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Yaneth Estrada
@caricheop
Tras revelar el aumento de embarazos en niñas de 10 a 14 años, debido a la cuarentena domiciliaria obligatoria por la COVID-19, diferentes organizaciones expresaron su preocupación y demandaron al Estado más planes y políticas de prevención.
En un pronunciamiento del procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, José Apolonio Tobar afirmó: “El comportamiento en las cifras de embarazos en niñas y adolescentes en el contexto de la pandemia por COVID-19, sigue presente y no se o ha observado acciones estratégicas contundentes que garanticen entornos seguros para su prevención”.
Asimismo, “no se cuentan con mecanismos eficaces, entre ellos el cumplimiento de la política pública articulada para que los derechos de las niñas y adolescentes sean protegidos. Ante estas situaciones que menoscaban sus derechos fundamentales, de modo que se potencia la existencia de otras amenazas a su integridad tales como: uniones forzadas, infecciones de transmisión sexual y violencia de género”.
Por lo tanto, reiteró su petición para que las instituciones públicas CONNA, FGR, ISDEMU y PNC, “asuman su responsabilidad en la prevención y erradicación de este fenómeno”.
Embarazos en aumento
Según el Sistema de Morbilidad en Línea (SIMMOW), la Red Nacional de Servicios de Salud (MINSAL), en el periodo de enero a junio de 2020, El Salvador registró 250 niñas embarazadas de 10 a 14 años. Mientras que en edades 15 a 19 años se tuvo 6,581 embarazos. Aunque, representantes del MINSAL afirmaron que existen casos no registrados debido a la situación de emergencia sanitaria.
Además, los departamentos con mayor registro son Sonsonate (42), La Libertad (31), San Salvador (27), Ahuachapán (23), La Paz (22) y Santa Ana (20).
Según el Código Penal, en el apartado de delitos por violencia sexual y el artículo 159 establece: “El que tuviere acceso carnal por vía vaginal o anal con menor de quince años de edad o con otra persona aprovechándose de su enajenación mental, de su estado de inconsciencia o de su incapacidad de resistir, será sancionado con prisión de catorce a veinte años”.
Los embarazos en niñas de 10 a 15 años podrían considerarse como un indicio de violaciones sexual en menor incapaz.
Morena Herrera, de La Colectiva Feminista explicó que “esto muestra que esos embarazos son el resultado de abusos, agresiones, de violaciones sexuales en el seno de los hogares, y no hay compromiso institucional para parar esta realidad y nos encontramos en una situación, en la cual las instituciones que se deberían de hacer cargo de proteger a las niñas no lo están haciendo, o sea, el CONNA, el ISDEMU, la FGR y la PNC”.
También, la abogada Marcela Galeas dijo: “La violación en menor o incapaz, artículo 159 de Código Penal, no puede reducirse a estadísticas de Ministerio de Salud (MINSAL), es grave lo que sucede contra nuestras niñas, FGR debe investigar”.
Para ORMUSA, esta realidad muestra la necesidad de abordar la violencia sexual en las políticas de Seguridad Ciudadana para atender esta problemática que es normalizada por el Estado.
