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@JoakinSalazar
Afectaciones psicológicas y de salud física son el resultado para más de 200 personas que se quejan de la intimidación del Juzgado de Paz de Antiguo Cuscatlán, que les amenaza desde la semana pasada con el desalojo del terreno en el que han vivido por 40 años, pero que la familia Dueñas lo reclama.
Desde tempranas horas de este lunes, vehículos con personal de la Policía Nacional Civil (PNC) llegaron hasta la Comunidad El Espino, cumpliendo las órdenes del Juez de Paz, que amenaza desalojar a 74 familias, en su mayoría niños, niñas y adultos mayores.
En el transcurso de la mañana, en una oficina improvisada, el Juez de Paz José Antonio Palma Trejo, se instaló rodeado de seguridad y trabajadores que esperan la orden para la ejecución de desalojo, y destruir las casas de lámina de estas familias.
“Todo el fin de semana hemos estado viviendo una presión psicológica, preocupación es lo que ha habido, desde temprano está un Pelotón de la UMO, sábado y domingo no ha tenido vida social ni familiar el Juez, aquí ha estado. Estamos preocupados por no tener para donde irnos y la presión de que nos vayamos”, explicó Morena Inglés, representante de la comunidad El Espino.
Las familias afirman que tienen 40 años de vivir en las tierras, no han tenido un contacto con nadie del Gobierno en turno, pese a que el mandatario instara a las entidades competentes ejecutar acciones de diálogo. “No se puede detener el desalojo, solamente la Sala de lo Constitucional es la encargada de detener el desalojo, puesto que le hemos interpuesto un amparo para que nos permita quedarnos en nuestras casas”, agregó.
De igual manera “estamos esperando que nos resuelvan este problema y que le den al Gobierno tiempo para que nos ayude, para obtener los títulos de propiedad, para que el Gobierno nos mueva y dejarle el terreno a la familia Dueñas, que es lo que ellos pelean”.
En la comunidad El Espino, un muro de cemento ha iniciado a construirse, presuntamente por órdenes de la Familia Dueñas, poco o nada pueden hacer las 74 familias que hoy les aqueja la situación, que los deja sin hogar estable, incumpliendo uno de los principales derechos fundamentales.
Pese a la lucha de estas familias, el Juez de Paz ordenó que se proceda al desalojo que inició esta mañana, principalmente con familias que aceptaron irse del lugar, presuntamente al recibir ocho mil dólares.
Fidel Portillo es una de las familias que hicieron efectivo su desalojo de manera voluntaria, por falta de respuesta del Estado. Portillo afirmó que tenía 32 años de vivir en la comunidad El Espino, se trasladará hasta San Vicente. Además, dijo que perdió su trabajo por esta situación.
