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Por Leonel Herrera*
El Estado salvadoreño exhibe toda su crueldad en el injusto proceso penal contra los líderes comunitarios de Santa Marta y ADES, ensañándose hasta extremos inconcebibles. Esta semana Diario Co Latino reveló que el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Sonsonate se negó a autorizar que el abogado defensor visite a uno de los detenidos que está recluido en el tenebroso penal de Izalco.
Según la referida nota periodística, Saúl Rivas Ortega, uno de los defensores ambientales detenidos arbitrariamente desde el pasado 11 de enero, estaba internado en el Centro Penal (hospitalario) de Quezaltepeque, debido a que padece diabetes y otras enfermedades crónicas; Sin embargo, extrañamente, fue trasladado al penal de Izalco, donde -según CRISTOSAL- ha muerto la mayoría de reos asesinados en las cárceles salvadoreñas.
El juzgado en mención ni siquiera expone las razones por las que deniega la petición del defensor legal de los activistas ambientales. Tal situación constituye una clara violación a los derechos humanos de los líderes comunitarios, sobre todo el derecho a la salud y a la defensa legal.
Familiares de los detenidos denuncian que no han podido verlos desde el 19 de enero y el abogado no tiene acceso a ellos desde el 7 de marzo.
Que un tribunal impida la visita familiar y legal a pesar de que la vida de Rivas Ortega corre grave peligro en el mortífero penal de Izalco, es un acto de indolencia e ilegalidad extrema nunca vista en el país.
El Estado salvadoreño mantiene en prisión a los líderes ambientalistas injustificadamente, violentando leyes y tratados internacionanes, ignorando el llamado de la Relatoría Especial sobre Defensores de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y de la demanda de cientos de organizaciones nacionales e internacionales que han pedido liberar a los activistas detenidos.
La crueldad del actual gobierno también se expresa en los abusos cometidos contra miles de personas inocentes capturadas durante el estado permanente de suspensión de garantías constitucionales, el mal llamado régimen de excepción. Un reciente informe de CRISTOSAL ha documentado cientos de casos de torturas y asesinatos en las cárceles; y el propio gobierno ha reconocido que más de cinco mil personas fueron detenidas arbitrariamente.
El país vive su momento más oscuro después de cinco décadas de dictadura militar y doce años de guerra civil. Ojalá, más temprano que tarde, la mayoría de la población que continúa adormecida por la propaganda oficialista reaccione y se levante para dar por terminado el régimen de Nayib Bukele.
*Periodista y activista social.
