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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
Ovidio Mauricio González, coordinador de Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández” señaló que la sentencia condenatoria contra el coronel retirado Inocente Orlando Montano, por la masacre de los sacerdotes Jesuitas, es una muestra de un sistema de justicia eficiente y vigoroso, muy alejado de la realidad nacional -de la cual señaló- “parece de juguete, y que puede ser manipulado”, declaró en exclusiva a Diario Co Latino.
-¿Cómo están los procesos en los casos de El Mozote y monseñor Oscar Romero?
Tenemos varios casos simbólicos porque son delitos de Lesa Humanidad, en donde militares participaron en algunos casos, así como Escuadrones de la Muerte, que eran civiles, vinculados por los militares y organizados por el Estado, como ORDEN, entonces para mí, deberían seguirse esos procesos y vamos avanzando.
El caso de El Mozote es un caso ejemplar porque se ha avanzado en las investigaciones y eso demuestra la valentía del juez del caso (Jorge Guzmán) quien incluso, se ha atrevido a decirles en el juicio que las “resoluciones judiciales se acatan, no se discuten”. Ha tenido también sin mucho apoyo por el sistema de justicia.
-¿Cómo está el caso de monseñor Romero?
Este caso no ha avanzado mucho. Primero que se dividió el caso en dos procesos, uno contra el imputado identificado como el capitán Álvaro Saravia, el caso está con una orden de captura y la Policía Nacional Civil no ha investigado, y sabemos que él está cerca del país, pero no hay investigación, ni sabemos si ya enviaron las órdenes de captura.
Y el otro proceso está en manos de la fiscalía, de esta investigación no hay muchos avances, se debe en gran parte, en que son pocos los fiscales asignados a los Derechos Humanos.
El fiscal general (Raúl Melara) debió aumentar el número de fiscales auxiliares, para que avancen en esos casos, porque tenemos abiertos también a la masacre de El Sumpul, La Quesera, el Barrio, que son masacres con delitos de “lesa humanidad”, y que fueron realizados durante el conflicto armado.
Foto Diario Co Latino/Archivo
-¿Qué ocurre con la Fiscalía y esa lentitud?
No se si esa lentitud es adrede o realmente obedece a la falta de personal, que sean pocos los fiscales y que esta entidad debió aumentar los miembros para ese trabajo. Asimismo, lo dijo el exfiscal Douglas Meléndez, que iba a poner a doce nuevos fiscales, pero nunca pasó.
-¿Cuántos fiscales hay en la unidad de derechos humanos?
Son cuatro fiscales y uno de ellos es jefe, entonces, quedan tres, también es justificable, no se les puede achacar a ellos, sino al fiscal general, por no darle el valor que tiene realmente la Unidad de Derechos Humanos. No es falta de presupuesto, para mí deberían dedicarse más fiscales a este tipo de delitos graves que los homicidios. A veces, hasta dedican más tiempo en delitos que llaman de “bagatela”, arremeten con todo contra el autor. Cuando debería ser ese tipo de trabajo en estos delitos que son graves también, que sería más significativo.
-¿Cree que el sistema de justicia se niega a aplicarla?
Hay muchas formas de denegar justicia, por ejemplo, y nosotros no estamos de acuerdo (Tutela), al menos yo no estoy de acuerdo con la Ley Víctimas y Testigos, que se propuso en la Asamblea Legislativa.
-¿Por qué?
Porque, no sanciona con cárcel a los autores, por eso no estoy de acuerdo -y con perdón de muchas organizaciones- que propusieron ese tipo de legislación de quitar la cárcel y dar algunos beneficios para cumplir fuera, cuando en la realidad esas penas accesorias no se cumplen. El caso de intoxicación con plomo en Sitio del Niño, se condenó a tres ingenieros a que hicieran algunas medidas de trabajo comunitario en la zona. Y ahorita, no han realizado ninguna y no sabemos quien revisa esas sanciones.
Y cuando se trata de delitos graves que tocan los derechos humanos, debe tener cárcel, prisión por la gravedad del delito.
-¿Qué expectativas tienen con la revisión de los expedientes oficiales este próximo 21 de septiembre?
Las expectativas (…) es que el Estado, el ministro de la Defensa (René Merino Monroy), permita la búsqueda de pruebas e indicios en los archivos militares, sabemos que hubo movilizaciones de archivos. Nos han dicho, que en la Naval (Fuerza Naval) han llevado algunos archivos. Y esperamos que el juez (Guzmán) decida verificar esos archivos. Son varios grupos de archivos que deben revisarse, que no pueden estar en orden o no estén con el nombre adecuado eso es otra cosa; para eso son los especialistas, ellos harán un diagnóstico de cómo están los archivos y es hacia ese diagnóstico que estaremos pendientes para buscar las pruebas.
-¿Qué otras acciones harán los peritos en archivo?
Si pueden encontrar alguna prueba o no la pueden encontrar, así como decir el tiempo que tendrán que permanecer buscando los documentos. El juez Guzmán ha calculado que comenzando el 21 de septiembre y termina el próximo diciembre, ojalá así sea, para seguir acortando el proceso de investigación, pero no creo que sea así. Y claro si las autoridades permiten buscar en los archivos. Y de no existir archivos, como dijo la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, se pueden reconstruir.
-¿Cómo se reconstruye un archivo?
Bueno, el Ministerio de la Defensa tendría que hacer la reconstrucción que puede hacerse de pruebas satélites, como los informes que rendían los ministros de defensa, en la Asamblea Legislativa, que en ese tiempo pudieron informar sobre tantas incursiones en el territorio y cuántos soldados designaron, o sea, puede reconstruirse. También, hay noticias de periódicos de esa época y de su misma agencia de prensa COPREFA, se puede indagar y reconstruirlo.
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