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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
Pedro Cabezas, coordinador de ACAFREMIN, señaló que El Salvador vive en una vulnerabilidad ecológica, la cual, ha sido determinada a través de diversos indicadores como el “estrés hídrico” o la reserva forestal, que se encuentra entre las más pequeñas del continente con respecto a otros países de la región de Centroamérica.“Tiene menos del 100% de reserva de la reserva forestal”, que consideró era un aviso que debe ser atendido de manera urgente. “El Salvador está en una zona sísmica en donde hay terremotos de manera regular y extremos, además de los temblores 2 ó 3 en promedio diario lo que eleva la vulnerabilidad que vive el país”, señaló.
“Sabemos también que entre las cosas más graves que vive El Salvador es el proceso de desertificación que le impacta, luego de la afectación a sus ríos, que sus caudales fueron considerables años atrás, ahora se están vivos solo para estación lluviosa, porque durante el verano se secan”, afirmó Cabezas.
Siendo coordinador de ACAFREMIN, que lo integran un grupo de organizaciones ambientalistas que luchan contra la minería metálica en la región centroamericana, Pedro Cabezas, lamentó que frente a estas luchas sociales que costaron la vida de personas defensoras y cuyo fruto es ahora la Ley de Prohibición de la Minería Metálica en el país se estén dando señales de revertirla.
“Los testimonios de las personas son serios, cuando dicen que la vida acuática que tenían algunos ríos ya no existe, en ese sentido estamos sintiendo la vulnerabilidad ecológica en el país y la degradación del medio ambiente y encima de esto tener la minería como una industria clave sería desastroso”, afirmó.
“Como ya se ha dicho muchas veces y se ha comprobado, no estamos preparados para tener una industria de minería metálica, y es por esta razón que la gente luchó por 12 años logrando la Ley de Prohibición de la Minería Metálica”, recordó Cabeza.
Caberza identificó también como una tarea pendiente del gobierno salvadoreño la remediación ante los daños que dejaron los proyectos mineros décadas pasadas como la mina de San Sebastián en el municipio de Santa Rosa de Lima, departamento de La Unión.
“Esta mina en San Sebastián todavía está generando drenaje ácido y acabando con la vida acuática. Y hay más de 15 pasivos mineros que han sido identificados por el Ministerio de Medio Ambiente (MARN) que deben cerrarse de manera técnica y no se ha hecho aún”, dijo.
“Y tenemos la amenaza de la mina Cerro Blanco (Guatemala) que a pesar de no estar funcionando todos las descargas de aguas con altos contenidos de arsénico ya está afectan la cuenca del río Ostúa y por lo tanto la cuenca del lago de Güija (Metapán) que es una cuenca que alimenta al río Lempa que abastece de agua a dos tercios de la población salvadoreña”, argumentó Cabezas.
El debate y el llamado de atención de las organizaciones ambientalistas se enmarcan en los últimos movimientos de la administración del presidente Nayib Bukele, al integrar el Foro Intergubernamental de Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible, que el movimiento social la identifica como una organización fachada de empresas mineras.
Así como, la reforma a la Dirección de Minas e Hidrocarburos (Ministerio de Economía) por la Dirección General de Hidrocaburos y Minas, que consideró Cabezas, las cuales no encajan en el primer y único país que cuenta con una ley que prohíbe la minería metálica.
“Reabrir el debate de la minería sería desastroso, no solo ambientalmente, también socialmente porque muchas comunidades y poblaciones estarían opuestos a esto y estarían en pie de lucha para que no ocurra. Porque no quieren tener otra vez ese ciclo de lucha y violencia que vivieron durante 12 años, ellos no quieren repetir la resistencia a esta industria”, señaló.
“Estamos en un proceso complicado no solo a nivel nacional, sino en la región, en donde los gobiernos están optando por modelos autoritarios y poderes absolutos de familias o un presidente que posee el control del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y las instituciones que la ciudadanía tenía para hacer valer sus derechos”, manifestó Cabezas.
En cuanto a la criminalización de las personas defensoras y la aplicación del régimen, el coordinador de ACAFREMIN indicó que el caso de los líderes comunitarios Miguel Ángel Gámez, Alejandro Laínez García y Pedro Antonio Rivas, y los directivos de ADES Teodoro Antonio Pacheco (director) y Saúl Agustín Rivas, era un ejemplo claro de vulnerabilidad social contra la población.
“En El Salvador tenemos este caso en donde el presidente (Nayib Bukele) tiene todo el poder del Estado y ha demostrado que está dispuesto a atacar a quienes considera -sus enemigos- u oponentes a sus proyectos y de manera agresiva”, expresó.
“No solo públicamente, sino a través de las instituciones y la criminalización como estamos viendo el caso de los compañeros de Santa Marta, por un caso que ocurrió hace 30 años durante el conflicto armado, pero en el fondo sabemos que la motivación principal es desmovilizar la población de Santa Marta y Cabañas para reintroducir la minería metálica”, enfatizó.
Ante esta situación consideró importante trabajar en las comunidades para que tomen conciencia sobre esta vulnerabilidad, junto a la Comunidad Internacional, e invitó a las organizaciones sociales o fuerzas políticas que crean en un programa democrático de país para trabajar unidos.
“Por eso estamos apostándole fuertemente a la organización internacional, para monitorear que estas empresas (mineras) no inviertan en El Salvador, -porque de hacerlo- sufrirán de una campaña de oposición y denuncia por involucrarse con régimenes políticos que violan los derechos humanos”, dijo.
“Pedimos al Fiscal General de la República la libertad inmediata de los cinco defensores de Santa Marta, entre ellos líderes reconocidos a nivel internacional por su lucha histórica contra la minería metálica en El Salvador, salvaguardando el medio ambiente nacional”, puntualizó Cabezas.
