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Rebeca Henríquez
Colaboradora
@DiarioCoLatino
El Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, dio a conocer los resultados del informe “Ejecuciones Extrajudiciales en El Salvador 2015-2020”, donde quedó reflejado el uso excesivo de la fuerza letal por parte de agentes estatales, mostrando que la Policía Nacional Civil (PNC) no cumple con el accionar policial de mínimo daño a personas civiles, basado en un número de lesionados y muertes en enfrentamientos.
El coordinador técnico del OUDH, Jorge Rodríguez, explicó que en el país hay un incumplimiento del estándar internacional, el cual dicta que el número de muertes violentas debe ser inferior al 5% o no superior al 10%, acción que sobrepasó en 2016 con un 11%, convirtiendo al Estado como el principal actor de violencia en el país, cuando debería ser quien genere soluciones.
Explicó que el OUDH monitoreó cinco derechos fundamentales, los cuales son el derecho a la vida, integridad, libertad, justicia y la reparación integral. Las problemáticas que en esta ocasión destacan, tienen influencia negativa en el cumplimiento de los derechos anteriores, se ven evidenciadas con muertes violentas, desapariciones, desplazamientos forzados, violencia sexual y el exceso de justicia en el territorio salvadoreño, destacando que entre 2015-2020 se identificó un total de 22,983 personas afectadas.
“El objetivo en primera instancia es evidenciar las problemáticas de las ejecuciones extrajudiciales en El Salvador, ya sea que deriven del uso excesivo de la fuerza por parte de Estado o por la actividad de grupos de exterminio. El Estado debe proteger, garantizar y hacer efectivo el derecho a la vida por los diferentes Órganos de Estado y los Estándares Internacionales de Derechos Humanos”, aseguró el coordinador del OUDH.
Existe discrepancia de información en relación a los casos analizados, ya que las autoridades estatales desmienten los hechos acontecidos, los cuales anteriormente fueron reafirmados por instancias como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA) o testimonios de familiares directos de las víctimas.
“Las autoridades desmienten justamente las narrativas, donde dicen que no hubo tal agresión hacia las víctimas, y, por lo tanto, se convierten estos casos emblemáticos en los que usaron una narrativa institucional, para encubrir ejecuciones extrajudiciales en el marco de enfrentamientos armados”, recalcó Rodríguez.
Desde 2016 hubo 15 desarticulaciones de grupos ilícitos, donde se identificó la participación de 59 agentes policiales activos, 24 efectivos militares en la zona oriente y la paracentral, convirtiendo de esta manera a la PNC como uno de los principales señalados en este tipo de violencia letal. El informe establece que 1,300 agentes fueron procesados por delitos de muerte violenta, donde únicamente el 1.8% recibió una sentencia condenatoria y el 90.2% quedó en la impunidad, en ausencia de entidades que regulen investigaciones y procesos judiciales a agentes estatales que son procesados.
“El estudio lo que demuestra es que hay abuso de la fuerza por parte de las instituciones del Estado, encubrimiento y no hay deseo de analizar a fondo la realidad, ni mucho menos de hacer propuestas que mejoren la situación”, manifestó el Padre José María Tojeira, director del IDHUCA, tras asegurar que la sociedad civil debe hacer presión para que el término “ejecución extrajudicial” sea tipificado legalmente como delito en el sistema judicial.
