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Por Damian Wroclavsky
Brasilia/AFP
La corte electoral de Brasil inició este martes un juicio que podría costarle la presidencia a Michel Temer por ilegalidades cometidas durante la campaña 2014, un proceso que amenaza con arrastrar al país a otro ciclo de inestabilidad política.
El voto final de este nuevo y explosivo capítulo en la crisis brasileña podría conocerse en 48 horas, pero el pleito deberá recorrer un camino plagado de obstáculos antes de llegar a un desenlace ya que existen numerosos recursos que podrían dejarlo en suspenso o demorarlo.
«Si hubiese perdido de vista (…), correríamos riesgos de que se consuman semanas y hasta meses», dijo el juez que tramita el caso, Herman Benjamin, en referencia a una de las herramientas que podrían estirar el proceso, que tiene casi 8.000 páginas.
«La elección de 2014 será la más larga de la historia», ironizó.
A un año y siete meses de las próximas elecciones, Temer responde por una denuncia de abusos económicos y políticos perpetrados por la fórmula en la que acompañó como vicepresidente a la mandataria de izquierda Dilma Rousseff (2011-2016), destituida el año pasado por maquillaje de las cuentas públicas.
Con el Congreso y los mercados a favor de Temer para impulsar su programa de ajustes, el gobierno aspira a dilatar el proceso y acercarlo lo más posible a las elecciones de octubre de 2018.
El juicio ante el máximo tribunal electoral se produce cuando aún no cicatrizan las heridas del impeachment que segó un ciclo de 13 años de la izquierda en el poder, mientras el nuevo gobierno conservador es bombardeado por denuncias de corrupción del fraude a Petrobras.
La denuncia, irónicamente, fue presentada por el partido PSDB (centro), derrotado en 2014 y hoy estrecho aliado de Temer.
Según la acusación, Rousseff, del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda), y Temer, del PMDB (centro-derecha), financiaron su campaña con dinero desviado de la estatal Petrobras, violaron los límites de gasto permitidos y abusaron de la maquinaria estatal para ser reelegidos.
El caso vincula los sobornos en Petrobras y el escándalo de la constructora Odebrecht con el financiamiento de la campaña. Rousseff, fue exonerada del caso de la constructora.
La acción judicial, presentada cuando Rousseff y Temer eran aliados, siguió avanzando en el TSE, pero perdió interés político para el PSDB, que en los alegatos finales presentados recientemente pidió eximir al actual mandatario de cualquier responsabilidad.
Gobierno impopular
En teoría, el proceso podría concluir esta misma semana, pero cualquiera de los magistrados puede solicitar una suspensión -conocida como «pedido de vista»- para profundizar su estudio del informe final, de más de mil páginas.
Los abogados de los acusados también pueden solicitar una ampliación de sus defensas.
El proceso no está, sin embargo, exento de riesgos para un gobierno impopular como el de Temer.
Medios brasileños señalan que tanto el juez Benjamin como el Ministerio Público, un órgano de la Justicia que representa al pueblo, están a favor de anular el resultado electoral.
Además, la corte podría declarar inelegibles por ocho años a Temer y a Rousseff.
La defensa del presidente buscó separar sus cuentas de la exmandataria, señalando que Temer no tuvo relación con el armado financiero. Pero hay pocas expectativas de que esa moción sea aceptada.
Un fallo adverso, aunque pueda ser revertido por la corte suprema, sería un golpe duro para Temer.
Si su estrategia falla y el TSE anula el resultado electoral de 2014, la Constitución determina que el Congreso elija un nuevo presidente para terminar el mandato iniciado por Rousseff y continuado por Temer.
No obstante, algunos constitucionalistas interpretan que deben convocarse elecciones directas si la remoción del presidente se produce antes de los seis meses finales de su periodo.
Sería, en ese caso, un segundo gobierno de transición en apenas diez meses.
