Licenciada Norma Guevara de Ramirios
La iniciativa oficialista para aprobar una “ley de agentes extranjeros” constituye un abuso y cierre de posibilidades de cooperación internacional.
La cooperación internacional beneficia principalmente a comunidades y sectores que defienden y promueven conciencia ciudadana y defensa de derechos humanos.
Es un paso más para criminalizar la crítica contra el régimen autoritario, un golpe a la existencia de organizaciones no gubernamentales que se dedican a profundizar el conocimiento de temas concretos, o a aliviar las carencias de comunidades.
Las organizaciones no gubernamentales, las iglesias, los gobiernos municipales, las entidades de servicio, universidades, y a veces las propias entidades estatales, eventualmente son vehículos para que la cooperación internacional llegue directamente a la gente. Pues existen países cuyas leyes establecen como deber suyo, la cooperación.
A la llegada de la nueva legislatura con mayoría al servicio del presidente Bukele, se ha tratado de denigrar y criminalizar a las ONGs, eliminando las transferencias de fondos gubernamentales a quienes pueden desarrollar actividades y servicios complementarios en educación, salud, desarrollo democrático, económico y participación ciudadana.
Para ello impulsan la propaganda contraria a las ONGs, la persecución a sus directivos y ahora incluyen, en esa persecución, a posibles donantes no nacionales, bajo el pretexto de que su apoyo constituye injerencia extranjera.
Se pide clasificar a agentes extranjeros, multarles, cancelar organizaciones, imponer cárcel; con esas amenazas, formuladas además de modo ambiguo, se busca intimidar y provocar el cierre de este tipo de organizaciones, que llevan décadas sirviendo a la gente.
Además, confiscar cualquier donación a las mismas con un impuesto de 40% del valor recibido, esto es ocho veces más oneroso que lo que pagan las empresas grandes, tal es el cálculo de expertos en economía financiera.
Entidades de Naciones Unidas, la CIDDH, y otros, han exhortado a los diputados abstenerse de aprobar la citada ley.
En la práctica, esa aberrante pieza legislativa se convertiría en un monumento a la arbitrariedad, y a la hora de juzgar si una opinión vertida por beneficiarios o ejecutores de proyectos en los que exista apoyo de un donante, incluso salvadoreños en el exterior, y si son críticos de las acciones o de omisiones de la gestión gubernamental, puedan ser motivo de sanciones.
Es decir, que servirá como una herramienta para la censura y anulación de derechos a la libre expresión.
Una organización internacional de cooperación, que quiera apoyar a una ONG para que comunidades determinadas puedan aprender cómo cultivar con abonos orgánicos, por ejemplo, podría verse con el hecho de que los beneficiarios critiquen las leyes que permiten el uso de fertilizantes o fungicidas prohibidos internacionalmente; eso podría ser considerado “injerencia extranjera”, al promotor de un proyecto así se le calificaría como “agente enemigo” y al donante igual.
¿Qué puede resultar de esto? Lo que ya empezamos a ver con el anuncio de la Embajada de Alemania, en el sentido de que suspende la calificación de proyectos que le han sido presentados.
Hoy son las ONG, pero adelante podrá ser el maestro al que se le prohíba apoyarse en la libertad de cátedra, o un médico al que se le prohíba recetar determinado producto que no convenga a las empresas que estén fuera del círculo de gobierno.
Las consecuencias de esa propuesta de ley, que ya fue dictaminada por la comisión respectiva, confirma que estamos en presencia de un gobierno que aceleradamente se convierte en régimen dictatorial.
El diccionario define la injerencia política como opiniones que pueden ir desde la presión diplomática, hasta la intervención militar. Esto llevaría a suponer que todas las entidades que donen algo al país amenazan al gobierno de turno.
Eso es falso, lo que buscan es anular toda forma de organización, de procesamiento de información, de creación de pensamiento, de presentación de demandas con fundamento; porque la dictadura necesita la máxima libertad para imponer miedo, silencio, inacción y obediencia, como ya lo están haciendo con sus propios diputados.
Las opiniones contrarias a los actos políticos de un gobierno por parte de sus propios ciudadanos, no constituye injerencia extranjera, como quiere establecerse en ese decreto.
Los ciudadanos y ciudadanas tenemos derechos consagrados en la Constitución y en normativas internacionales de derechos humanos, que gobiernos en el pasado suscribieron y que tienen fuerza superior a las leyes nacionales.
Esos derechos, como los derechos humanos, económicos y sociales, son aplicables en el país desde que fueron suscritos y ratificados, mucho antes que naciera el presidente o el más viejo de sus funcionarios.
Además, alrededor del Presidente y entre los diputados, se han preguntado ¿cuántos de ellos y ellas, en algún momento fueron parte de alguna de esas entidades que recibieron o reciben apoyo exterior?
Y las ganancias de los especuladores que juegan con el Bitcoin, serán consideradas producto de injerencia extranjera?