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Así como paulatinamente el gobierno del presidente Nayib Bukele está socavando los pocos avances de la institucionalidad democrática lograda tras el Acuerdo de Paz, que puso fin a una cruenta guerra civil de doce años, lo mismo está haciendo contra uno de los baluartes de toda democracia: la libertad de prensa y, con ello, el Derecho a la Información que tiene toda población.
Y es que al decretar la censura e imponer de 10 a 15 años de prisión a los periodistas o medios de comunicación que informen sobre el accionar de los grupos delincuenciales, llámense pandillas o maras, es un inicio de que este gobierno está dispuesto a callar a los medios, bien por la autocensura, es decir, por miedo al accionar gubernamental, o por la acción represiva, la captura y la prisión.
El desmoronamiento de la institucionalidad democrática inició el 9 de febrero de 2020, cuando el presidente Nayib Bukele llamó a sus turbas a tomar la Asamblea Legislativa “para sacar de sus curules” a los diputados que no obedecían sus órdenes. Al final, las turbas no ingresaron, pero sí los soldados y policías fuertemente armados. Ese 9 de febrero inició el proceso contra la democracia en El Salvador, y se inició un proceso para montar una dictadura, donde el poder total recayera sobre una única persona, es decir, en la figura del presidente Bukele.
Con el triunfo total que el pueblo le dio al presidente Bukele en las elecciones para diputados, pronto la Asamblea Legislativa se vuelve un instrumento exclusivo para Casa Presidencial, mejor dicho del presidente Bukele, y comienza su trabajo para garantizar el poder total al mandatario.
En primer lugar, en la primera sesión plenaria, la Asamblea bukeliana disuelve la legítima Sala de lo Constitucional y nombra a los suyos. En esa misma sesión remueve al Fiscal General de la República y nombra al suyo, el cual fue legitimado al ser reelecto.
Luego, la Asamblea aprueba un decreto enviado por Casa Presidencial, para que quite a un tercio de los jueces a escala nacional, en todos los niveles, mayores de 60 años o con 30 años de servicio, para nombrar a sus propios jueces.
La justicia, hoy, se dicta también desde Casa Presidencial, y el juez que desobedezca una directriz del jefe del Ejecutivo, inmediatamente es trasladado, sino es que despedido. Y así, los salvadoreños también se despiden de la frágil institucionalidad democrática lograda en 1992, al firmarse el Acuerdo de Paz, que puso fin a la guerra.
Lo sucedido el pasado martes 5 de abril, al decretar la censura, es otro golpe certero a lo que queda de la institucionalidad democrática, pero esto es solo el inicio.
La censura decretada el martes, al reformar un artículo del Código Penal, para imponer cárcel a los periodistas y medios que informen sobre el accionar de las pandillas y maras, que investiguen sobre este fenómeno de violencia estructural en El Salvador, es solo el inicio.
Es decir, por hoy, el presidente Bukele no quiere que los medios informen del fracaso de su plan de seguridad, que lo vendió como un programa exitoso al disminuir de la noche a la mañana el 50% de los homicidios.
El FARO, por cierto, se encargó de demostrar que la disminución del 50 por ciento de los homicidios no se debió al Plan Control Territorial (PCT), sino a una negociación entre personeros del gobierno y los cabecillas de los grupos delictivos.
La inefectividad del PCT quedó demostrada el sábado 26 de marzo, cuando uno de los grupos delictivos cometió 62 homicidios a nivel nacional, muchos de los asesinados no tenían nada que ver con algunos de los grupos delictivos, según versiones periodísticas, sino que se trataba de “civiles”.
La censura decretada el martes 5 de abril, y la amenaza de cárcel contra los periodistas y medios, solo busca que la ciudadanía no se informe, desde los medios independientes, de la existencia de los grupos delictivos proscritos, ni de su accionar criminal, pues la lógica de las reformas al Código Penal es que por decreto desaparezcan en esos grupos.
Es cierto que gran parte de la ciudadanía aplaude las redadas que la policía y los soldados están haciendo a sospechosos de ser parte de pandillas, y de ahí que no se fijen en las capturas de gente que no sea parte de esos grupos, pero viven en las comunidades donde estos han nacido y crecido y, por tanto, si se están violando derechos o no, no le importa.
No obstante, esta forma de accionar represiva, tarde o temprano, será generalizada, pues cuando se busca erradicar problemas estructurales sólo con represión, pronto se decanta en procesos generalizados de violaciones a los derechos humanos.
También es cierto que, en la medida en que el gobierno fracase en otras áreas, como la económica, o la falta de políticas sociales en las comunidades, el mismo gobierno recurrirá a más censura. Es decir, hoy la censura solo es para el tema de los grupos delincuenciales, mañana será la censura a la crítica general del gobierno. Y, entonces, se le impondrá un yugo y una mordaza total al pueblo, a menos que aquellos de los diferentes círculos sociales desempolven la consigna de los años 70 y 80 de: “A más represión, más lucha”.
