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Oscar López
@Oscar_DCL
El Foro Nacional de Salud (FNS) consideró que la pandemia del coronavirus (COVID-19) no solo generó una crisis sanitaria, sino también afectó el respeto de los derechos humanos, no solo en El Salvador, sino también en el mundo.
Para evidenciar el irrespeto de los derechos humanos en el país, el FNS elaboró un informe de contraloría social de la función pública durante la pandemia, el cual es un ejercicio de vigilancia ejercido por líderes y lideresas de las 810 comunidades que conforman el Foro en El Salvador.
Marcos Fermán -consultor encargado de la elaboración de la metodología implementada y sistematización de los datos- presentó el resultado de la investigación, que entre sus hallazgos destaca la vulneración de al menos nueve derechos humanos.
Los derechos que fueron violentados son: participar en la toma de decisión en los asuntos públicos a nivel local, acceso a recibir información pública, a la integridad personal, a la seguridad personal y seguridad ciudadana, a la salud, a la alimentación, a la educación y la cultura, al acceso al agua y a una vida libre de violencia para las mujeres.
“En este esfuerzo se monitorearon nueve derechos, estos eran los más vulnerados. A la hora de hacer una sumatoria de la percepción negativa o positiva, el 51 % de los liderazgos consultados señala que los nueve derechos fueron violentados”, dijo Fermán.
En cuanto al derecho a participar en la toma de decisión en los asuntos públicos a nivel local, el informe de contraloría ciudadana determinó que el 62 % de los líderes y lideresas afirmó que sí se les permitió participar en la toma de decisiones relacionadas a afrontar la pandemia.
Caso contrario fue el derecho a recibir información pública, este fue vulnerado ya que el 65 % de los consultados aseguró que las autoridades locales no distribuyeron información sobre las formas de prevención de la COVID-19. Además, se determinó que se cerró el acceso a las personas a solicitar y recibir información generada, administrada o en poder de instituciones públicas.
Por lo que, a raíz de los hallazgos de la contraloría social, se recomendó al Gobierno “trabajar para que haya transparencia en los datos oficiales”; asimismo, también se instó a la cooperación y a los organismos multilaterales que motiven al Gobierno para que los datos oficiales estén abiertos al escrutinio público.
Gloria Cruz, representante de la Asociación de Promotores Comunales Salvadoreños (APROCSAL) comentó que la contraloría social de las políticas públicas es importante debido a que es una herramienta que permite cuestionar el uso e implementación de leyes, reglamentos, protocolos, planes y estrategias; en este caso, las ejecutadas para afrontar la pandemia.
Cruz agregó que la participación social, a través de una contraloría social, no solo es un derecho, sino también una responsabilidad de los ciudadanos. “Es un derecho porque hay que exigirles a los entes responsables de garantizar el cumplimiento de las políticas públicas basadas en derechos y que estos no sean vulnerados en ningún momento y, sobre todo, en una crisis y es una responsabilidad de monitorear el cumplimiento de las políticas”, dijo.
