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Madrid / AFP
El Tribunal Supremo abrió el martes el histórico juicio contra 12 dirigentes independentistas catalanes, implicados en el fracasado intento de secesión de octubre de 2017, justo cuando la cuestión catalana tiene la política española patas arriba y amenaza con precipitar las elecciones.
Los acusados aparecieron sentados en cuatro banquetas ante los siete jueces, en una primera sesión en la que sus abogados presentaron el juicio como un proceso políticamente sesgado.
«La causa atenta contra la disidencia política», afirmó Andreu Van den Eynde, abogado del ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras, para el cual la fiscalía pide 25 años de cárcel.
El proceso, retransmitido en directo por televisión, podría durar unos tres meses, y en él declararán cientos de testigos, entre ellos el ex presidente del gobierno español Mariano Rajoy. La sentencia no se conocerá antes de julio.
Además de Junqueras, están acusados la expresidenta del parlamento catalán, Carme Forcadell, varios ex ministros regionales y los responsables de las asociaciones independentistas ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart respectivamente.
Para ellos la fiscalía reclama entre 7 y 17 años de cárcel. Nueve de ellos están acusados de rebelión y, como Junqueras, llevan meses en prisión preventiva.
El gran ausente es el principal protagonista del intento de secesión, el ex presidente catalán Carles Puigdemont, huido en Bélgica, que desde un viaje a Berlín calificó como un «test de estrés para la democracia española».
Más duro todavía fue su sucesor al frente de la región Quim Torra, que acudió a la primera jornada del juicio en Madrid. Es una «vergüenza indigna del siglo XXI en Europa», «un juicio que no se tendria que haber producido nunca en un estado que quiere considerarse democrático».
Ante estos ataques constantes, el gobierno español mantenía su campaña diplomática destinada a defender el prestigio de las instituciones del Estado.
«Estas personas no están ahí por lo que piensan, sino por lo que han hecho», dijo en un encuentro con la prensa en Bruselas el encargado de negocios de la embajada de España, Jorge Notivoli Marín.
– La violencia, concepto clave –
Tras organizar el 1 de octubre de 2017 un referendo de autodeterminación prohibido por la justicia española, los separatistas catalanes proclamaron unilateralmente el 27 de octubre una república independiente.
La cuestión clave en el juicio será la violencia, el concepto que según el Código Penal español sustenta el cargo de rebelión.
La fiscalía estima que la hubo, ya que los acusados animaron a votar en el referendo «siendo conscientes de la ilegalidad del acto y de que con ello se podían producir explosiones violentas».
Los independentistas, que piden la absolución de los acusados, destacan que no se utilizaron armas y argumentan que los violentos fueron los agentes de policía que aquel día echaron mano de porras, pelotas de goma y empujones para tratar de impedir la consulta.
Hay «una sensación de absurdo, porque tenemos la convicción de que los delitos tan graves que nos imputan no se han cometido. La violencia necesaria para justificar estos delitos no ha existido», comentó a AFP uno de los acusados, el ex consejero catalán de Justicia Carles Mundó.
La cuestión genera controversia incluso entre los juristas hasta el punto de que los abogados del Estado, que también ejercen la acusación, han presentado el cargo de sedición, que conlleva penas de reclusión menores al de rebelión y no conlleva violencia.
– Miles contra el juicio –
Miles de personas se congregaron el martes en Barcelona para protestar contra el juicio iniciado en el Tribunal Supremo a doce dirigentes independentistas catalanes por el intento de secesión en octubre de 2017.
Con decenas de banderas independentistas y carteles con el lema «Libertad presos políticos», los manifestantes coparon a partir de las 7:00 de la noche, hora local, la céntrica plaza Cataluña al grito de «No es un juicio, es una farsa».
«Decidir no es un delito y ni un referéndum ni la autodeterminación se pueden juzgar, ni mucho menos condenar», lanzó desde el escenario el vicepresidente del gobierno independentista regional, Pere Aragonés.
La concentración, que tuvo réplicas en otras ciudades catalanas como Girona y Tarragona, es la primera de un ciclo de protestas convocadas por partidos y asociaciones independentistas a raíz del juicio contra los exdirigentes de la región por el intento de secesión de octubre de 2017.
Entonces, el gobierno regional dirigido por Carles Puigdemont impulsó un referéndum considerado ilegal de autodeterminación con el que el Parlamento catalán justificó posteriormente una infructífera declaración de independencia.
Este delito, que implica un «alzamiento violento» genera indignación entre los independentistas que siempre reivindican el pacifismo de su movimiento.
«Es todo una invención, una manipulación. Aquí no ha habido ningún tipo de violencia, sólo manifestaciones y una votación», se quejaba Jordi Parera, un técnico comercial de 60 años que participaba en la protesta.
«Éste es un juicio que se demostrará injusto porque no es un juicio sobre unos hechos, es un juicio sobre unas ideas», insistió.
Las protestas prosiguen el sábado con una gran marcha en Barcelona bajo el lema «La autodeterminación no es un delito». El 21 de febrero está prevista una huelga general y el 16 de marzo una protesta en Madrid.
– ¿Elecciones a la vista? –
Coincidiendo con el inicio del juicio, el gobierno socialista de Pedro Sánchez, minoritario en el Parlamento español, defendía este martes su proyecto de Presupuestos del Estado para 2019.
Sánchez, en el poder desde hace ocho meses, apostó por esos presupuestos para mantener en pie su gobierno y agotar la legislatura a mitad de 2020.
Pero se ha topado con la negativa de los partidos independentistas catalanes, que le han venido exigiendo negociar el derecho de autodeterminación, una línea roja para Madrid.
«Este gobierno no va a ceder a ningún chantaje por parte de nadie», dijo María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, ante la cámara.
A la presión de los separatistas se añade la de la oposición de derecha, que el domingo sacó a decenas de miles de personas en Madrid para acusar a Sánchez de «traidor» por dialogar con los independentistas.
El juicio brindará por cierto una tribuna política al partido ultraderechista Vox, que gracias a una particularidad del sistema jurídico español, podrá ejercer la acusación popular.
