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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
La población latinoamericana históricamente ha emprendido luchas sociales en defensa de garantizar el derecho humano al agua, que los ha llevado a la resistencia social contra la mega industria extractiva, los monocultivos, la inversión inmobiliaria y la privatización del servicio que realiza la élite económica y política de los bienes naturales de los Estados.
El impacto de las legislaciones privatizadoras del agua en América Latina fue abordado en el Foro Virtual “Hecha la Ley Hecha la Trampa”, una visión sobre las realidades de Chile, Panamá, Honduras y El Salvador, promovido por la Alianza contra la Privatización del Agua, junto a JPIC.
Amalia López, integrante de la Alianza contra la Privatización del Agua, resumió las experiencias de los participantes del foro virtual -en el cual- compartieron las problemáticas y experiencias de los pueblos latinoamericanos frente a los marcos jurídicos y su aplicación.
En cuanto a la experiencia de Honduras, Amalia López comentó las amenazas al medio ambiente -que inclusive- impactarán a El Salvador, a través de la industria extractivista de las mineras que sobre explotan el recurso hídrico y lo contaminan.
“El defensor de derechos humanos hondureño afirmó que el monocultivo de la Palma de Aceite es una amenaza para el acceso al agua, al señalar que solo este monocultivo extrae el doble de la cantidad de agua que el pueblo hondureño consume”, comentó.
“En Panamá hizo énfasis el ponente sobre los procesos de privatización que estuvieron en boga en la década de los noventa, que fueron procesos atroces que despojaron a los Estados de bienes naturales y los servicios que proporcionaban agua a la población, lo que en cierta medida puso presión sobre el agua en materia energética y el saneamiento”, dijo López.
Mientras, en la república de Chile, la experiencia social de ese pueblo es sobre el proceso oficial de desprivatización del servicio del agua y como se realizaría a través de la reforma constitucional.
Chile es un país que se encuentra actualmente atravesando una severa y prolongada sequía, que se ha extendido en los últimos 12 años, como lo ha reportado la Pontificia Universidad Católica de Chile, por tanto, se encuentran trabajando en un nuevo estatuto sobre el dominio público del agua.
Amalia López indicó en cuanto a la realidad de El Salvador, que se encuentra en un estadio similar al de Chile, de los años noventa, en donde se perciben mecanismos, argumentos y formas un “poco disfrazadas para privatizar el agua”, que consideró nefastas como dar permisos de 10 o 15 años de un acuífero a una empresa inmobiliaria que negocia con viviendas de lujo que era una simple privatización del recurso y perjuicio de las mayorías que habitan en las comunidades circundantes.
“Hicimos nuestros señalamientos en cuanto a la Autoridad del Agua (ASA), oficina que no tiene mayor estructura, no hay un ente rector como tal, el presidente de la ASA (Jorge Castaneda), no tiene a cargo a nadie para ese importante trabajo”, señaló.
Y agregó que “ese nuevo funcionario está siendo una campaña proselitista en favor de su reelección. Anda de junta en junta (Junta de Aguas Rurales) haciendo promesas de infraestructura, promesas que no van a cobrar el canon (impuesto) a las Juntas de Agua, pero no hay nada en concreto”, advirtió.
Sobre Jorge Castaneda, expresidente del extinto Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES) y ahora presidente de la ASA, añadió que el funcionario ante las preguntas de los integrantes de las Juntas de Agua Rurales, sobre el Reglamento que dará operatividad a la Ley General de Recursos Hídricos, ha guardado silencio o ha evadido dar una respuesta firme, explicó López.
“La gente le pregunta de este proceso y pues simplemente solo hace su presentación y se va como llegó y deja muchas dudas. Para nosotros no hay duda que se trata de una campaña proselitista que está haciendo este funcionario que responde a preguntas directas con promesas y no deja claro el proceder de la ASA”, sostuvo.
“¿Cuál es la tabla que se va a aplicar para los coeficientes de los cánones? (tasa por vertido) ni tampoco les ha dejado claro a las Juntas de Agua Rurales, -ese derecho que quieren normalizar- a través del cual, dan permisos de uso y aprovechamiento de los acuíferos y el derecho humano al agua de la población”, manifestó López.
Otra de las grandes dudas expresadas en el foro virtual correspondió a la responsabilidad del saneamiento del agua. López afirmó que se va a cargar directamente a las Juntas de Agua Rurales, pese a no contar hasta el momento con la institucionalidad que genera apoyos técnicos o económicos.
“Esto es grave y los primeros impactados serán las poblaciones con las aguas rurales y luego en general. En El Salvador no podemos decir que a partir de la legislación que ha entrado en vigencia -desde hace más de un mes- que fue el 12 de julio, que pueda garantizar el acceso del agua y saneamiento de las salvadoreñas y salvadoreños, eso es lamentable”, puntualizó Amalia López.
