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Joaquín Salazar
@JoakinSalazar
Entre cámaras fotográficas y de vídeo, ambulancias y policías, la infectóloga fue declarada como rebelde, llevándola a un centro de contención para pasar cuarentena. Una fuente cercana a la médica buscó a Diario Co Latino, para aclarar la realidad de la doctora que labora en el Hospital Primero de Mayo en San Salvador, ya que la ella ha sido acusada de ingresar al país por un punto ciego, hecho que dijo, es falso.
“Quiero aclara que en ningún momento ella (la infectóloga) entró por punto ciego, como lo señalan y lo han hecho público. Ella viajó desde la ciudad de México el día 11 de marzo, y aterrizó en el Aeropuerto La Aurora de Guatemala, en un vuelo de Aeroméxico”, sostiene la fuente.
De acuerdo a las declaraciones, la doctora si viajó desde Alemania, pasando por México y luego a Guatemala. En este último, a las 10 de la mañana. La infectóloga -dice la fuente- fue revisada por la Oficina Sanitaria de Guatemala, luego fue liberada. Casi seis horas después llegó a la Frontera Las Chinamas donde cruzó de manera legal a las 3:50 p.m., antes del edicto del presidente, donde fue evaluada por el cordón sanitario, y fue liberada al no presentar ningún síntoma.
Sin embargo, la versión de la Dirección General de Migración y Extranjería es que la infectóloga viajó desde Alemania e ingresó a El Salvador por un punto ciego, para evitar, presuntamente, las disposiciones sanitarias por el COVID-19.
Para el día 12 de marzo la doctora se presentó a trabajar, pero fue informada vía WhatsApp, que tenía que llamar al 132, quienes le ordenaron cuarentena domiciliar. “A ella le informaron que estaban cargados de casos y que le irían a evaluar, sin embargo, en su trabajo le exigían la incapacidad para el trámite administrativo que no obtuvo”, explica la fuente.
No fue hasta el día 17 de marzo que llegaron de la clínica comunal a realizarle la evaluación, donde no encontraron nada inusual en su salud.
Pero el día 18 de marzo se presentaron nuevamente a su residencia con patrullas y ambulancia con sirena abierta, y se le informó que se le reportaba como rebelde y le amenazaron con llevarla a prisión. Luego -asegura la fuente- le hicieron una revisión médica, con médicos del Hospital San Rafael, obligándole a dejar entrar a fotógrafos y camarógrafos, violando su integridad personal. Tomaron fotos de su consulta médica, que de principio y derecho debe ser confidencial, dice la fuente.
Durante la semana que permaneció en cuarentena domiciliar se le negó la realización de las pruebas médicas. No fue hasta que el presidente de la República hiciera público el caso, el 19 de marzo, que ya se habían realizado, y que era negativo a COVID19.
Sin embargo, las autoridades y la Fiscalía General de la República (FGR) han manifestado que la infectóloga será acreedora de un proceso judicial en su contra por haber burlado a las autoridades migratorias y no cumplir con el protocolo sanitario.
La fuente enfatizó que la médica tiene pruebas para demostrar lo que en realidad pasó, y que en ningún momento ha cometido delito.
