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Luis Ponce
Joakin Salazar
@DiarioCoLatino
Rodil Hernández, director general de Centros Penales, fue acusado formalmente ante el Juzgado Cuarto de Instrucción, donde fue presentado el requerimiento, por los supuestos delitos de Malversación de Fondos y Actos Arbitrarios.
Hernández llegó con total tranquilidad y con amplia custodia policial, entre sus pocas palabras el Director externó: “Soy inocente, las pruebas que ha presentado La Fiscalía yo mismo se las di”. Palabras que son respaldadas por el Gobierno Central que espera que el Director demuestre su inocencia en el proceso judicial.
La audiencia inicial fue programada para el jueves próximo a las 10:00 de la mañana y la Fiscalía ha solicitado al juzgado que se le mande a instrucción formal con detención provisional; mientras que la Defensa espera poder llevar el proceso judicial en libertad condicional.
Además, confirmó que el ex Director Nelson Rauda ya fue intimado por los mismos delitos que enfrenta Hernández.
Y es que la Fiscalía General de la República (FGR), giró la orden de detención administrativa para Nelson Rauda y Rodil Hernández, ex titular y titular de la Dirección General de Centros Penales (DGCP). Los delitos por los cuáles se les acusa son actos arbitrarios y administración fraudulenta. Esto referido a la utilización del dinero proveniente de las ganancias de las tiendas institucionales que habrían sido usadas para el pago de inteligencia y otras actividades relacionadas a la seguridad.
Según Allan Hernández, director de áreas especializadas de la FGR, el monto del supuesto mal manejo de fondos asciende a 5.6 millones de dólares. Las investigaciones se han basado en pruebas periciales, documentales y testimoniales, información facilitada por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, la DGCP, FGR y población privada de libertad. En ese sentido, el periodo analizado comprende los años 2012 y 2014.
La base legal en la cual se enmarca la investigación es en la violación al artículo 152 del reglamento de la Ley Penitenciaria, el cual establece que las ganancias de las tiendas institucionales, deben ser directamente para beneficiar a la población reclusa, sin embargo, según la FGR, en gran medida fue destina para otros gastos. Hay que acotar que estas tiendas son las que ofrecen artículos personales a la población interna, para adquirir éstos cada reo tiene un pin donde la familia deposita dinero, máximo 150 dólares al mes, Además, dentro de estos negocios existen precios muy altos para los artículos, esto según Hernández, a efecto de garantizar que las tiendas tengan altos beneficios económicos, ganancias, permanentemente.
Como elementos probatorios la FGR presentó un oficio con fecha 13 de junio de 2016 donde la DGCP responde a solicitud de ésta institución que los gastos de inteligencia los autoriza el Ministro de Seguridad de forma verbal, que paga fuentes informantes que permiten detectar amenazas en los centros penales, no existe manual de manejo de fondos, y que el pago proviene de las tiendas.
En ese sentido, la FGR asegura que tanto el manual como la Ley Penitenciaria, así como su reglamento, jamás habilitan para pagos de está naturaleza. Hernández agregó que tanto David Munguía Payés como Benito Lara, Ricardo Perdomo y Mauricio Landaverde han ratificado que jamás autorizaron la erogación de los fondos provenientes de las tiendas para gastos de inteligencia y otros aspectos.
Otro de los elementos bajo el cual se realiza la investigación es una auditoría del Ministerio de Justicias y Seguridad Pública, que deja a descubierto, según la FGR, que los controles en las tiendas son débiles y los gatos de inteligencia no cuentan con respaldo alguno, y aunque se han presentado algunos recibos, las firmas son ilegibles. En dicha acción auditoría se recomendó legalizar los fondos de las tiendas usando los siguientes criterios para el presupuesto 2016: creación de fondo de actividades especiales para tiendas institucionales, creación de asociación sin fines de lucro, que incluya población interna, así como la creación de un fondo especial. En ese sentido, hay certificación de 108 cheques del Banco Agrícola, a nombre de Tiendas Institucionales de Centros Penales, mismas que prueban la erogación, según la FGR, de fondos de las tiendas tal como describieron los testigos.
Guadalupe de Echeverría, jefa antipandillas, señaló que la investigación viene desde hace un año y se originó en el registro con prevención de allanamiento que se efectuó en la DGCP.
Dentro de los rubros donde presuntamente se mal utilizó el dinero de las tiendas se encuentran: planillas salariales, $4.4 millones; bonos, $336 mil; complementos salariales, $315 mil, indemnizaciones, $102 mil; entre otras categorías. Según la FGR, dentro del rubro de planillas, personas que recibieron dinero fueron algunas que trabajaban con Raúl Mijango, en la llamada tregua. Según la FGR, el motivo de presentar la investigación en estos días es porque los delitos por los que se le acusan a Nelson Rauda prescribían el 30 de mayo, es decir, 4 años después que interpuso su renuncia al cargo. Según Echeverría, la recaudación, custodia y administración de fondos generados en las tiendas penitenciarias deben ser destinadas a programas a favor de los reclusos.
Ante esta situación, que enfrenta el Director General de Centros Penales, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública informó que Orlando Elías Molina Ríos, fue nombrado como Director Interino, mientras que Rodil Hernández enfrente el proceso judicial, que a juicio de varios sectores sociales y políticos es un proceso para tratar de opacar temas como las “Bonificaciones Especiales” entregados a ex funcionarios areneros y el uso de la partida secreta.
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