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Gloria Silvia Orellana
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“Este informe es una hoja de ruta, para que el Estado de El Salvador , restablezca el Estado de Derecho, restablezca el debido proceso. Además, la Comisión Interamericana (CIDH) le ofrece al Estado de El Salvador, cooperación técnica y diálogo para superar las situaciones que en el informe se detallan”, expresó Leonor Arteaga, integrante de la Fundación para el Debido Proceso (DPLf).
Ante la reciente presentación del Informe “ El Salvador Estado de Excepción y Derechos Humanos”, un grupo de organizaciones regionales e internacionales de defensa de derechos humanos se han pronunciado a favor del acatamiento inmediato de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado de El Salvador.
“El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no puede ser ignorado por el Estado de El Salvador, es un informe que tiene señalamientos muy fuertes y están basados en una investigación amplia que la Comisión ha realizado en relación a El Salvador, además es un informe muy serio y muy sólido”, agregó Arteaga.
El Estado de Excepción cumplió su trigésima prórroga, con votos de la bancada oficialista del partido Nuevas Ideas, que lleva 2 años de vigencia.
La CIDH planteó que a partir de los estándares internacionales sobre la suspensión de derechos y garantías constitucionales, estos sólo podían ser aplicados de manera “razonable y proporcional” y dependiendo del contexto de la emergencia.
La CIDH señala que el “estado de excepción”, ya no se justifica. “De modo que el gobierno no pueda alegar que la CIDH está obstaculizando sus intentos por reducir la criminalidad. Al contrario la Comisión Interamericana -dice con claridad- que reconoce que el Estado de El Salvador ha disminuido diversos índices del accionar de pandillas y criminalidad. Y los felicitó por eso”, añadió.
“Al mismo tiempo, les dice que esta política de seguridad pública no puede basarse en una violación masiva de derechos humanos. Que hay otras formas de combatir la criminalidad. Y creemos que la Comisión Interamericana, es un organismo que abre sus puertas a los Estados para trabajar de la mano con ellos”, acotó Arteaga.
Asimismo, la abogada consideró que el Estado de El Salvador, en diversas audiencias y escritos que han presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, siempre han sido directos en reiterar que “se van a someter a las indicaciones que emanan del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, por lo que expresó que esta es la oportunidad para demostrar este compromiso a nivel de la OEA.
“No es posible que el estado de excepción se siga justificando, porque ha quedado muy claro en el informe que el estado de excepción no es proporcional a las causas que lo originaron y ya no están presentes”, agregó.
“Es inaceptable que un estado de excepción sea prorrogado por más de 2 años, y además -en ese estado de excepción-, se comentan violaciones sistemáticas de derechos humanos como no se veía en El Salvador desde el conflicto armado”, reafirmó Arteaga.
CIDH válida información de víctimas
Claudia Paz y Paz, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), señaló la importancia de este tipo de informes que aclaran los estándares y parámetros en los cuales los Estados de la región interamericana deben regirse en la garantía de los derechos humanos de sus habitantes sin ninguna excepción.
“De este informe de derechos humanos de la Comisión Interamericana, sobre el Estado de Excepción, observamos que válida todo lo que ha sido documentado y denunciado por los familiares de las personas que han sido privados de libertad y cuyos derechos humanos han sido violados durante el régimen de excepción”, afirmó.
“Así también, válida a todas las organizaciones y asociaciones de víctimas que han documentado las graves violaciones de derechos humanos que han ocurrido durante el régimen de excepción, especialmente a las garantías procesales, las restricciones al derecho de defensa y la falta de información a los familiares de las personas detenidas durante el régimen de excepción”, manifestó Paz.
De estas cifras oficiales disponibles dan cuenta de las 73 mil personas detenidas entre el 27 de marzo de 2022 a inicios de noviembre del año 2023, por lo que han denunciado a las autoridades policiales y militares por detenciones ilegales y arbitrarias, así como sistemáticos y generalizados allanamientos de viviendas en zonas populares. Así como el uso y abuso de la fuerza contra la niñez y adolescencia en el proceso.
“El documento suma también la falta de transparencia y claridad del uso de fondos públicos, pero, sobre todo, el informe de la Comisión señaló, que es una falsa dicotomía la defensa de los derechos humanos y la seguridad. Y por el contrario solo existe la seguridad, si existe un pleno respeto a los derechos humanos”, alegó.
“Considero que es fundamental que la Comunidad Internacional, especialmente los países que integran la Organización de Estados Americanos (OEA), conozcan ese informe y que se enteren de la grave situación de derechos humanos que se vive en El Salvador, a través, de la voz de los comisionados de la CIDH”, reafirmó Paz.
CIDH elabora sus informes conforme a su mandato
Daniel Noroña, director de incidencia de Amnistía Internacional, se refirió a la producción de estos informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que reconocen completan una “misión histórica” a lo largo de 65 años de existencia en la cual, destaca su enfoque de “elevar las voces de las personas en sus territorios”, de manera permanente en el tiempo.
“La CIDH elabora sus informes conforme a lo establecido por la normativa del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y específicamente reportes de este tipo se fundamentan en el artículo 59 de su reglamento, que aborda cuáles son las fuentes y metodología que se debe usar para la realización de este tipo de documentos”, explicó.
Noroña manifestçó que la Comisión Interamericana, cuando realiza este tipo de actividades parte desde una “perspectiva pro-persona”, que se traduce en poner al centro de su actividad a las víctimas y las personas que han sido afectadas en sus territorios.
“En este sentido, parte del trabajo que realiza la CIDH, justamente es para tener un contacto amplio de información, no solamente toma de fuente los datos oficiales de cualquier nivel de gobierno de los Estados. También se nutre de información que brindan organismos de derechos humanos como Naciones Unidas, sistemas de protección regional e información de la sociedad civil”, acotó.
“Y los Estados, deben de cooperar a la base de la buena fe y compromisos adquiridos, como la Carta de la OEA, o la Convención Americana de Derechos Humanos. Y justamente los casos con denuncias individuales, nutren este tipo de informes de país y temáticos, que sirven para ilustrar los estándares que deben ser aplicados y la dimensión interpretativa que se denomina de respetar cada uno de estos derechos”, puntualizó Noroña.
