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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
“El desarrollo económico es una irrupción brutal contra el medio ambiente y las comunidades”, expresó Sara Guardado, representante de la Mesa por la Sustentabilidad por el Agua y el Medio Ambiente de Ahuachapán, al referirse al balance de año 2020, en el que destaca el impacto depredador en cuencas hidrográficas, bosques y la lucha por el agua.
La socialización del balance a cargo de las comunidades que integran la Mesa por la Sustentabilidad por el Agua y el Medio Ambiente de Ahuachapán (MESAMA) y la Mesa por la Sustentabilidad de los Territorios de Sonsonate (MESUTSO), da cuenta sobre el deterioro de la biodiversidad en los territorios del Occidente del país, sin que a la fecha los marcos normativos ambientales o el sistema judicial den respuesta a sus demandas.
Sara denunció que en la zona Sur de Ahuachapán, la mayor problemática de las comunidades es el monocultivo de la caña de azúcar, que afecta los ríos Cauca y El Rosario, afluentes de la barrera del manglar, arrebatándole el agua dulce al ecosistema, que necesita agua salobre una mezcla de agua salada y dulce. “Los permisos que sigue dando el Ministerio de Agricultura y Ganadería, para sobreexplotar esos cuerpos de agua y, deja de llegar al manglar afectando al bosque. Antes eran los ganaderos, luego se sumaron los regantes, y ahora también los cañeros. Se están secando nuestros ríos, hemos demandando estas problemáticas ante el Gobierno central y municipal, porque vivimos en el territorio y somos los primeros afectados”, explicó Guardado.
Un muro de silencio y trámites de papeles han sido la respuesta a cambio, agregó Sara, quien consideró que de seguir en esa dinámica del descuaje de los bosques, construcciones en zonas de recarga acuífera o represas que afectan los caudales de los ríos, el país será inviable muy pronto porque también se enfrenta a la crisis que genera el Cambio Climático.
Co Latino/Archivo
La zona de Juayúa se ha visto afectada en su calidad y cantidad en los mantos acuíferos, afirmó Jairo Daniel Martínez Ruiz, del Comité pro Natura, tras denunciar que la empresa Tefex genera un desastre ambiental de alto nivel, cuyo impacto a corto plazo podría originar pérdidas irreversibles en el medio ambiente y, por tanto, en las comunidades aledañas.
“Los estudios de impacto ambiental para estas empresas, tienen algunos espacios que no han sido revisados –y es como oídos sordos- ni el Ministerio de Medio Ambiente, ni Agricultura y Ganadería, ni la Alcaldía de Juayúa, irrespetando la Ley Forestal. Como se hizo antes de la pandemia, con el cerro El Águila, hay ilegalidades en las que se ampararon, son vacíos que nos están generando problemas, porque nos dejan sin herramientas legales, para exigir el cumplimiento de ley o defender los recursos hídricos”, afirmó.
El municipio de Juayúa pese a ostentar una zona de Reserva de Biósfera (Apaneca–Ilamatepec), se ha constatado cinco focos de “deforestación abiertos”, debido al comercio de la madera y por el cultivo de helechos, que son materia prima para la tinta para la manufactura de billetes.
La Emergencia Nacional por la pandemia del COVID-19, que llevó a una cuarentena obligatoria de cinco meses de la población a nivel nacional, fue un elemento que debilitó la lucha de las personas defensoras de derechos ambientales, que ante la prohibición de movilizarse no pudieron confrontar a las empresas que vulneran sus territorios, ya sea con el descuaje de bosques, la contaminación y sobre explotación del agua, así como afectar la biodiversidad, señalaron integrantes de MESAMA y MESUTSO.
La ausencia de la institucionalidad e incumplimiento del marco jurídico ambiental, ha sido la constante, indicó Sandra Dinora Morán, quien denunció la arbitrariedad del alcalde Héctor Antonio Orellana, de Sonzacate, Sonsonate, con la decisión de tomar un terreno de recarga acuífera como cementerio alterno por la pandemia del COVID-19, en la comunidad Los Ritos.
“Lo que estamos viviendo es terrible, mandamos nuestra denuncia al Ministerio de Medio Ambiente, y nos respondieron que el alcalde no tenía base legal para que funcionara ese cementerio. No obstante, el MARN le da treinta días más al alcalde para que presente los papeles, o sea, hasta el 6 de enero. ¿Entonces, y la población que no fue consultada? porque esto afecta el agua que estamos tomando, son ríos que están contaminando. Creemos que este tipo de manejos –bajo de agua- porque el MARN, en lugar de sancionarlo, le alienta para que presente papeles de una ilegalidad, es decir, doblan las leyes. El agua lluvia y de ríos, cae tierras abajo en las comunidades y va, a los mantos acuíferos, porque de allí mismo, saca agua la ANDA, para distribuir en la red de Sonsonate”, indicó.
