Alma Vilches
@AlmaCoLatino
El Informe sobre Seguridad Ciudadana en El Salvador: Medición de indicadores 2021”, de la Plataforma por la Seguridad Ciudadana (PSC) reveló que el papel de la Policía Nacional Civil (PNC) muestra una tendencia al alza en delitos y violaciones de los derechos humanos.
Asimismo, las detenciones de la PNC siguen privilegiando la figura de “flagrancia”, la cual puede ser reflejo de un uso excesivo de esta acción, llevando a detenciones arbitrarias e ilegales.
El estudio detalló que la institución con mayor percepción de corrupción es la Fiscalía General de la República (FGR), seguida de la PNC y la Fuerza Armada. El índice de letalidad disminuyó levemente, sin embargo, este último sigue reportando mediciones por encima de la norma, mostrando la persistencia de uso excesivo de la fuerza letal.
Además, se registraron 15,981 víctimas de delitos priorizados, de los cuales el 52.24% fueron cometidos en los municipios de San Salvador y Santa Ana; también, se contabilizan 24,797 víctimas atendidas por las instituciones de los subsistemas, de las cuales 15,691 fueron niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres; 6,737 niños, adolescentes, jóvenes y hombres; y 2,369 se desconoce.
En el presupuesto asignado, se ha observado disminución al Instituto Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA) y Dirección Nacional de Atención a Víctimas y Migración Forzada (DNAVMF).
Mientras tanto, los indicadores en el ámbito de rehabilitación fueron los que presentaron mayores limitaciones para su medición debido a la negativa de brindar información pública por parte de la Dirección General de Centros Penales, declarando diversa información pública como reservada.
Para el año 2021, el sistema penitenciario continúa privilegiando el uso de regímenes cerrados de cumplimiento de pena, manteniendo porcentajes bajos en la utilización de un régimen de confianza o de semilibertad. La reincidencia en la comisión de delitos se reporta en incremento desde 2018, pasando de un 19.3% a un 21.2% en 2021.
De acuerdo a la percepción de la seguridad en la comunidad para el año 2021, el porcentaje bajó 3.23 puntos respecto de 2020; cerca del 40% de la población afirmó sentirse insegura o muy insegura en su comunidad.
Este estudio no logró contar con la medición de la totalidad de indicadores definidos inicialmente, debido a una profunda ausencia de información, registro y documentación de la labor estatal, lo que conlleva a la dificultad de desagregación de la información y, por tanto, caracterización más profunda de estos indicadores en torno a la situación de mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas jóvenes, población LGBTIQ+, entre otras.