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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
“La región es considerada altamente vulnerable, debido a que gran parte del territorio se ubica en el Corredor Seco Centroamericano, que se suma a la crisis climática, violencia social e inseguridad alimentaria, que también genera migración”, manifestó Magdalena Cortez, secretaria ejecutiva de la Concertación Regional para la Gestión de Riesgo (CRGR).
En su posicionamiento público por la crisis global, regional y de nación, las organizaciones que integran la CRGR señalaron los puntos débiles de los gobiernos centroamericanos que eleva la vulneración de los pueblos y exacerba el drama humano de la migración de los cuatro países, de una manera sin precedentes en los últimos años.
Para Cortez, un escenario que agrava esta crisis es la corrupción, al citar el Informe de Transparencia Internacional, que junto a la opacidad de la gestión pública, la oposición a la fiscalización social sobre el quehacer gubernamental, están afectando directamente a amplias poblaciones vulnerables.
“Nos preocupa que el gobierno de los Estados Unidos haya firmado convenios bilaterales para nombrar a Honduras, El Salvador y Guatemala como países seguros para devolver a los migrantes en su tránsito hacia ese país del norte, en detrimento de los derechos humanos de los migrantes y a costa de la población centroamericana, que ya viven en situación crítica de índole sociopolítica y medioambiental”, enfatizó.
Las consideraciones de la CRGR no han sido desatendidas de otros organismos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quienes en visita en diciembre pasado, y luego de más de tres décadas sin invitación en el país conocieron de diversas problemáticas, para emitir un Informe Preliminar, antes que se publique el “Informe País”, en el que destacan la necesidad “urgente” de atender estas crisis sociales.
En su pronunciamiento, la CIDH consideró apropiado que el Estado salvadoreño, apruebe un marco normativo integral sobre desplazamiento forzado, que incluya soluciones duraderas y se garanticen el acompañamiento y asesoría en mecanismos integrales de coordinación que protejan los derechos humanos.
“En el año 2019 e inició del presente año, las personas detenidas en la frontera entre México y Estados Unidos por patrullas fronterizas, fue de 89,003 migrantes. De los cuales, 42,757 son guatemaltecos, 33,824 hondureños y 12,422 salvadoreños. Mientras en la niñez no acompañada la cifra es de 34,468, de los cuales 20,701 son guatemaltecos, 9,987 hondureños y 4,780 salvadoreños.
La crisis humanitaria en Centroamérica es una realidad y afecta también a México y Estados Unidos, con el aumento de solicitudes por asilo de los tres países que conforman el Triángulo Norte”, explicó Cortez.
Asimismo, expusieron que las organizaciones sociales, la cooperación internacional y organismos humanitarios, siguen enfocando esfuerzos para realizar intervenciones en esta crisis humanitaria, provocada por la mano del hombre, ya sea por falta de planificación del desarrollo o la alta deforestación y monocultivos que genera la
sobreexplotación del recurso hídrico, que termina generando inseguridad alimentaria y migración.
Guido Calderón, de Convergencia Ciudadana para la Gestión de Riesgo de Guatemala indicó que de recientes estudios junto a OXFAM, han podido constatar la relación directa entre inseguridad alimentaria y migración, que ha generado hasta un 38.1 % de hogares que viven en el corredor seco en el país vecino, y que tiene similar lectura en
Honduras y El Salvador.
“Dentro de la clasificación de inseguridad alimentaria, cinco de diez hogares que migran a Estados Unidos, se va el hombre en inseguridad alimentaria leve, cuando la inseguridad alimentaria es moderada y comienza a afectar a la familia, entonces migra la esposa y cuando se eleva a nivel grave, ya no migró nadie porque se quedaron sin recursos. Entonces cuando los gobiernos hacen política pública, deben prever que este factor es causa de migración, así como la generación de empleo, de seguridad pública, es donde se debe enfocar la atención”, argumentó.
Para la CRGR, es posible reducir la migración al reducir la inseguridad alimentaria de los hogares con población vulnerable, en donde la mujer juega un papel importante en el equilibrio e
integración del núcleo familiar.
Roberto Dimas Alonso, de la Mesa Nacional de Incidencia para la Gestión de Riesgo de Honduras lamentó el alza en cuanto a los casos de detención de migrantes, que sobrepasó los 40.000 entre 2019 a enero de 2020, sin ninguna solución a corto plazo, para estas familias y personas, que emprenden su viaje hacia Estados Unidos.
“Tenemos un segundo problema que son los retornados, solo el año pasado fue de 61,000 personas, y este número se incrementó de un 43 % al compararlo al año 2018, y también tenemos la migración invisible -la que no se nota- porque es migración interna dentro de los países, que en los últimos catorce años se ha registrado alrededor de 250,000 desplazados dentro del territorio hondureño”, señaló.
José Ángel Cruz, de la Mesa Nacional de Incidencia para la Gestión de Riesgo de Nicaragua consideró que el escenario actual de la región es un “modelo económico insuficiente”, que mina las democracias y cuyos gobiernos no pueden implementar a beneficio de la población.
“Hay muchos procesos con poca transparencia en la gestión pública en la región -y claro- esto ha venido impactando más fuerte y obviamente
aumenta los riesgos de las pueblos centroamericanos por el incumplimiento de deudas sociales históricas. Nosotros planteamos que se deben desarrollar políticas inclusivas en la región, que incorpore a la población rural, y hacemos causa común con toda la región”,
puntualizó.
