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Gloria Silvia Orellana
@SilviaCoLatino
“Creo que no ha habido ningún santo, que lo hayan estudiado tanto en su doctrina y su praxis, como a Monseñor Romero”, expresa el Padre José Fredys Sandoval, quien trabaja en el Colegio Santa Teresa de Jesús y en la Concertación Romero, que luchan para obtener justicia del Estado salvadoreño, por el asesinato de Monseñor Oscar Romero.
“Hay poderes fácticos que han hecho todo lo posible para que el Caso del Monseñor Romero, quedara en la impunidad, pero su pueblo y nosotros vamos a luchar por la verdad, la justicia y, claro, el perdón”, expresó en la entrevista a Diario CoLatino.
– ¿Cuál es la reseña en el caso de Monseñor Romero?
Primero, consideremos como lo dijo la Comisión de la Verdad, que en esa época la Corte Suprema de Justicia y los poderes fácticos hicieron todo lo posible para que el caso de Monseñor Romero no se investigara y siguiera en la impunidad, para encubrir a los actores materiales e intelectuales.
Que posterior, Monseñor Arturo Rivera y Damas ante tal realidad acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y demandó al Estado salvadoreño, por negar justicia a Monseñor Romero, que no protegió sus derechos y le responde en el año 2000, emitiendo un informe de fondo, en el que reconoce la culpabilidad del Estado salvadoreño al violar los derechos, su tutela judicial a Monseñor Romero, así como la verdad para la justicia en el país.
Y obligó al Estado salvadoreño a investigar a los autores materiales e intelectuales y que indemnizara a la Iglesia, a la familia de Monseñor Romero, y que adecuara las leyes a la Convención Interamericana y dejara sin efecto la Ley de amnistía de 1993. y desde el año 2000 hasta el 2009, el Estado prácticamente no hizo nada, solo fue silencio, evasión y excusas.
– ¿Qué cambió del Caso de Monseñor Romero?
En el año 2009, con el cambio de gobierno, Mauricio Funes, desde el Ejecutivo reconoció la autoridad jurídica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y comenzó hacer unas reuniones a través de la Dirección de Derechos Humanos de la Cancillería, para realizar una obra de reparación moral y pidieron perdón públicamente. Y quedó lo más duro, que es el tema de justicia y la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía que fue emitida en 1993, y que afortunadamente fue cumplida en el año 2016.
– ¿La Ley de Amnistía fue realmente un obstáculo?
La Sala de lo Constitucional argumentó que el asesinato de Monseñor Romero, bien pudo ser investigado con las leyes vigentes desde el año 2000, porque reconocían que esta ley no se aplicaba a este crimen y otros semejantes que violaba los derechos humanos, pero el Estado se mostró inoperante e inactivo hasta la fecha. Y lo que hizo la sentencia de derogación fue una excusa jurídica menos y era más claro y contundente abrir el caso aquí en El Salvador.
– ¿Cómo está el caso jurídicamente?
El 23 de marzo de 2017, los abogados de Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, como acusadores y querellantes, apoyados por la Concertación Monseñor Romero y otras organizaciones de derechos humanos, nos presentamos ante el juez Cuarto de Instrucción, para demandar la apertura del proceso penal, contra los asesinos y que está documentado en el informe de la Comisión de la Verdad.
El juez nos resolvió el 12 de mayo 2017, con mucha rapidez. Ahora el caso debe ser investigado, porque ya no tiene vigencia la Ley de Amnistía, por tanto, declaró el proceso judicial abierto. Sin embargo, el juez reconoció que la Fiscalía General de la República tiene una atribución para establecer ese mecanismo de acción para la investigación y que el proceso penal continué, pero la Fiscalía no ha declarado nada públicamente en torno al caso de Romero.
– ¿Qué les han dicho ante esta actitud?
Con nosotros se reunieron y nos dijeron que tienen la voluntad y la firmeza con el caso Romero, aunque nos dan dicho que tienen otros casos, pero creemos que después de haberlo declarado abierto, ya deberíamos tener algunos pasos más específicos, como la orden de captura para Álvaro Saravia, que es el principal imputado y llamar a los testigos que están mencionados en el Informe de la Comisión de la Verdad y está el informe del Vaticano.
