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Quito / AFP
El juicio contra el expresidente de Ecuador Rafael Correa por el supuesto financiamiento de empresas privadas a su campaña electoral de 2013 a cambio de contratos con el Estado inició el lunes en la Corte Nacional de Justicia.
En el caso denominado «sobornos 2012-2016» también están procesadas por el delito de cohecho otras 20 personas, entre ellas el exvicepresidente Jorge Glas -condenado a seis años de cárcel por recibir coimas de la firma brasileña Odebrecht- exministros, exdiputados y empresarios.
Correa, que vive en Bélgica desde que dejó el cargo en 2017, será juzgado en ausencia. La pena por esa falta, imprescriptible en Ecuador, es de hasta tres años de prisión.
Una condena supondría el fin de su carrera política, pues la Constitución ecuatoriana impide presentarse como candidato en comicios a condenados por cohecho, enriquecimiento ilícito o peculado.
Los acusados presuntamente recibieron cerca de ocho millones de dólares de empresas para las presidenciales de 2013 a cambio de la entrega de obras. La Fiscalía se abstuvo de indagar a Odebrecht pese a que la firma aparecía mencionada en la investigación periodística del portal La Fuente que dio origen al caso.
Los empresarios que entregaron dinero «fueron beneficiados de adjudicaciones de varios contratos» a través de los ministerios de Transporte y Sectores Estratégicos, y la Secretaría Nacional del Agua, señaló la fiscal Diana Salazar al iniciar el juicio, según información divulgada por la Fiscalía.
El juicio podría tomar varias semanas pues deben presentarse 120 testigos ante el tribunal presidido por el juez Iván León.
– Una «gran farsa»-
Correa fue vinculado al caso por un depósito de 6.000 dólares que una persona que trabajaba con su exasesora hizo en su cuenta personal. El exgobernante alega que se trataba de dinero de un préstamo.
En un video publicado días atrás en Twitter, el expresidente tildó de una «gran farsa» la acusación de la Fiscalía.
María de los Ángeles Duarte, exministra de Transporte, al inicio de la audiencia declaró a la prensa que está «imputada injustamente».
«Que hagan justicia y que no se politice, que no sigan politizando» el caso, pidió la exfuncionaria.
Este es el segundo juicio que enfrenta Correa. El otro corresponde al presunto secuestro de un opositor en 2012. Sin embargo, ese proceso está suspendido pues la justicia requiere la presencia del exmandatario para juzgarlo.
Correa es considerado un prófugo de la justicia ecuatoriana y enfrenta órdenes de prisión por ambos casos.
