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Redacción Nacionales
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El Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) del Instituto de Derechos Humanos de la UCA presentó el “Informe sobre la libertad de prensa y acceso a la información pública 2022”, en el cual señala que desde enero hasta el 15 de diciembre de 2022, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) registró un total de 147 vulneraciones y 161 afectaciones a periodistas. Entre las agresiones están 6 casos de despidos injustificados, 9 casos de vigilancia, 10 acosos laborales, 11 acosos digitales, 20 declaraciones estigmatizantes, 23 restricciones del ejercicio periodístico y 25 ataques digitales.
Asimismo, 11 periodistas están fuera del país en condición de exilio, de estos, 4 son mujeres y 7 hombres, los motivos están relacionados con amenazas de funcionarios públicos o personas particulares, acusaciones de posible vinculación con pandillas y acusaciones penales infundadas.
El informe presentado por el OUDH detalla que las mujeres periodistas enfrentan violencia digital o en línea, la mayoría de vulneraciones fueron cometidas a través de las redes sociales por funcionarios públicos, activistas políticos o personas desconocidas. Las agresiones que más se repiten son acoso digital y ciberataques, estigmatización y mensajes de odio basados en género, y amenazas con componentes sexualizados.
Según el diagnóstico de la APES, el trabajo de los periodistas se caracteriza por bajos salarios en el empleo formal, contratos por servicios profesionales o forma de subempleo, jornadas de trabajo excesivas y altos niveles de riesgo en cuanto a seguridad ocupacional y psicológica.
El 68% de los periodistas expresó que no lleva una vida digna con la remuneración y condiciones de su trabajo, mientras el 92% mostró incertidumbre ante el futuro de la profesión.
En cuanto a la libertad de expresión entre julio de 2020 y noviembre de 202, se identificó que los teléfonos de 35 periodistas y activistas miembros de la sociedad civil fueron infectados con el programa espía de NSO ‘.
A la vez, el informe de OUDH evaluó el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública en 23 instituciones del gobierno central, la mayoría de los incumplimientos son el listado de las obras en ejecución o ejecutadas total o parcialmente con fondos públicos, los mecanismos de participación ciudadana y rendición de cuentas.
De 25 lineamientos, la Fiscalía General de la República (FGR) incumple 21, es decir, solo cumple el 9%. Le sigue Casa Presidencial (CAPRES) que cumple un poco más del 17%. El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT) un 26%, el Ministerio de Desarrollo Local (MINDEL) 30%,y el Ministerio de Trabajo y Previsión Social un 35% de cumplimiento.
Las instituciones mejor evaluadas son la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDHH), con el 87% de cumplimiento, y el Ministerio de Salud (MINSAL) que tiene un 96% de cumplimiento.
