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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
El fuego es comúnmente responsable de severos cambios en las propiedades físicas y químicas de los suelos, como infiltración de agua y generar vida, explicó Adela Bonilla, de la Red de Ambientalistas de El Salvador (RACDES), al manifestarse por la ineficacia de las instituciones públicas ante los “incendios forestales”, que exponen a mayor vulnerabilidad a las comunidades y ponen en riesgo la Soberanía Alimentaría del pueblo salvadoreño.
Las organizaciones sociales y ambientalistas que integran la Mesa por la Soberanía Alimentaria expresaron su posición frente a los incendios forestales y demandaron del Estado salvadoreño el acatamiento a las leyes ambientales, como la “Estrategia Nacional de Manejo del Fuego” (2017-2021), que se legisle acorde a la realidad vulnerable del territorio nacional y juzgar a quienes amenazan con estas medidas radicales que solo aumentan la fragilidad ambiental.
Los incendios forestales consumen 5,130 millones de toneladas de biomasa (materia orgánica animal y vegetal) de bosques a nivel mundial y son capaces de liberara hasta 3,431 millones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera que, sumadas al fenómeno de Gases de Efecto Invernadero (GEI), contribuyen al cambio climático del planeta, según cifras presentadas por la Mesa por la Soberanía Alimentaria.
En cuanto al país, Adela Bonilla señaló que en los últimos trece años (2004-2016) se reportaron oficialmente 1,760 incendios forestales, que arrasaron una superficie de 54,468 hectáreas o 77,811 manzanas de bosque y pastizales, que junto a la deforestación están llevando al país a una situación precaria para los cultivos y el agua.
“Damos estas cifras porque entre el 2016 al 2019 no hay registros de estos incendios forestales, pero sabemos que se han registrado pérdidas agrícolas por el orden de 1,600 millones de dólares, en los últimos cinco años, que se incrementó debido a las sequías; además, el país posee la menor oferta de agua por habitante en Centroamérica, porque el valor de 1,700 metros cúbicos por año es considerado estrés hídrico y El Salvador reporta 1,752 metros cúbicos por año y eso es grave”, dijo.
Asimismo, Zulma Larín (RACDES) llamó a las autoridades gubernamentales a dejar los “intereses mezquinos” y optar por la vida de la población y el rescate del medio ambiente, a través de una institucionalidad sensibilizada en derechos humanos, dinámica y competente para abordar los problemas que enfrenta el país.
“Nos preocupa que les quiten presupuesto al Ministerio de Medio Ambiente, al Ministerio de Agricultura y Ganadería; entonces valoramos que no hay interés en apoyar y hacer cumplir los convenios internacionales en materia ambiental. Nosotros somos un país vulnerable frente al impacto del cambio climático en Centroamérica, por su dimensión territorial y por el estrés hídrico que tenemos y que parece que no quieren reconocer”, señaló Larín.
El más reciente Informe Nacional del Estado del Medio Ambiente (INEMA /2017) consigna que para el 2050 la demanda de agua en el país se situará en el orden del 300 %, sin incluir en la ecuación el cambio climático.
Y en el país, el cultivo de la caña de azúcar, que ronda las 81,000 hectáreas (115,514 manzanas) aunque fuentes no oficiales calculan que se ha extendido a 25,000 hectáreas, demanda altas cantidades de agua; utiliza glifosato, un madurante reconocido como alto cancerígeno, y realizan incendios agrícolas que afectan a las comunidades, así como el medio ambiente.
Doris Evangelista, de la Red Uniendo Manos El Salvador (RUMES) demandó de las autoridades gubernamentales retomar el mandato de la Constitución de la República, que consigna el respeto, la conservación y protección de los bienes naturales y el ser humano, para un desarrollo sostenible.
“Queremos que el presidente Nayib Bukele cumpla con las disposiciones vigentes orientadas a la protección del pueblo salvadoreño y su entorno, así como incrementar los presupuestos para el MAG, MARN, ANDA y Protección Civil, para que mejoren las capacidades para la prevención y mitigación de incendios”, expresó.
En cuanto a mejorar la capacidad de los ministerios de Medio Ambiente y de Agricultura y Ganadería, Evangelista agregó que deben facilitar “alternativas agroecológicas” con pequeños productores de granos básicos, desde la visión que han presentado las organizaciones sociales y que ha tenido resultados positivos. “Queremos que el órgano Legislativo conforme marcos jurídicos que van orientados a prohibir los incendios forestales y agrícolas, especialmente la caña de azúcar y sus 125,000 hectáreas.
Unido a suscribir y promover la ratificación del Acuerdo de Escazú, así como, los convenios 159 (Pueblos Indígenas) y 184 (Seguridad y Salud en la Agricultura) y la Carta de los Derechos del Campesinado, que aprobó la ONU en el año 2018”, reafirmó. Sobre el mandato del órgano Judicial, la Mesa por la Soberanía Alimentaria reiteró su llamado a los magistrados y jueces a que actúen con “celeridad y de oficio ante la falta de acción del Estado”, y consignar a los tribunales para ser juzgados y sancionados los grupos económicos o personas que facilitan la depredación del medio ambiente y provocan incendios forestales y agrícolas.
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