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José M. Tojeira
Recientemente el Idhuca presentó ante la Sala de lo Contencioso Administrativo una demanda contra los 84 diputados de la Asamblea Legislativa. El tema de fondo es la no elección, desde hace más de cuatro meses, de cinco miembros de la Corte Suprema, cuatro de ellos de la Sala de lo Constitucional. Porque, en efecto, la elección de magistrados es una obligación constitucional de la Asamblea. Y la Ley del Consejo Nacional de la Judicatura concreta, además, que la Asamblea debe elegir a ese tercio de la Corte “por lo menos con quince días de anticipación a la fecha de toma de posesión de los magistrados que deban ejercer el cargo para el período inmediato siguiente al de los magistrados salientes” (LCNJ, art. 58, inciso 1). Por otra parte, la ley actual de lo contencioso administrativo define la inactividad de la administración pública como la no ejecución total o parcial de una obligación contenida en la ley (ver art. 6). Ante la ausencia de otros recursos legales, y ante la inactividad de la Asamblea Legislativa, que impide de hecho el derecho subjetivo al acceso a la información pública de cualquier sentencia o proceso pendiente en manos de la Sala de lo Constitucional, creemos que la Sala de lo Contencioso Administrativo tiene facultades para poner plazos de elección a la Asamblea Legislativa y, por supuesto, para sancionar la inactividad de la Asamblea del modo que considere pertinente.
El ideal es que la propia Asamblea Legislativa, en su propio reglamento, pusiera sanciones para estos casos, como los debe poner para otro tipo de irresponsabilidades, faltas o ausencias de diputados en su trabajo. Pero también de parte de la ciudadanía debemos exigir que la legislación de El Salvador sea coherente. Si una ley de la República afirma que los miembros de la Corte deben ser elegidos 15 días antes del plazo de salida de los propietarios salientes, la misma ley debería estipular qué hacer si por las razones que fueren no se cumple con la misma. Lo contrario es dejar al país sujeto a la arbitrariedad de determinados cargos políticos. Porque la arbitrariedad de cualquier poder y la democracia son realidades totalmente contrapuestas. Ya hemos visto los abusos que se pueden dar en el uso discrecional del dinero por parte de autoridades estatales. Pero si además dejamos a la arbitrariedad de personas decisiones tan delicadas como la de elegir o no elegir a una parte fundamental de los poderes del Estado, no podemos menos que decir que nuestra democracia está enferma. Y lamentablemente estamos viendo que la arbitrariedad se está extendiendo desde esta Asamblea roncera, lenta y remisa para cumplir las leyes. Basta con mirar cómo se dio la semana pasada un uso desproporcionado de la fuerza letal en la municipalidad de Santa Tecla y cómo su alcalde, expresando su despreocupación por los heridos, justificaba a sus agentes municipales contra toda normativa, nacional e internacional, sobre el uso de la fuerza. Acostumbrarse a contradecir leyes de la República, a no tener protocolos de acción ante parálisis o problemas en organismos del Estado, a interpretar caprichosamente principios básicos de protección de la ciudadanía y a ignorar legislación y estándares internacionales de derechos humanos es tan peligroso para un país como la delincuencia organizada. O tal vez más, puesto que la delincuencia organizada está bien tipificada. En cambio los poderes del Estado gozan en principio de respetabilidad e incluso de argumentos para tratar de justificar sus omisiones o sus abusos.
Por eso mismo resulta indispensable buscar todos los mecanismos legales posibles para subsanar situaciones injustas. Es fácil insultar a los diputados, que además ya se están culpando pública y sistemáticamente entre ellos de la irresponsabilidad consistente en tenernos sin Sala de lo Constitucional.
Pero con insultos nunca iremos muy lejos, especialmente ante cierto tipo de políticos que parece tuvieran piel de lagarto. Buscar recursos jurídicos, explorar caminos dentro del ordenamiento legal, resulta tan indispensable como hacer propuestas de legislación o reglamentación que subsanen las disfunciones o parálisis que como sociedad civil podamos detectar en el Estado salvadoreño y en el funcionamiento de sus poderes básicos. La indignación ciudadana es buena si encuentra cauces de solución para los problemas. Dejar que indignación y arbitrariedad estatal crezcan sin buscar soluciones es el peor error de una democracia.