– ¿Cómo inicia y se delimita el Informe de el Vaticano?
El Vaticano ha hecho su papel de investigación que inició a través del Informe del Informe de la Comisión de la Verdad, en el caso de Monseñor Romero, que es un documento importante también, que da nombre creíbles que están involucrados en el asesinato.
El documento de el Vaticano por ahora, no es público, pero creo que podría ser solicitado por el juez para el Caso de Romero, por ahora lo han recibido solo los obispos, y los postulantes de la causa de los santos y otras personas de confianza que les han dado copia.
Yo solo lo he visto y son más de mil 100 páginas, ese informe que es serio y objetivo, porque el Vaticano para certificar el martirio de Romero tenía que verificar ciertamente si fue asesinado por el odio al reino de Dios, la justicia y la fe cristiana que Monseñor Romero impulsó.
Y también individualizar la culpabilidad de los asesinos y qué intenciones tuvieron, si fue intención por la pastoral de Monseñor Romero o porque él tenía algunas afirmaciones y praxis, quizá más política o terrorista como lo acusaban los de derecha. O era realmente una actitud pastoral en fe y el evangelio.
– ¿Qué concluyó el informe de el Vaticano?
El Vaticano avaló la autenticidad de Romero y sabe que no fue manipulado, ni ideológicamente, ni políticamente, ni partidariamente por nadie. El fundamento de su pastoral fue el Evangelio, el amor y liberación por su pueblo, según el proyecto de Dios, esto ya está fuera de discusión las falsas aseveraciones.
Creo que no ha habido ningún santo que lo hayan estudiado tanto en su doctrina y su praxis, como a Monseñor Romero, porque en el año 2000, aún en la prefectura para la Congregación para la Fe del cardenal Ratzzinger, que fue el Papa Benedicto XVI, reconoció que la enseñanza de Romero era Ortodoxa (leal al Evangelio), es decir, sus homilías, cartas pastorales, discursos, escritos y grabaciones eran apegadas a la iglesia y por supuesto, al Evangelio y no habían errores doctrinales, ni de fe, eso lo explicaron en el año 2005.
Monseñor Romero tuvo muchos enemigos en El Salvador y en América Latina, incluso en el Vaticano, y quienes investigaron a Monseñor Romero en la praxis, es decir, en su acompañamiento a los pobres, a los campesinos dentro de esa sociedad violenta del país, declararon que fue correcto en su ortodoxia y su praxis.
– ¿Por qué la petición de captura para Álvaro Saravia?
Álvaro Saravia concedió una entrevista al diario digital El Faro, que publicaron con el título “Así matamos a Monseñor Romero” , en donde confirma muchos datos del Informe de la Comisión de la Verdad, y aunque el documento de esa comisión no lo ubica en el lugar, él declaró que estuvo allí, en ese momento en el hospitalito de la Divina Providencia, que oyó el disparo y obviamente dio seguridad al asesino. Y otros datos más, que pueden recabarse de esa entrevista. Además de Mario Molina que proporcionó el fusil y el tirador que salieron mencionados.
Y los miembros de la Sala de lo Constitucional o magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que tuvieron en esa época, un rol activo para impedir la investigación en el caso de Monseñor Romero, o sea, se tiene que revisar que tipo de argumentación existe de esta institución y sistema judicial, para preguntarles la razón por la cual, omitieron la responsabilidad debida a investigar según el derecho nacional e internacional este magnicidio.
– ¿Qué esperan con la presión social de la marcha del 10 de octubre?
Tres cosas, que estamos interesados que el caso avance, la importancia y el valor histórico que tiene la canonización, para que no opaque el deber de aplicar justicia y la reivindicación de las víctimas, en su dignidad.
Hay ciudadanos que dicen, incluso los católicos y religiosos, que si ya reconocieron a Monseñor Romero como Beato y ahora como un Santo, Profeta y Mártir, entonces para qué hacer justicia. Y no caen en la cuenta el significado que tiene establecer la verdad de los hechos, vencer en juicio a los victimarios y la no repetición de actos semejantes.
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