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Joaquín Salazar
@JoakinSalazar
De acuerdo a la sentencia del Juzgado Especializado de Medio Ambiente, el Ingenio debe volver las cosas a su estado original, recuperar la integridad del ecosistema, atender los impactos en el recurso pesquero y la calidad del agua, lo cual deberá hacerse con apoyo especializado o por medio del Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES).
Ademas, el Juzgado condenó al Ingenio al pago de los costos o gastos de gestión institucional, por un monto de $13, 446.00; esto para las alcaldías que hayan realizado trabajos de limpieza.
También, el Tribunal otorgó a la Asociación Ecológica para acción y protección del medio ambiente “Tierra verde” (AEPROTERRA) una gratificación financiera por $5,000 por su encomiable labor en la justiciabilidad del caso por medio del FONAES, y los fondos serán destinados a los fines de dicha asociación.
La parte Fiscal demandó al Ingenio por $3.9 millones de dólares, que se basó en las investigaciones realizadas en coordinación con técnicos del Ministerio de Medio Ambiente, que incluye la prueba pericial y documental de los daños ambientales, entre ellos la pérdida de 29 especies de peces en los ríos aledaños al Ingenio La Magdalena, en Chalchuapa, Santa Ana.
El plazo para las medidas y acciones por parte del Ingenio La Magdalena S.A de C.V, para ejecutar el plan de restauración y el inicio de la fase de ejecución serán fijados en la sentencia integra, la cual será entregada en un plazo de 15 días hábiles a las partes procesales, así como lo establece la ley.
No obstante, la Fiscalía tiene pendiente la demanda penal, sin embargo, la entidad fiscal investiga la individualización de las causas que originó el derrame de melaza en el Ingenio La Magdalena.
El tribunal también dio por cumplidas las medidas cautelares ordenadas en la zona del derrame, entre estas, la evaluación de daños y la presentación de informes sobre las acciones de limpieza desarrolladas, salvo las de restauración ambiental que ya se ordena en la Sentencia.
La resolución condenatoria, contra el Ingenio, se da luego de la culminación de la audiencia probatoria, la cual tuvo como objetivo el desfile de la prueba ofrecida al tribunal, tanto de cargo como de descargo. Para el caso, la FGR ofertó la declaración de 6 peritos, prueba documental y pericial.
Finalmente el Juzgado de Medio Ambiente solicita a la Asamblea Legislativa la aprobación de una ley general del agua; lo que permita contar con normativas más duras contra daños ambientales generados por la empresa privada.
