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Carlos Girón S.
(Hago un paréntesis en la continuación del tema sobre nuestra “Tierra Hueca”, por la premura de tratar otro que ha generado y sigue generando toda clase de comentarios y condenas tanto a nivel nacional como internacional, sobre los hechos perpetrados el 9 de febrero con el asalto y la ocupación con fuerzas militares de los recintos de la Asamblea Legislativa).
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No quería “meter mi cuchara” poniéndome a comentar los insólitos hechos ocurridos el 9 de febrero pasado en la Asamblea Legislativa, pero considero que -como toda persona de sentimiento cívico y patriótico- me siento obligado a hacerlo, pues ya se sabe que “el que calla, otorga” o aprueba, y lo que se cometió ese 9 de febrero jamás puede ser aprobado, sino, por el contrario, totalmente rechazado y condenado como ha ocurrido por parte de muchos gobiernos a nivel mundial, como lo ha sido también en el ámbito nacional, aunque ciertamente no en todos los sectores.
La causa del estupor mundial ha sido ver a un pelotón de policías y elementos del Ejército, flanqueando al actual presidente de la República, en un claro asalto a la Asamblea Legislativa para amedrentar y presionar a los diputados para que le aprueben un millonario crédito para una fase más de su plan Control Territorial. Tal clase de hechos jamás pueden ser aprobados, sino, por el contrario, totalmente rechazados y condenados, por una razón fundamental: se ha atentado, primero contra nuestra soberanía, la del pueblo; y segundo, una clara violación de la Constitución de la República, que establece una total división y funciones de cada uno de los tres poderes u órganos del Gobierno, y cuando en este caso se ha cometido una patética intromisión e invasión de uno de esos poderes, el Ejecutivo, en otro: el Legislativo.
Fueron estos hechos los que causaron la tremenda estupefacción a nivel mundial con las vistas ofrecidas por los noticieros televisivos nacionales e internacionales, mostrando la penetración grotesca y brutal de una gran cantidad de policía y de elementos de fuerzas del ejército, con armas de combate –como si hubieran ido preparados para una guerra-, comandados todos ellos por el jefe del Ejecutivo, quien al llegar al Salón Azul, ramplonamente se lanzó a usurpar y ocupar el solio del presidente de la Legislativa, hacer sonar el gong y “dar por abierta” una sesión extraordinaria a la cual él había ordenado celebrarse por medio del Consejo de Ministros, para esa fatídica fecha del 9 de febrero. La actitud digna y patriótica de la mayoría de diputados frustró la celebración de la pretendida sesión, pues solo asistieron veinticuatro legisladores, de un total de 84. Los que no llegaron tal vez alcanzaron a intuir los hechos vergonzosos que se producirían. Luego, el presidente del órgano Legislativo, diputado Mario Ponce, con gran dignidad mostró su repulsión por el abuso presidencial mandando a retirar tanto el sillón del presidente como el gong con que se anuncia la apertura de las sesiones. Le faltó mandar a quemar el sillón contaminado.
A lo insólito de la truculenta ocupación armada viene a sumarse lo que dijo el ministro de Defensa: que habían actuado en la manera en que lo hicieron porque él “ha jurado defender a costa de su propia vida el cumplimiento de las órdenes que de el presidente de la República”. Un chiste de pésimo gusto, ridículo, istulte y hasta ofensivo, pues las fuerzas armadas no son para esos propósitos tontos, sino que tienen como único mandato defender la soberanía, del pueblo y la integridad territorial del país, y los derechos del pueblo en su conjunto. Nada más. Por cierto que su dicho para nada se lo cree ni el propio presidente invasor.
El mismo día y otros posteriores los gobiernos de una inmensa mayoría de países del mundo externaron estupefacción y a la vez repudio de la actuación del gobernante salvadoreño. Se sabe que varios jefes de Estado llamaron telefónicamente para externar su preocupación por ese hecho que socava los fundamentos de nuestra aún incipiente democracia.
Luego vino a sumarse a ellos el grupo de doce miembros del Congreso de los Estados Unidos que enviaron una carta al Secretario de Estado, Mike Pompeo, manifestándole “su consternación y preocupación ante la entrada de soldados y policías junto al presidente de la República, a la Asamblea Legislativa”, el domingo 9 de febrero. Y agregaron los congresistas: “Escribimos para expresar nuestra profunda preocupación con respecto a la reciente decisión del presidente salvadoreño de llevar a soldados y policías armados a una reunión de la Asamblea Legislativa del país”, añadiendo que “tales actos flagrantes de intimidación política deben ser recibidos con una rápida y amplia reprensión”, lo que se interpreta como una llamada de atención, un regaño o tirón de orejas, y más. Los congresistas también aludieron a la amenaza hecha por el mandatario de “disolver la Asamblea Legislativa cuando los legisladores cuestionaron su autoridad constitucional”.
Aquí, los congresistas omitieron referirse al otro hecho insólito y grotesco cometido por el presidente: llamar al pueblo a una insurrección (en contra de la Asamblea Legislativa, se entiende), invocando equivocada y torpemente el Art. 87 de la Constitución de la República, que establece ese derecho del soberano a rebelarse contra una autoridad constituida, pero cuando haya una razón justificada –no, nunca, como ahora, que no la había-.
A la denuncia de aquellos congresistas estadounidenses vino a sumarse la exembajadora de aquel mismo país, señora Mari Carmen Aponte quien dijo: “La brutal demostración de fuerza de Bukele violó la Carta Democrática”, y dijo también que “es difícil entender la motivación del presidente de enviar tropas a la Asamblea Legislativa, y que sus acciones representan a “un ejecutivo impaciente, impetuoso e irreverente”.
Sí. Todas las acciones ejecutadas ese nefasto 9 de febrero en nuestro querido país son típicas de alguien con madera de dictador. No vale la pena traer a la memoria casos o nombres de gobernantes que fueron dictadores o tiranos –que es lo mismo- ya sea en nuestro país, en otros vecinos o en otras latitudes, aunque sí han abundado de diferentes colores y de grueso calibre, esto por el valor que tuvieron de mandar a matar a cientos y miles de hombres y mujeres, por diferentes razones, aunque más que todo por ser opositores del régimen que imponían.
Al respecto, veamos cómo se define a los dictadores o tiranos:
Dictadura: “Una dictadura es una forma autoritaria de gobierno, caracterizada por un solo líder o grupo de líderes sin partido o partido débil, poca movilización de masas y pluralismo político limitado”.
Tiranía: “es un término que procede de un vocablo griego que hace referencia al abuso de poder, fuerza o superioridad”. En torno al grave problema ha habido voces -incluido el representante de la Unión Europea para Centro América- instando a buscar el diálogo entre las partes concurrentes en esos hechos. Y uno se puede preguntar: pero, ¿diálogo para qué?, ¿cuáles serían algunos de los puntos que se pondrían sobre el tapete para discutirlos y tratar de llegar a acuerdos? Es difícil pensar y decir cuáles serían esos puntos. Sinceramente creo que no hay ninguno que pueda ser valedero ante hechos tan punibles desde el ángulo que se enfoque.
¿Para qué dialogar si ya se sabe bien que lo que hay que respetar es el estado de Derecho y la Constitución de la República y la dignidad y soberanía del pueblo?
