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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“La crisis alimentaria que tiene el departamento de Sonsonate es más alta por la pérdida de cultivos como maíz y frijol, que se arruina por las lluvias que los pudre. Y mucho más, cuando la cosecha es tardía del mes de mayo”, dijo Marisol Cortez, de la Mesa Departamental de Salud de Sonsonate.
La Fundación Maquilishuat, junto a la Mesa Departamental de Salud de Sonsonate, en el marco del Proyecto Mujeres Sonsonatecas Mejorando sus derechos desde un enfoque integral sostenible, realizó un taller sobre los resultados del análisis jurídico sobre la situación de seguridad alimentaria y la propuesta de Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional.
Sonsonate, en cifras de la municipalidad, indica que un 41,5% de su población enfrenta situaciones de “pobreza alta-severa” que genera una “baja calidad de vida” de sus pobladores. En materia de empleo reportan que un 56,5% trabaja en condición de “subempleos o inestabilidad laboral” que resalta por tasas elevadas del “empleo informal” que trae a futuro una masa poblacional del 70,1% sin acceso a seguridad social y de esta situación las más afectadas son las mujeres.
En este marco de vulnerabilidad que se elevó por la pandemia del COVID-19 (2020), de las cuales persisten las secuelas en todos los ámbitos, FUMA y la Mesa Departamental de Salud de Sonsonate demandaron medidas urgentes y concretas como eliminar el Impuesto del Valor Agregado (IVA) a los productos que integran la Canasta Básica Alimentaria, a fin de permitir la supervivencia de miles de familias a lo ancho y largo del país en situación de vulnerabilidad social y económica.
Marisol Cortez, lidereza de la Mesa Departamental de Sonsonate, expresó su preocupación que viven como departamento y en específico las mujeres porque por patrones culturales son las encargadas de resolver la seguridad alimentaria de su grupo familiar.
“La vida de las mujeres es cada día más difícil porque cuidan al núcleo familiar y no tienen acceso o posibilidades de obtener una alimentación digna para cada familia”, afirmó. “Como integrante de la Mesa Departamental de Sonsonate y del Foro de la Salud, analizamos las determinantes sociales y vemos con preocupación que no se garanticen los derechos de miles de familias del país. No contar con agua potable, una casa digna o la seguridad alimentaria preocupa”, sostuvo Cortez.
Otro de los hallazgos del análisis jurídico de la situación de seguridad alimentaria, destacó el cambio climático y como estos fenómenos impactan a Sonsonate, como la escalada de urbanización de tierras de uso agrícola que impermeabiliza los suelos, dejando como consecuencia inundaciones de asentamientos humanos.
“Existe una construcción de urbanizaciones y centros comerciales que son enfocados al desarrollo pero para las grandes empresas, no así para las comunidades. Lo que significa menos tierras, menos espacios para cultivar los alimentos que se producen para subsistencia, porque si las personas no tienen esa agua para regar en verano sus hortalizas eleva la grave situación de seguridad alimentaria”, reiteró Cortez.
Asimismo, señalaron que la falta de tratamiento de las aguas residuales de estos centros comerciales y urbanísticos afectan directamente los ríos y las especies que viven en ellos, ya sea por materia de heces fecales, como agroquímicos provenientes de monocultivos como la caña de azúcar.
Mientras, Mercedes Sánchez, quien formó parte de la investigación sobre la situación de inseguridad alimentaria, acotó que es difícil abordar temas de nutrición o salud, cuando la Asamblea Legislativa ha evadido discutir el contenido de la Ley de Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional, que daría un marco jurídico de protección a la población.
“Al no darle un seguimiento al anteproyecto de la Ley de Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional, pues han venido a afectar a nuestros niños y niñas porque al no tener acceso a tierras, al no contar con semillas nativas, están contribuyendo a la inseguridad alimentaria de la niñez y adolescencia, porque la nutrición no es sana y caemos en la desnutrición”, señaló.
La presencia del monocultivo de la caña de azúcar en Sonsonate, también, fue considerado como un factor de impacto para la población que vive en los entornos y las agriculturas de subsistencia familiar.
“Los ingenios siguen regando el glifosato (veneno) por avioneta y eso afecta mucho porque esos agrotóxicos caen en los ríos y el agua ya contaminada se expande a otras municipalidades dañando los pequeños cultivos y las especies que viven en sus aguas”, reiteró Méndez.
Sin una Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional, consideró Méndez, se encuentran desprotegidos por la ausencia de estrategias productivas municipales o nacionales con enfoque agroecológico que promocionen y fortalezcan el derecho a la alimentación nutritiva, al agua potable y la salud, como principales aspectos para una vida digna de la población.
“El agricultor y agricultora los han dejado en el olvido y la población más afectada es la niñez porque hay más costos de salud, por la ausencia de políticas que mejoren la alimentación y salud de nuestros niños y niñas”, afirmó.
“Y es preocupante que el Sistema de Salud, reporte el aumento de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, enfermedad renal, que impacta a nuestra niñez y adolescentes. Estamos hablando de la temprana edad, pero sabemos que se debe a los niveles altos de contaminación del suelo y el agua, ante la falta de cultivos sanos”, observó Méndez.
Sobre la propuesta al gobierno desde la Mesa Departamental de Salud de Sonsonate, junto a FUMA, Méndez expresó que va enfocada al tema de los derechos humanos en materia de la producción de alimentos a nivel nacional a fin de crear una reserva de alimentos. Asimismo, a la creación de “programas nacionales y municipales” de rescate de semillas nativas y promover la producción y uso del “abono orgánico” como elemento fundamental de la Seguridad Alimentaria de la población salvadoreña.
