Luis Arnoldo Colato
La fundación de la triste Guardia Nacional, disuelta por violaciones a los derechos humanos y luego de la firma de la paz, fue adelantada en la administración del ex presidente Araujo para responder a la “…inseguridad patente en lo rural…” (La Gaceta, 12 de marzo de 1895) surgida a partir de la disolución de las tierras comunales y ejidales en febrero 1881, que expropió a colonos y campesinos, quienes respondieron del modo arriba señalado.
El magnicidio cometido contra el señor Araujo en 1913 (autor de la 1ª ley laboral salvadoreña, así como la Ley de Accidentes Laborales en 1911) terminó el experimento inclusivo de los sectores excluidos, cuando ya se contemplaba una primera reforma agraria, lo que derivó en aquella sublevación campesina de enero del 32 y las consecuencias de todos conocidas.
Le siguió la represión militar mantenida hasta finales de los 70, cuando se concluyó ese modelo de control social. El conflicto fue la única opción que la desesperanza dejó a nuestro pueblo y luego del asesinato de Monseñor Romero, represión, desapariciones, fraudes, etcétera.
La llegada de la paz tampoco resolvió la histórica problemática social, reduciéndola a un estado de relativo control, supeditado a la convivencia política de los sectores antagónicos por la negación de la historia, vendiendo el proceso pacificador salvadoreño como exitoso y permitiendo que el conflicto se domesticara con la naciente democracia.
Sin embargo, al no haberse resuelto las causales del conflicto la violencia reaparece en el marco del proceso de ajuste emprendido desde los gobiernos de derecha y orientadas a reducir, incapacitar y desmontar al Estado, redundando en más pobreza mientras concentra la riqueza en el 2% de la población, brindando los espacios para el crecimiento de la inseguridad que asume control de los territorios abandonados por el Estado, estimulada por la impunidad brindada a los violadores de derechos humanos durante el conflicto, fortalecida por la sensación de evasión de la ley, y reforzada por la nulidad del aparato judicial y su escandalosa corrupción.
En ese marco y ya en el presente, no es necesario ostentar un doctorado para saber que el problema es estructural, que se excluye intencionalmente a la ciudadanía de una vida digna, negando garantías que anulan participación, incidencia social y política o educación y salud de calidad, así como seguridad; en cambio consolidando condiciones que garantizan la conflictividad social por lo injusto de ellas pues favorecen solo a las élites, reforzándolas con un canon legal y cultural diseñados para perpetuar tal estado de cosas. En tales condiciones deben imponerse las dinámicas que garanticen transformaciones políticas y económicas, volviendo viable a la sociedad salvadoreña y estableciendo como prioridad el desarrollo ciudadano a través de la debida inversión en áreas claves como la educación y la salud, así como la prevención.
Se ha dicho que la justicia social es un estado ideal de cosas, inalcanzable, imposible, pero ello solo implica que su continua construcción es una obligación presente que garantizará el futuro, y con ello, la superación de esta histórica y desigual condición humana.