Foto Diario Co Latino/Archivo
Fue en agosto, cuando la población en las comunidades se percataron de la construcción de las fosas, en donde hay enterradas alrededor de 70 personas por COVID-19, pero no pudieron movilizarse por el claustro de la cuarentena, pese a que la consulta pública era un requerimiento legal, alegó Oscar Mauricio Vides, del caserío Flores Tepas, cantón El Almendro, municipio de Sonzacate.
“Fue el 11 de julio que inauguraron el cementerio y nosotros estábamos aún en cuarentena, pero le dijimos al alcalde Orellana que el terreno era eminentemente agrícola –nos respondió que no le importaba- y solo nos amenazaron de que saliéramos del cementerio. Esa zona es agrícola, porque hay muchos ríos, afluentes y ojos de agua. En ese lugar se cultiva camote, jícama, frijoles y otros cultivos. Además talaron un bosque que estaba en los alrededores, demoliendo todo. Y lo más importante, se puede ver también cómo las tumbas se han hundido, son 50 centímetros hundidos, les echan de nuevo tierra y vuelven a hundirse, porque es una tierra blanda, es tierra agrícola”, sostuvo Vides.
Los Pueblos Indígenas también expresaron sobre las afectaciones de sus territorios. Enrique Carías Morán, del cantón Sisimetepec, Nahuizalco y Nicolás Sánchez, del Movimiento de Tacushcalco, Nahuilingo, en el departamento de Sonsonate, describieron como una embestida la construcción de una represa en el río Sensunapán y la destrucción del sitio ceremonial de Tacushcalco y la contaminación del río Ceniza.
Enrique, quien integra el Comité Indígena para la Defensa de los Bienes Naturales de Nahuizalco, comentó que la lucha en defensa del río Sensunapán lleva 16 años, de las cuales las experiencias han sido diversas y pese a respetar y ceñirse a la ley.
“El punto es que, como comunidades de Nahuizalco nos sentimos afectados porque, el río Sensunapán ya tiene 7 represas y de encajarle la octava, consideramos (…) sería la muerte al río. Además, Sisimetepec, ya tiene una represa en su territorio la Cucumacayán. Y una segunda represa que está, entre Sisimetepec, Pushtan y Anal, que son tres cantones de Nahuizalco, estaríamos hablando que ya hay dos represas más. Y puedo decir que de esas represas, los beneficios a las comunidades no hay nada, y se están quedando con el agua, un bien natural de todos y todas”, reafirmó.
La empresa constructora Fénix ha traído desolación, al municipio de Nahuizalco, indicó Nicolás Sánchez, del Movimiento de Reunificación Indígena de Nauhizalco, al referir que la urbanización Acrópolis, vulneró los derechos culturales y ambientales de los pueblos originarios.
“La empresa destruyó seis manzanas del sitio sagrado de Tacushcalco, para construir 700 viviendas, destruyendo piezas arqueológicas, piezas con significado sagrado para los pueblos indígenas. Insistimos con el Ministerio Cultura, para determinar el daño que la empresa realizó, pero ese ministerio ha sido cómplice de ellos y no nos garantizaron nuestros derechos. Sobre el tema ambiental, la venta de las viviendas trajo aguas negras que caen directamente sin tratamiento al río Ceniza, al darnos cuenta, denunciamos ante el MARN, pero no actuó como es su deber y el juzgado ambiental dio una medidas cautelares para suspender los trabajos, que no fue respetado por la empresa”, manifestó.
Gregorio Ramírez -ambientalista de la UNES- organización que acompaña a las Mesas de Ahuachapán y Sonsonate, consideró que la política pública del actual Gobierno, ha sido priorizar la inversión privada a costa de los derechos de la población, que solo traerá conflicto social por el agua, la tierra, la salud y culturales.
“Es por esto que esta política pública de inversión de priorizar a los privados, de mantener un enfoque de desarrollo de acumulación de riqueza, tiene que cambiar e implementar una política pública ambiental que garantice que los bienes naturales sean para la gente y la protección del ecosistema, un eje central del accionar del Gobierno. Todos los ministerios deberían retomar el tema del medio ambiente, porque solo estos casos en el Occidente del país, muestra la conflictividad que existe en el país, entonces es necesario que tanto las autoridades nacionales como municipales, provean de marcos jurídicos que garanticen la sustentabilidad y el derecho ambiental”, declaró.
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