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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“El informe de la CIDH representa una validación de las voces de las víctimas y queremos resaltar eso, porque son víctimas con las que trabajamos día con día. Y que nosotros como organizaciones documentamos, compartimos y publicamos ante la falta de cifras oficiales y el bloqueo de información pública”, dijo Gabriela Santos, directora del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA).
Un colectivo de organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales reaccionaron al Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre el “Estado de Excepción y Derechos Humanos en El Salvador”.
Santos ponderó “la importancia, credibilidad y legitimidad del Informe de la CIDH”, y explicó que el informe fue aprobado por sus titulares, luego de dos años de monitoreo con respecto a la situación que vive el país, luego de la declaratoria del régimen de excepción, el 27 de marzo de 2022, y que permanece vigente a la fecha.
“Queremos enfatizar la importancia de este informe cuyo borrador fue aprobado en unanimidad por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este informe robusto, y el más completo también hasta la fecha sobre el régimen de excepción, fue elaborado con información de organizaciones sociales, del Estado y otras fuentes”, aclaró.
“El informe lo destacamos en este momento porque desmonta esa falsa dicotomía sobre derechos humanos y seguridad -señalado en una de sus conclusiones- y la contraposición en estos aspectos al falso dilema, cuando la garantía y protección de los derechos humanos debe ser el objetivo y punto de partida de cualquier esfuerzo de medidas de seguridad ciudadana”, indicó Santos.
Aclaró que el tema de régimen de excepción o Estados de Sitio han sido conocidos, retomados y analizados por la Comisión Interamericana desde muchos años atrás, subrayando que los Estados que suelen utilizarlos para resolver situaciones internas puede terminar en un “escenario que que violente derechos humanos”.
Por lo que consideró que el Informe Estado de Excepción y Derechos Humanos en El Salvador toma relevancia para abordarlo e investigarlo, escuchando a las víctimas y atendiendo sus demandas.
Estado salvadoreño no acepta señalamientos de la CIDH
Verónica Reyna, directora del Servicio Social Pasionista (SPASS), lamentó que el Estado salvadoreño, a la FECHA, no acepte las recomendaciones generadas en el Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), lo CUAL no tiene sentido, porque el contenido del documento era conocido por autoridades del Estado, desde el año 2023. “La CIDH presenta una metodología que, además de recoger testimonios de las víctimas, diversas fuentes periodísticas y el mismo Estado, brinda un borrador al Estado para que pueda hacer sus comentarios. Y en el Informe se puede apreciar de manera constante tanto la información que recabó la CIDH, y la respuesta del Estado salvadoreño, ante esa información”, explicó.
“Este es quizás el primer elemento que recalcamos y lamentamos también, que la negación siga siendo la postura del Estado salvadoreño; sobre todo, por la información contundente, sistematizada y analizada por este organismo de derechos humanos. Y el comunicado público del comisionado presidencial de Derechos Humanos y Libertad de Expresión, que anunció que iban a valorar si era pertinente la información con la realidad del país”, acotó Reyna.
En cuanto a recurrir a la “estrategia de desacreditar a las víctimas”, Reyna opinó qué estas acciones son deplorable, así como desacreditar la metodología del Informe, a sabiendas que la Comisión Interamericana ha realizado 81 informes de país, a través de esta herramienta investigativa.
“Desacreditar el contenido del informe aceptando únicamente el reconocimiento que la Comisión Interamericana hace a la disminución de los homicidios y algunos otros delitos, pero invalidando el resto de la información, es una postura contradictoria y absurda”, expresó. “Además, la mención de los votos parcialmente disidentes de dos de los comisionados de la CIDH no tiene impacto en la información que se genera, incluso es una práctica frecuente que algún comisionado tenga un punto distinto. Es decir, la Comisión aprobó el contenido del informe, la posición de la misma Comisión y el análisis que hace sobre el estándar de derechos humanos sobre la situación del país, fueron aprobados y han requeridos algunas recomendaciones”, reiteró Reyna.
Estado salvadoreño niega “Visita in Loco” de la CIDH
David Morales, abogado de la Unidad de Justicia Transicional de Cristosal, argumentó que el Estado de El Salvador está bloqueando lo que expresamente la Comisión Interamericana ha pedido de realizar: una visita oficial al país, para la observación de los estándares de respeto a los derechos humanos.
“Esta es una situación muy penosa y reprochable de parte del Estado, como hemos señalado las organizaciones. Están bloqueando la visita in situ, la visita in loco, la visita directa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Porque, especialmente, expresa la necesidad de ingresar a las cárceles en donde están detenidas las personas por el régimen de excepción”, manifestó.
“Esto significa que todos los canales privados, la expresión de interés de la Comisión y la anuencia del Estado a recibir la visita que son procedimientos rutinarios, realizados a través de comunicaciones privadas entre la CIDH y el Estado, se ha agotado”, reiteró Morales.
Alegó que ni las dictaduras latinoamericanas del siglo XX en la región llegaron a ese extremo de la visita de la CIDH, como el régimen militar del General Humberto Romero, en la decáda de los años 70, reconociendo que fue uno de los “más represivos”, antes del conflicto armado.
“Es claro que el actual gobierno de El Salvador está bloqueando la visita de la CIDH, parece que esto evidencia la intención de entorpecer la vigilancia internacional de derechos humanos. El gobierno actual está llegando a este tipo de extremos y hay que reprocharlo muy contundentemente”, indicó Morales.
Recomendaciones de inmediato cumplimiento de la CIDH
Alejandra Burgos, de la Red Salvadoreña de Defensoras, reiteró que entre las recomendaciones más urgentes de la Comisión Interamericana está “poner fin a la suspensión de derechos y garantías restringidas en el marco del régimen de excepción”, y la elaboración de una “política pública de seguridad ciudadana integral y multisectorial sobre las causas y consecuencias de la criminalidad”, a partir de evidencias y con un enfoque de derechos humanos.
“Deben establecer instancias, además de participación de la sociedad civil en la definición e implementación de esa política pública de seguridad. Y publicitar datos sobre sobre las acciones adoptadas en el marco de la política de seguridad ciudadana en el marco en las diferentes etapas del Plan Control Territorial”, señaló.
“Elaborar un registro que individualice a las víctimas de violación de derechos humanos perpetrada en el marco de las dentenciones y persecución penal iniciada en el estado de excepción. Y asegurar la participación de víctimas y sociedad civil organizada en todo este proceso. Y un Plan Integral de reparación a víctimas considerando las perspectivas de género y la interseccionalidad de otros factores de vulnerabilidad y discriminación”, reafirmó Burgos.
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