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@JoakinSalazar
El Juzgado Especializado de Sentencia A, de San Salvador, instaló la audiencia de vista pública en contra de 17 imputados, quienes son acusados de otorgar beneficios a favor de privados de libertad, durante el proceso de pacificación entre pandillas, que no está siendo juzgado, sino los ilícitos cometidos por los implicados.
El juicio o vista pública determinará al final del proceso inocencia o culpabilidad de los 17 implicados, entre estos el ex director de centros penales Nelson Rauda Portillo, el ex mediador de la tregua Raúl Mijango, el ex inspector general de centros penales Anílver Rodríguez.
Además, son procesados Juan Roberto Castillo Díaz, Carmen Elena Arévalo Mata, Sara Encarnación Hernández Orellana, Nancy Eugenia Escobar de Soriano, Arija Vanessa Tobar de Mendoza y Sandra Marilin Campos de Martínez.
También Ronald José Zúniga Velásquez, Clara Maribel Linares de Escobar, Maricruz del Carmen Hernández de Pacheco, José Antonio Meza Rodríguez, Feliz Antonio Ruiz Soto, Rigoberto Palacios Carrillo, Juan José Zepeda Mejía, José Adrián Abarca Molina y Miguel Ángel Abarca.
Todos los imputados, que gozan de medida sustitutivas a la detención, son acusados por la Fiscalía General de la República de Actos Arbitrarios, Agrupaciones Ilícitas, Introducción de Objetos Prohibidos a Centros Penales, falsedad ideológica.
Para la Fiscalía, los implicados son los responsables de acordar con pandilleros para favorecerlos en la introducción de teléfonos celulares, televisores y del traslado de algunos reos del penal de máxima seguridad a penales como Ciudad Barrios y Cojutepeque.
Entre las implicaciones realizadas en su primer día de audiencia destaca la petición de la Fiscalía que solicitó que se incluyan como prueba videos y audios de los imputados como prueba, no obstante el Juez rechazó dicha petición. De igual manera, el ex director de la Policía Nacional Civil (PNC) , Francisco Salinas y el Obispo Castrense Monseñor Fabio Colindres, fueron los primeros en declarar en la audiencia. Este último aseguró que en el proceso de la tregua no existió registro para entrar a algunos centros penitenciarios, entre ellos el de máxima seguridad en Zacatecoluca. Colindres aseguró que percibió la existencia de celulares en penales pero que nunca vio que los imputados entregaran celulares a los privados de libertad. Salinas afirmó que la Tregua era una política de Estado.
En su primer día de audiencia declararon cinco testigos, para hoy se espera que sean siete los que den su testimonio. El juicio se espera que dure, al menos, diez días y se sabe que declarará el actual ministro de Defensa David Munguía Payés.
