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Redacción Nacionales
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La Fiscalía General de la República (FGR) informó que este lunes 13 de enero inició el juicio contra José Ilofio García, diputado de la Asamblea Legislativa por Nuevas Ideas, acusado de aceptar dádivas “a cambio de favores políticos”. García, junto Gerardo Aguilar, son procesados por el delito de Cohecho Impropio, ante la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador.
Según el Ministerio Público, Ilofio García se encuentra prófugo de la justicia y con una orden de captura. Mientras que Gerardo Balmore Aguilar Soriano goza de la aplicación de medidas sustitutivas a la detención, ya que se había llegado a la conclusión de que no existe el peligro de fuga, porque él se ha presentado a todas las diligencias, además, un juez le suspendió condicionalmente el proceso judicial luego de llegar a un acuerdo con la FGR tras aceptar los hechos.
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó en marzo del año pasado el requerimiento fiscal contra los dos diputados desaforados de Nuevas Ideas, José Ilofio García Torres y Gerardo Balmore Aguilar Soriano, a quienes los acusa por el delito de cohecho impropio tras revelarse un audio el 30 de octubre 2021 donde supuestamente los funcionarios negociaban dádivas con Roy García, un exemisario de Nuevas Ideas en Estados Unidos.
La representación fiscal dijo en marzo del año pasado que la prueba principal era un audio que subió a Twitter a través de la cuenta oficial del partido político Nuevas Ideas, en este, se escuchaba a Roy García conversar con dos diputados en los cuales había un ofrecimiento por parte de García de ciertas dádivas con el objetivo de contar con su colaboración y sus votos (en el pleno legislativo), es así como uno de los imputados hicieron una contrapropuesta y solicitaron un estatus migratorio en Estados Unidos y que no se les incluyera en la Lista Engel.
Fue el 9 de febrero de 2021, que 61 diputados decidieron quitarle el fuero constitucional a ambos parlamentarios, que en todo el proceso de antejuicio no se asomaron y tampoco quisieron hablar con la prensa libre e independiente para conocer su versión de los hechos.
El Código Penal establece que el funcionario o empleado público, agente de autoridad o autoridad pública, que por sí o por persona interpuesta, solicitare o recibiere una dádiva o cualquiera otra ventaja indebida o aceptare la promesa de una retribución de la misma naturaleza, para realizar un acto propio de sus funciones o por un acto ya realizado propio de su cargo, será sancionado con prisión de dos a cuatro años e inhabilitación especial del cargo o empleo por igual tiempo.
