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Yanuario Gómez
@DiarioCoLatino
La Audiencia Nacional Española fijó para este lunes el inicio del juicio contra Inocente Montano, coronel retirado de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) y exministro de Defensa, uno de los acusados de la masacre de los sacerdotes jesuitas perpetrada el 16 de noviembre de 1989.
A Montano, quien en esa época fungía como viceministro de seguridad, se le acusa de participar en la decisión, diseño o ejecución del asesinato de Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín-Baró, Amando López, Joaquín López y López, Juan Ramón Moreno y Segundo Montes sacerdotes jesuitas, Elba Julia Ramos y Celina Ramos.
El exmilitar salvadoreño extraditado desde Estados Unidos hacia España el 29 de noviembre de 2017, este 8 de junio enfrentará a la justicia por los crímenes que se le imputan. Los tribunales españoles prorrogaron la prisión preventiva del imputado ante la proximidad del juicio. Montano es el primer exmilitar salvadoreño que responderá ante la justicia española por estos hechos en un procedimiento en el que enfrenta a una petición fiscal de 150 años de cárcel.
El proceso constará de diez sesiones repartidas entre el 8 de junio y 16 de julio, las seis primeras se celebrarán en la sede de San Fernando de Henares (Madrid) y las cuatro restantes en la dependencia situada en el centro de la capital española.
Junto al excoronel se procesará a René Mendoza, exteniente del ejército salvadoreño destinado en la escuela militar Capitán General Gerardo Barrios y miembro del batallón Atlacatl, a quien se le atribuye la ejecución de los asesinatos.
En el caso de Mendoza, la fiscalía pide una pena de prisión de un año por cada uno de los cinco asesinatos, debido a aplicarle dos atenuantes por confesión y ofrecimiento de reparación de daños.
El requerimiento fiscal detalla que ambos imputados participaron en la decisión, diseño y ejecución de la masacre de los seis sacerdotes jesuitas, entre ellos Ignacio Ellacuría, quien en esos momentos se desempeñaba como rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) y las dos mujeres que les acompañaban.
El crimen fue perpetrado en la madrugada del 16 de noviembre de 1989 por integrantes del Batallón Atlacatl, tropa élite gubernamental que ingresó a las instalaciones de la UCA donde los seis sacerdotes jesuitas y sus dos empleadas fueron sacados de las habitaciones donde dormían y luego ejecutados en el jardín.
En 1991 cuatro militares acusados de ordenar las ocho muertes fueron condenados a prisión, mientras otros nueve resultaron liberados de los cargos.
El 14 de diciembre de 2,000, Juan Orlando Zepeda, viceministro de Defensa reafirmó su inocencia en el asesinato de sacerdotes jesuitas, acompañado de René Emilio Ponce, general retirado (fallecido). En ese año un juzgado de paz decidió no abrir un juicio a los jefes militares acusados de ser autores intelectuales de la masacre.
Este caso es de especial importancia debido a que muestra la necesidad de establecer una normativa clara e inclusiva que permita homologar la jurisdicción nacional con los tratados internacionales para investigar y enjuiciar crímenes y proteger a las víctimas.
