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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
Las copiosas lluvias entre el 15 al 19 de octubre recién pasado impactaron de lleno a las comunidades del Bajo Lempa, municipio de Tecoluca, San Vicente, con las inundaciones que sumergieron sus cultivos y vulneraron aún más sus precarias condiciones de vida, por la inminente inseguridad alimentaria que se evidenciará para el 2020.
“Nosotros le decimos agua negra porque ya está muerta, quedó encharcada y en algunas partes está hondo por las inundaciones; cuando venimos a ver la comunidad y en qué podíamos ayudar en algunas partes, el agua le llegaba al pecho a la gente. Lo duro es ver ahora cómo termina la gente con hongos en la piel y cultivos perdidos, esto es grave”, explicó Sonia Guadalupe Hernández, promotora de CRIPDES en el Bajo Lempa, San Vicente.
Para esta promotora rural, una de las fallas más significativas fue la ausencia de participación de la Comisión Municipal de Protección Civil, cuyo engranaje con las comunidades se desactivó en los momentos más comprometidos de las inundaciones, al no generar acciones de campo como le manda la Ley Nacional de Protección Civil.
“No levantaron los edanes (evaluación de daños a cargo del gobierno municipal -EDAN-), la gente tuvo que salvar su vida sola y esto no queda allí, que ya se secaron algunas partes de los territorios, porque en el próximo 2020 sufriremos de lleno las consecuencias con la pérdidas de los cultivos del maicillo, ajonjolí, hortalizas, maíz y frijol, así como los animales de corral; la gente ni tendrá algo para una comida decente en estas fiestas de fin de año. Lamentamos que no hubo una respuesta, no hay un dato concreto de los daños, de las pérdidas de cultivos y las aves de corral; esto no lo hizo el gobierno municipal, lo que consideramos una negligencia”, explicó.
Sobre la autoevacuación, Hernández señaló que algunas comunidades, incluso, tuvieron que tomar de sus mismos fondos para instalar, alimentar y procurar los kits de aseo personal de la población afectada y que demandaban atención médica, entre otros recursos básicos.
“La comunidad se dividió en grupos y cada quien dio un poquito de lo que tenía para proteger a la gente; pero se necesitaba una logística más amplia, porque a la gente no le gusta irse totalmente de la zona, por temor a los ladrones que les pueden terminar de quitar sus pocas pertenencias; entonces se vienen a la casa comunal y de allí salen charqueando a verificar su casa y vuelven. Se necesita de nuevo el trabajo entre comunidades, alcaldía y gobierno central. Y demandamos al gobierno municipal retomar las alertas que corresponden, mandar la ayuda, cumplir los protocolos y que declare emergencia, para contar con fondos y agilizar la respuesta en las comunidades”, reflexionó.
Sobre las comunidades del Bajo Lempa, Xenia Marroquín, directora ejecutiva de ASPRODES reconoció que es una zona de vulnerabilidad que frecuentemente es afectada por la inundaciones o sequías extremas, que afecta cultivos y salud de las familias que merecen una atención permanente con visión integral.
“Recientemente, como refieren los afectados, la inundación de octubre continúa generando problemas a estas comunidades en sus medios de subsistencia, es por esto que insisten en que no solamente se trata de una declaratoria de emergencia o alerta y luego desaparecen los problemas. Los efectos los siguen viviendo en estas comunidades y de la manera más dura por la incertidumbre del próximo año, que apunta a la inseguridad alimentaria; entonces, esto continúa, es una realidad a escaso mes y medio de que ocurra”, manifestó.
En cuanto al “rompimiento del engranaje de Protección Civil”, que señalaron los directivos de la ADESCO, Marroquín consideró que era una falta grave en el Sistema Nacional de Protección Civil la ausencia del “delegado departamental o gobernador”, que son nombramientos a cargo del Ministerio de Gobernación y Ordenamiento Territorial.
“Esto ha generado una situación de inoperancia, y como ha expresado la gente, esta situación es grave, es como un resquebrajamiento del Sistema Nacional de Protección Civil; existe un sistema que ha estado funcionando con sus falencias y todo, pero ha venido funcionando.
Pero, actualmente al carecer de estos delegados estratégicos para atender a la población eleva el nivel de riesgo de las familias. La inundación se controló en las comunidades porque la gente se activó por sus propios medios, y el apoyo de las organizaciones locales que tienen presencia en la zona como CRIPDES, que han respondido de manera rápida, o ProVida que han acudido a atender a las poblaciones en sus necesidades. Y no olvidemos el nivel organizativo que tienen estas personas, que les ha permitido responder por sí mismas”, indicó.
ASPRODES se encuentra realizando un estudio sobre el impacto ambiental que han sufrido las comunidades en el municipio de Tecoluca, provocando el incremento de vulnerabilidad, a partir de la expansión del cultivo de la caña de azúcar, recopilando testimonios de comunitarios que han identificado variaciones en la línea del tiempo desde su llegada a la zona.
“Nosotros con el estudio básicamente hacemos una serie de recomendaciones a gobiernos municipales y al gobierno nacional a tomar medidas de cómo atender las necesidades de las comunidades, y no se está dando una atención sistemática. Creo que es imperante atender esta temática, porque la situación del país lo demanda”, enfatizó Marroquín.
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