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Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, reveló un informe sobre los Derechos Humanos a nivel mundial, en este, recoge casos de corrupción y otros señalamientos en contra del gobierno salvadoreño.
Específicamente el informe recoge casos de corrupción sobre temas en la compra de equipos, alimentos y de general insumos durante la pandemia de la Covid19; pero también consigna, los señalamientos contra el Gobierno de una presunta negociación con las pandillas.
Al respecto, la comisionada presidencial, Carolina Recinos, sostuvo que están analizando dicho documento. “Ese informe, no lo hemos terminado de analizar (…) tenemos que estudiarlo y confrontarlo con la realidad”, expuso.
“Yo lo que sí puedo decir con absoluta certeza es que, este Gobierno está comprometido con la transparencia, con el respeto a la institucionalidad y por supuesto también con el respeto a los derechos humanos y al salvaguardo de la vida de la población. En Estados Unidos tenemos un socio estratégico y confiable con el cual vamos a seguir construyendo las mejores relaciones”, agregó la funcionaria.
Añadió que cuando se haya analizado todo el informe, el presidente Nayib Bukele, dará una posición al respecto.
En el informe se establece el uso de la fuerza de seguridad el 9 de febrero de 2020, cuando el presidente Bukele entró por la fuerza a la Asamblea Legislativa con elementos policiales y militares para conseguir la aprobación de una de las fases del Plan Control Territorial. El Departamento de Estado lo denominó como un intento de interferir con la independencia legislativa.
Textualmente parte del informe menciona: «el presidente Bukele usó a la PNC y a soldados armados para presionar e intimidar a la Asamblea para aprobar fondos para su plan de seguridad. La Corte Suprema de Justicia indicó que tal acción ha puesto en riesgo la forma de gobierno republicana, democrática y representativa, el sistema político pluralista y la separación de poderes”.
Sin embargo, dicho informe no solo recoge la situación de El Salvador, sino también de otros países, en cuanto a los derechos vinculados a la integridad de las personas; libertades civiles y políticas, corrupción y falta de transparencia, actitud de los gobiernos ante investigaciones internacionales por presuntos abusos sociales y tráfico de personas, y derechos de los trabajadores.
