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Por Henry Morales Arana/Edgar Calderón
Ciudad de Guatemala/AFP
Entre el horror y la indignación, los guatemaltecos pedían este jueves justicia» e investigar la muerte de 34 muchachas en un incendio de un hogar juvenil señalado por denuncias de abusos sexuales.
«¿Cómo no se pudieron dar cuenta para poder salvarlas a tiempo si el humo se ve al instante?», dijo a la AFP, en la morgue de Ciudad de Guatemala, el tío de una menor de 15 años originaria del departamento oriental de Jutiapa, cuyo cuerpo fue identificado con pruebas de ADN.
La información sobre lo que sucedió en ese centro de acogida para adolescentes, que depende del gobierno, llega a cuenta gotas y es brutal.
Según el último balance este jueves en la noche, 34 jóvenes, de entre 14 a 17 años, fallecieron en el incendio registrado en la mañana del miércoles en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, en San José Pinula, a 10 km de la capital guatemalteca.
Lucas Nájera, de 76 años, un vendedor de periódicos y abuelo de una menor de 14 años herida, ironizó diciendo: «se llama Hogar Seguro, pero ¿dónde está lo seguro? Segura solo la muerte que se las llevó».
En el incendio murieron 19 jovencitas y las demás en dos hospitales públicos. Se presume que el incendio fue provocado por las propias internas para denunciar abusos sexuales y otros atropellos, según una de las hipótesis que maneja la Procuraduría de los Derechos Humanos.
La Procuraduría afirma que las niñas estaban encerradas bajo llave en un salón cuando se desató el incendio.
«Estaban bajo llave en un cuarto no mayor de cuatro metros, eran unas 60 niñas las que estaban allí», dijo durante una reunión con diputados la procuradora de la Niñez, Gloria Castro, según consignó el diario Prensa Libre.
Aún quedan internadas 20 sobrevivientes, la mayoría en estado crítico, precisaron fuentes hospitalarias. Seis niñas fueron dadas de alta médica y están bajo el resguardo de las autoridades.
«Masacre»
La tragedia en un centro superpoblado que depende de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia provocó indignación, estupor y una oleada de críticas contra las autoridades.
El presidente Jimmy Morales, otrora un conocido comediante de televisión con una popularidad cada vez más baja desde que inició su mandato, decretó tres días de duelo nacional y ordenó la destitución del director del recinto.
El mandatario calificó de «verdaderamente triste y lamentables que decenas de niñas y niños puedan morir en una situación como la que sucedió».
«Esto puede volver a suceder (…) en todos los lugares en donde nosotros como Estado no estamos poniendo la atención debida», afirmó este jueves Morales durante una gira de trabajo en la ciudad de Quetzaltenango (oeste).
Se trata de «una masacre», aseguró Hilda Morales, procuradora de Derechos Humanos de la Infancia, quien pidió una investigación administrativa y penal en contra de los responsables del hogar.
El titular de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, Carlos Rodas, dijo que asumía la responsabilidad de la tragedia, pero se negó a renunciar.
«No podemos recuperar esas vidas, pero sí podemos analizar el sistema (y) transparentarlo», agregó.
Según versiones preliminares, la noche del martes, horas antes del incendio del miércoles, un grupo de jóvenes intentó fugarse tras denuncias de abusos y maltratos.
El hogar es blanco desde hace tiempo de un escándalo por denuncias de abusos sexuales contra los internos. En diciembre, una jueza había condenado al Estado guatemalteco por los vejámenes cometidos a los menores y ordenó medidas drásticas de protección.
El refugio alberga, por orden judicial, a menores de hasta 17 años víctimas abandono y violencia doméstica, que cometieron algún delito o que fueron rescatados de las calles, entre otros motivos. El centro cuenta con capacidad para 400 menores pero aloja a unos 800.
Es un centro mixto y el siniestro se registró en el sector destinado a mujeres.
«Dejaron que se quemaran»
Muchos familiares de las jóvenes se congregaron en dos hospitales de la capital para esperar desesperadamente por información. La mayoría de ellos tenían los ojos hinchados por el llanto.
«Pedimos justicia y que cierren ese hogar. Allí las violaban y hacían de todo con ellas. Dejaron que se quemaran», dijo a la AFP con horror Amanda Hernández, una ama de casa que intentaba conocer la suerte de su hija de 15 años en el hospital San Juan de Dios.
Algunos de las que han sobrevivido fueron reubicados en otros centros públicos y privados, mientras que otros fueron con sus familiares temporalmente.
Unos 25 activistas de derechos humanos se concentraron frente a la Casa Presidencial, donde simbólicamente derramaron carbón y muñecas quemadas.
La directora para América Latina del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), María Perceval, dijo que esperaba que «el Estado guatemalteco cumplirá con su obligación de investigar los hechos ocurridos, identificar a los responsables y reparar a las víctimas».
«Condenamos enérgicamente la irracionalidad y la negligencia que han derivado en esta tragedia y exigimos a los órganos de control tomar medidas para evitar a futuro la repetición de estos nefastos eventos», refirió en un comunicado el Movimiento ProJusticia.
