Diario Co Latino 133 años informándote con credibilidad
Artículos relacionados
Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“Se debe hacer justicia en este país, y si lo jueces no lo están haciendo cometen el delito de prevaricato (resoluciones arbitrarias contraria a la ley). Ese juez o magistrado que dicta una sentencia por ignorancia o parcialidad está prevaricando”, expresó Ovidio Mauricio González, director de Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, al citar que en el caso de los cinco ambientalistas hay “manipulación de la justicia”.
“En algún momento podremos denunciar a estos jueces y magistrados en tribunales internacionales. Es más, nosotros hemos mandado ya a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) este caso, que es una manipulación clara de la justicia”, agregó Mauricio.
Diversas organizaciones del movimiento social salvadoreño endosaron su apoyo y solidaridad a la comunidad Santa Marta y su organización ADES, sobre todo a los líderes Miguel Ángel Gómez, Alejandro Laínez García, Pedro Antonio Rivas Laínez, Saúl Agustín Rivas Ortega y Teodoro Antonio Pacheco, quienes enfrenta un proceso amañado desde el día de su captura, hace más de un año.
El director de Tutela Legal “MJH” consideró que la Fiscalía se ha presentado con un caso que tiene un sólo testigo que declaró que “escuchó y que le contaron”, y que sin presenciar ese hecho se le ha considerado “testigo de cargo” en ese proceso penal.
“Esa declaración debe ser desechada del proceso ¿Por qué?, fue tan claro ese testimonio que cuando fue a señalar el lugar donde supuestamente fue enterrada la persona, no se encontró la osamenta. Y que más clara esa prueba, y que ahora es pertinente que lo dicho por el testigo se debe desvirtuar ”, afirmó.
“Creemos que van a conminar a que presente pruebas (Fiscalía), pero ¿cuánto tiempo lleva ya?, la Fiscalía no ha encontrado otra prueba, y no se puede basar una sentencia sobre una mentira de un testigo o si fuera verdad, esto debe estar rodeado de otras pruebas para que le den firmeza a esa declaración”, reiteró Mauricio.
AMBIENTALISTAS DEFIENDEN LA VIDA
Morena Murillo, directora del Foro Nacional de Salud (FNS), expresó su “total rechazo a la ilegalidad de ese proceso judicial”, y exigenció el respeto al debido proceso y la independencia judicial.
Los cinco líderes comunitarios de Santa Marta son personas que siempre han defendido la vida, son personas que siempre han defendido los ecosistemas, y que están impidiendo que se reactive la minería en nuestro país, dijo Murillo.
“Seguimos exigiendo el fin de la instrumentalización de la justicia para perseguir penalmente a nuestros compañeros ambientalistas, por tanto, rechazamos la ilegal e injusta decisión de la jueza de instrucción María Elizabeth Amaya, de elevar el caso a Vista Pública”, reiteró Murillo.
En cuanto a los dos Recursos de Apelación a la sentencia ante la Cámara Penal de Cojutepeque, Murillo expresó que este tribunal “tienen en sus manos la posibilidad de corregir este error del sistema judicial”. Por lo que invitó a los magistrados a revertir el abuso cometido contra los defensores del medio ambiente de Cabañas, quienes han sido criminalizados por defender su territorio y el ecosistema.
Caso Santa Marta e intereses económicos y políticos
“Este proceso no tiene base jurídica, si se estuvieran respetando el proceso judicial, pues nuestros compañeros ya estarían absueltos y deberían estar en sus casas siguiendo sus luchas por la vida. Sin embargo, existe la instrumentalización del sistema de justicia por intereses económicos”, afirmó, José Luis Magaña, de Panorama Económico y la Red Continental por la Paz.
Las resoluciones judiciales que se han dado alrededor del Caso ADES-Santa Marta han confirmado públicamente la “falta de independencia judicial”, y una fuerte instrumentalización de la justicia para la población salvadoreña y que ha trascendido internacionalmente.
Estamos ante un sistema judicial que da prioridad a intereses económicos que a la verdad y la justicia. Entonces, este caso sólo demuestra que lo que está atrás es una búsqueda de interés económico y el intento de regresar a la minería metálica a El Salvador, argumentó.
“No olvidemos que desde el 2021 el gobierno salvadoreño está participando del Foro Intergubernamental de Minería y Metales; que la Dirección de Hidrocarburos y Minería se le sacó del Ministerio de Economía, se hizo autónoma, y le asignaron un presupuesto de $4.5 millones, y en la relación de propósitos decía explícitamente reformas a la Ley de Prohibición de Minería Metálica”, advirtió Magaña.
Agradecens el acompañamiento
Vidalina Morales, lideresa de ADES Santa Marta, agradeció el apoyo de todas las organizaciones en defensa de sus líderes comunitarios, señalando que a casi 16 meses de este proceso judicial, continúan en la lucha por su libertad total.
“Este proceso de arbitrariedad contra nuestros compañeros nos deja en evidencia como actúa hoy este sistema de justicia. En la última audiencia (10 de abril) esperábamos un resultado favorable, puesto que no hay pruebas. Las peticiones de su libertad han sido infinitas junto a voces potentes de organizaciones nacionales e internacionales que exigieron su libertad”, sostuvo.
“El caso de nuestros compañeros, cada día que pasa, deja en evidencia por donde camina la justicia en El Salvador -tengo que recordar a San Romero- quien dijo que la justicia es como la serpiente, que sólo pica al descalzo, en aquél momento difícil de la guerra y ahora se vuelve a repetir”, reiteró Morales.
La lideresa reseñó el trabajo de los cinco ambientalistas, quienes son “pilares fundamentales para el desarrollo de esta comunidad de Santa Marta”, pues por la lucha que libraron contra la industria extractivista en Cabañas, por 12 años, se pudo decretar una Ley de Prohibición de la Minería Metálica en El Salvador.
“Que más claro testimonio podemos dar al trabajo de nuestros compañeros, que han asumido en esta sociedad por alcanzar mejores condiciones de vida, apostándole a la defensa de los derechos comunes y luchar contra proyectos extractivistas que afectan al medio ambiente”, acotó Morales.
“Está pendiente la Vista Pública, porque la jueza María Elizabeth Amaya bien fácil se lavó las manos como Pilatos, porque pudo y tuvo en sus manos la posibilidad que los compañeros salieran en libertad, pero no lo hizo. Y decidió pasarlo a otro tribunal, y no sabremos cuáles serán los resultados es un momento muy tenso como comunidad y organización, pero estamos claros de su inocencia y seguiremos denunciando este atropello”, puntualizó Morales.
