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Redacción Transparencia Activa
El Comité en Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (CISPES, por sus siglas en inglés) publica en su sitio web que el informe de febrero de 2018 dado a conocer por el secretario de Participación, Transparencia y Anticorrupción Marcos Rodríguez proporciona información objetiva de cómo se financian los partidos políticos en El Salvador y por quién son financiados.
Observan que si bien el país todavía carece de regulación financiera a campañas electorales, no fue sino hasta 2013 que se aprobó una ley que exige que los partidos políticos revelen el nombre de sus donantes. Desde entonces, los esfuerzos por publicar información sobre las donaciones a los partidos políticos ha sobrevivido a una serie de obstáculos judiciales, lo que hace que este informe sea aún más significativo.
Una de las conclusiones más llamativas, señalan, es el equilibrio de las donaciones entre individuos y empresas. De 2006 a 2017, el gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) recibió el 92% de sus donaciones de particulares, mientras que Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) recibió solo el 8% de individuos; el otro 92% provino de empresas y otras entidades privadas.
Para CISPES otra revelación importante es la gran diferencia en la cantidad de dinero que ha recibido cada partido. Entre 2014 y 2017 ARENA recibió $16.3 millones en donaciones, casi cuatro veces y media más que los $3.6 millones del FMLN. Además, los cinco principales donantes de ARENA desde 2006 dieron entre $1-12 millones cada uno; los principales donantes del FMLN dieron entre $150,000 y $188,000 cada uno. Estas estadísticas ilustran las tremendas probabilidades que el FMLN debe superar para ganar las elecciones contra la oposición millonaria arenera.
Como comentó la red de radio comunitaria ARPAS, “ARENA se confirma por lo que es: un partido de la oligarquía y la élite (por el que irónicamente muchos pobres votan), el partido más corrupto, y debido a esto, no merece el poder que le ha dado el electorado”.
Destaca el principal donante de ARENA, el Centro de Estudios Políticos José Antonio Rodríguez Porth. Esta sombría fundación privada, fundada en 2002 por el expresidente Francisco Flores, ha sido acusada de desempeñar un papel en la malversación y lavado de dinero de al menos 15 millones de dólares en ayuda de Taiwán tras el terremoto de 2001. El expresidente Flores fue acusado de malversación de fondos en 2013, pero murió mientras esperaba el juicio. El Centro Rodríguez Porth es, con mucho, el contribuyente individual más grande de ARENA, donó $12 millones de dólares entre 2006-2017, lo que plantea dudas sobre si ARENA todavía está financiando sus campañas políticas con dinero sobrante de las donaciones de China Taiwán para los afectados de los terremotos de 2001.
“Crear transparencia ha sido uno de los principales objetivos del FMLN desde que ganaron la presidencia por primera vez en 2009”, asegura la ong norteamericana y añaden que los veinte años anteriores de gobiernos de derecha se caracterizaron por una completa falta de información con respecto al gobierno y la financiación de campañas, junto con la desenfrenada corrupción y la privatización de lucrativos servicios públicos, incluidos los bancos, la red eléctrica y las telecomunicaciones.
Teniendo en cuenta esta historia, ha habido una fuerte demanda pública para terminar con la corrupción y responsabilizar a los funcionarios públicos.
El nuevo gobierno del FMLN formó la Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción en 2009 con el fin de promover un gobierno más abierto y responsable. Para reglamentar esta nueva política de Estado, la Asamblea Legislativa, dirigida por el FMLN, aprobó la Ley de Acceso a la Información Pública en 2011, que estipuló que todas las instituciones gubernamentales publicaran las cuentas de sus gastos, actividades e informes para disposición de la ciudadanía.
Si bien estos cambios aumentaron drásticamente la capacidad ciudadana para acceder a la información de las oficinas gubernamentales, la información sobre el financiamiento de las campañas aún se realizaba en privado. Esos cambios requerían una nueva Ley de Partidos Políticos, aprobada en 2013.
Según el secretario Marcos Rodríguez, quien publicó el informe, su importancia radica en el hecho de que “revela dónde y cómo se pueden producir conflictos de interés”. Como dice el refrán, los números no mienten, y el informe da una ventana clara a quién financia a los partidos políticos salvadoreños y a qué intereses responden.
En general, es un avance trascendental para la democracia en El Salvador, ya que nunca ha habido este nivel de transparencia en las finanzas de los partidos políticos. Su publicación es un testamento de los esfuerzos constantes del FMLN para crear un gobierno más abierto.
