años se encuentra con orden de prisión mientras se inicia el juicio en su contra.
La semana pasada fue sometido a una cirugía para reemplazarle un aparato que regula su ritmo cardíaco. Pérez teme sufrir muerte súbita en la cárcel y ha pedido en varias ocasiones, sin conseguirlo, que se le otorgue el arresto domiciliar.
