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Licda. Norma Guevara de Ramirios
Lo que merecen nuestros niños y niñas ha sido el sueño que con acciones se ha buscado materializar desde que en 2009 el ahora Presidente Salvador Sánchez Cerén, impulso desde el Ministerio de Educación, la transformación de infraestructura que acompaña a los otros programas conocidos como paquete escolar que dota a cada estudiante de útiles, uniformes, zapatos y alimento.
Una escuela ventilada, con piso y techo seguros, con espacios para recreación, servicios sanitarios limpios, áreas de recreo, espacio para aulas informáticas, con conectividad y energía eléctrica, canchas y salones de uso múltiples, con espacio para reuniones de maestros y para atender a niñas y niños con capacidades especiales, con espacio para parvularia, talleres vocacionales, con cocina y bodega.
Es lo que hoy tienen algunas comunidades educativas, la última inaugurada bajo este concepto, está en el municipio de Ataco, pero las hay en Santa Tecla, en Bola de Monte, en Comacarán, en Cangrejera, en San Alejo, en Barra Salada y muchas otras más; pero eso mismo es deseable y aún lejos de que eso sea igual para los 5,186 centros educativos públicos, asentados en más de 6 mil inmuebles.
La infraestructura escolar y la inversión gubernamental pasa por tener claridad de la problemática como un todo, es hablar de la historia de cada centro educativo y su evolución en el tiempo, saber que el gobierno puede invertir únicamente en aquellos establecimientos que están asentados en terrenos legalizados a nombre del Ministerio de Educación; que venimos de una realidad en la que muchas escuelas están en terrenos de cooperativas, de fincas de café, en zonas verdes municipales, en áreas de equipamiento social, en terrenos particulares que en un momento autorizaron iniciar allí la noble labor de educar.
Fue la fracción del FMLN que con el diagnóstico del MINED propuso, y la Asamblea aprobó el Decreto 960, con la LEY ESPECIAL TRANSITORIA PARA LA LEGALIZACIÓN DEL DOMINIO DE INMUEBLES A FAVOR DEL ESTADO EN EL RAMO DE EDUCACIÓN, que a la fecha ha permitido legalizar el 70 % de los inmuebles. Ese decreto debe ser prorrogado hasta que se culmine un proceso por el cual ningún otro gobierno se había preocupado.
La ley crea facilidades para abordar con los “dueños legales” de los terrenos una solución, o para utilizar otros mecanismos como la prescripción adquisitiva con procesos abreviados; establece aranceles especiales que permitan al Ministerio de Educación completar la adquisición de esos terrenos.
La inversión en infraestructura educativa en los últimos años ronda entre 20 y 25 millones anuales, y se hace con fondos aprobados en el presupuesto, con fondos de FANTEL, cooperación y aportes de empresas; dentro de FOMILENIO está prevista la reconstrucción de más de 40 establecimientos. Los ya construidos por el MINED tienen un costo que ronda un millón de dólares o más por cada intervención.
Más de 1,500 escuelas han recibido en los últimos diez años, algún nivel de inversión por reparaciones en su infraestructura; un buen punto de partida es la situación legal de sus terrenos, y la realidad social, la dimensión y demanda de cada centro; en algunas ocasiones los dueños de los terrenos, incluyendo a las municipalidades, se resisten a realizar el traspaso de propiedad.
El concepto de escuela de tiempo pleno, expresa la aspiración de que los establecimientos sean suficientemente espaciosos y su edificación completa, para albergar por más tiempo a los mismos estudiantes, y estos tengan dentro de la escuela, oportunidades mayores de aprendizaje y convivencia pacífica.
La reconversión de la infraestructura educativa es posible en muchos lugares, pero para alcanzar ese modelo ideal, se requiere en otros lugares, crear nuevos establecimientos.
Si algo ha existido en los últimos diez años de los gobiernos del FMLN, es preocupación por la educación, sostener esa línea por el gobierno entrante requerirá de mucho empeño, más que de maniobras politiqueras que no resisten la prueba de la vida. Por ejemplo, pedir reorientar recursos de una actividad a otra supone que esos fondos a reorientar, estén dentro del presupuesto aprobado, cosa inexistente en la demanda de Bukele y Gana al solicitar 16 millones para escuelas.
Si así se maneja en el gobierno, retardará mucho su propia gestión, demandando cosas fuera de lugar, como operación política propagandística que busca hacerse ver preocupado por algo y hacer ver indiferente a los demás; cuando en la realidad muestran desconocimiento o perversidad.
La educación es algo que merece ser tratada con seriedad y la más alta responsabilidad, ojalá no lo conviertan en changoneta y politiquería.
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