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Licenciada Norma Fidelia Guevara de Ramirios
Los hogares del área metropolitana de San Salvador hemos recibido agua con olores, y colores que indican que algo malo pasa en la potabilización, o en los canales de distribución del agua; la magnitud de personas afectadas es tan grande que podríamos estar ante una crisis sanitaria de alcance desconocido.
ANDA es la proveedora del agua en esta región y en consecuencia la llamada a saber ante qué problema estamos; pero no es así, más bien los fanáticos del Gobierno de turno, y los propios funcionarios se empeñan en negar el problema -algunos- o dar explicaciones no creíbles otros. Se genera así una suerte de críticas y mofas, que si no fuera porque está en juego la salud y la propia vida de cientos de miles de personas, pues sería fácil simplemente sumarse a esta forma de expresar el descontento.
Sin embargo, es más urgente exigir que se investigue y se diga la verdad al pueblo; que se tomen las medidas para prevenir más daños y se inicie la solución de los problemas; eso es al fin y al cabo es la obligación del Gobierno, de las entidades relacionadas, ANDA, ministerios de Salud y de Medio Ambiente y la propia Presidencia de la República.
Algunas voces exhortan a no politizar el problema; creo es la mayor confusión que puede escucharse; no es suficiente que desde 2010, las Naciones Unidas demandó a los Estados reconocer como derecho humano, el derecho al agua y al saneamiento, como cuestión sin la cual, los otros derechos humanos y la vida digna no pueden existir; esto lo que nos indica es que sobre el agua debe haber política pública, legislación, instituciones que se dediquen a gestionar la satisfacción de una necesidad vital de todo ser humano.
Lo contrario a politizar es privatizar y ya sabemos de sobra la diferencia, y el interés de sectores económicos de abrir la puerta a la privatización del agua; pues los únicos diputados que han estado dispuestos a aprobar una Ley de Agua gestionada por el Estado, son las y los diputados del FMLN. Es cierto que en nuestro país conviven formas diferentes de gestionar el agua y con insuficiente regulación, por eso se impone la necesidad de una ley.
Gestionan y administran, las Juntas de Agua, algunos municipios, ANDA y otros privados que en silencio van captando para sus negocios el agua. Ya se conoce el guión usado en el pasado, hacer fracasar instituciones públicas para hacer surgir el espejismo de que ese servicio puede ser mejor si lo maneja el sector privado; el ejemplo más claro es el del sistema de pensiones manejado por las AFP; es lógico entonces que ante la falta de explicación del problema del agua que vivimos ahora, se crea que esa crisis es generada por quienes quieren que el agua se privatice.
Existe suficiente conocimiento en la sociedad y ha existido bastante organización y movilización que hasta hoy, ha podido evitar la ley privatizadora que antes elaboró la ANEP, y se presentó con iniciativa de todas las fracciones legislativas de derecha. Se precisa así activar la incidencia ciudadana para estar alertas frente a los riesgos de que en vez de reconocer los errores e ineficiencias de ANDA, SALUD y Medio Ambiente, frente a la crisis de agua en la región metropolitana, se reabran los intentos privatizadores del agua.
El derecho humano al agua supone protección estatal de este recurso, y muchos cambios en nuestras costumbres como ciudadanos, incluso la de dejar hacer y dejar pasar sin reclamos la destrucción de ecosistemas imprescindibles para que exista agua; el derecho humano al agua significa que todo ser humano tenga acceso a la cantidad mínima necesaria para una vida saludable.
Urge que el problema específico, del agua contaminada que seguimos recibiendo en los hogares del área metropolitana de San Salvador se resuelva, pero además que el escalamiento de la crisis del agua en el país, se enfrente con la aprobación de una ley de agua sin privatización, accesible y asequible para toda la población.
Los estándares de la potabilización existen: el agua que debe ser clara, limpia, libre de micro organismos, químicos y de sustancias peligrosas para la salud humana, libre de olores y con sabor agradable; en ese sentido lo que hoy padecemos y ni siquiera sabemos, sin lugar a dudas constituye una violación a derechos humanos; independientemente de que la derecha se ha negado hasta hoy, a reconocerlo así. La resolución 64/292 de Naciones Unidas así lo establece.
Urge pues además de todos los “memes” contra el presidente de ANDA, y demás funcionarios irresponsables, exigirles cumplir su obligación de esclarecer y resolver tan grave problema.
